Fiscalía citará a dueños de avioneta que llegó con coca a Providencia

En los próximos días, los empresarios Fernando Escovar y Miguel Jaramillo –esposo de la actriz Alejandra Azcárate– tendrán que presentarse a la Fiscalía Seccional 41, de Cartagena.

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Wiliams Alfonso Mendoza, encargado de ese despacho, quiere oír todo lo que saben sobre los antecedentes del narcovuelo que llevó a Providencia 446 kilos de cocaína, el pasado 23 de mayo. La avioneta usada –de matrícula N722KR– está ligada a Interandes Helicópteros S. A. S., en la que figuran como socios fundadores Escovar y Jaramillo, aunque este último vendió su parte desde enero.

Si bien ambos se pusieron a disposición de Mendoza luego de la incautación, el fiscal les hizo saber a sus abogados que prefería recoger evidencia conducente y escuchar primero a otros involucrados, antes de sentarlos en entrevista.

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En efecto, EL TIEMPO estableció que los representantes de Aeroenlace, el hangar en el aeropuerto de Guaymaral desde donde salió el vuelo, ya fueron escuchados, así como personal de turno en el aeródromo, en donde se violaron normas de seguridad que permitieron la salida del alijo.

Y si bien tanto el piloto, Juan Camilo Cadena, como su asistente, Harold Rivera, aseguraron que fueron engañados, este diario supo que se indagan al menos tres cartas de falsas de fundaciones que, así como pasó con el caso de Providencia, pedían vuelos humanitarios con ayudas para la isla.

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De hecho, Cadena y Rivera decidieron cambiar el abogado, que se opuso a que la empresa Interandes Helicópteros S. A. S. fuera aceptada como víctima provisional dentro del caso y que dijo que sus clientes no aceptaban cargos.

De manera paralela, EL TIEMPO estableció que bajo el argumento de que se va a dedicar a limpiar su nombre, Miguel Jaramillo renunció a la presidencia de la Asociación de Pilotos y Propietarios de Aviones (Aopa).

Se trata de un gremio que solo en Colombia agrupa a 200 pilotos privados (un 35 por ciento del total), entre ellos un exviceministro, dueños de escuelas de aviación, representantes de los aeroclubes de Colombia, del Pacífico y de la Montaña, además de empresarios del sector.

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En una junta extraordinaria, dos días después de la incautación, Jaramillo les contó lo ocurrido y dijo que no quería afectar a la asociación. Sin embargo, voceros de Aopa accedieron a hablar con EL TIEMPO sobre la gestión que Jaramillo realizó, ahora bajo la lupa.

La razón: la agencia de periodismo API reveló una acción popular (de 2011) con la que Jaramillo buscó modificar el trámite para obtener el certificado de carencia de antecedentes por tráfico de estupefacientes, entre otras normas antinarcóticos.

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Según la publicación, la Dirección de Estupefacientes, la Aerocivil, la Dimar y la Procuraduría coincidieron en que el uso de la acción popular era erróneo. Además, que no procedía modificar el certificado y que la normatividad que se pretendía revisar buscaba prevenir el tráfico de estupefacientes en aeronaves privadas.

Voceros de la Aopa le dijeron a EL TIEMPO que el trabajo que realizó Jaramillo “está dentro del marco de la gestión gremial y tenía el aval de la junta”.

Y sobre la acción popular explicaron que “el objetivo no era eliminar el control, sino simplificar el trámite”.

De hecho, explicaron que gracias a reuniones con diferentes autoridades, el Gobierno terminó acogiendo su solicitud en el Decreto Ley 019 de 2012, conocido como ley antitrámites.

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Y accedieron a compartir parcialmente un acta del 19 de noviembre de 2011 en donde la junta directiva expresó su interés en que se impulsara esa modificación, así como la eliminación de sellos adhesivos de identificación de aeronaves para control antinarcótico.

EL TIEMPO revisó el acta y allí queda establecido que la iniciativa para la modificación de los certificados fue del propio Jaramillo: “Aprovechando la iniciativa de Miguel Jaramillo, a quien agradezco su investigación, hemos asistido a varias reuniones (...) para proponer alternativas de la exigencia del certificado en múltiples trámites (...) El sentir general es que este certificado dejó de cumplir con los objetivos que se le asignaron originalmente, se volvió inmanejable para las autoridades de vigilancia y control y está causando graves perjuicios a los s legales de la aviación general”.

Y también se da instrucciones para continuar intentando derogar las normas sobre sellos antinarcóticos.

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Incluso, EL TIEMPO estableció que ya como presidente de la Aopa, Jaramillo le dio instrucciones, en 2019, a una abogada externa para que solicitara ante el Ministerio de Defensa la revocatoria de la Resolución n.º 01613 del 8 de abril de 2016, “por la cual se reglamenta la inspección de aeronaves, la implementación de los sellos adherentes, la constancia de identificación expedida por la Dirección de Antinarcóticos”.

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Sin embargo, la Aopa dice que la gestión de Jaramillo ha tenido resultados en otros trámites, como aceptar presentar los planes de vuelo vía internet, eliminar una circular de la FAC que obligaba a los pilotos privados a pedirle permiso para pernoctar, y suprimir algunos cobros que les hacían en algunos aeropuertos. Además, la Aopa es enfática en que si bien el narcotráfico ha permeado a muchos sectores, la mafia usa en su mayoría aeronaves ilegales o ‘gemeliadas’ para mover droga. Por eso, lamentan lo que le pasó a Jaramillo.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO) 

Y aseguran que los trámites que han logrado e intentado remover redundan únicamente en la seguridad aérea y que las autoridades tienen vigentes otros controles a los que los pilotos y empresas privadas son sometidos.

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