La doble vida de ‘Falcón’, el señalado capo en la mira de la DEA

La pequeña élite paisa, que cada 15 días sale con sus Ferraris, Mustang y McLaren a rodar por Llano Grande (Antioquia), está desconcertada. Algunos no saben si el empresario Juan José Valencia Zuluaga, su coequipero y amigo, es un poderoso narcotraficante ‘invisible’, como lo señala la Fiscalía, o la víctima de un malentendido judicial, como sus allegados lo han hecho saber.

Con apenas 39 años, Valencia había logrado amasar una importante fortuna y fama. Andaba con un séquito de 15 escoltas, con armas cortas y de largo alcance, incluidas subametralladoras Colt calibre 9 mm.

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Y en papeles le figuran desde inversiones en una lechería, una agrícola y una empresa de recolección de desechos hospitalarios hasta ambiciosos proyectos inmobiliarios, ligados a dos constructoras, incluida la exclusiva torre, con apartamentos de 380 metros cuadrados.

Pero, ahora, también le aparece un proceso por concierto para delinquir agravado, ligado al narcotráfico, que le costó la libertad el pasado 7 de mayo.

Ese viernes, mientras celebraba a lo grande el cumpleaños de dos familiares, fue capturado en su megahacienda en Rionegro, donde acostumbraba ir a rematar las jornadas con varios de los dueños de Ferraris, incluido un famoso cantante.

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Ahora es señalado de tener una especie de doble vida y de ser, a la vez, el hombre de confianza y brazo financiero de ‘Otoniel’, jefe de la poderosa estructura mafiosa del ‘clan del Golfo’.

EL TIEMPO investigó a Valencia y encontró desde sus nexos con el escándalo de ‘venta’ de salvoconductos en la Cuarta Brigada hasta su particular cambio de nombre y una tutela contra la Policía de Cartagena.

Según agentes antimafia, Valencia estaba en la mira, desde 2019, por presuntamente mover grandes cantidades de cocaína bajo los alias de ‘Andrea’, ‘Andreína’ y/o ‘Falcón’.

“El último alias se lo ganó porque los cargamentos que sacaban a su nombre hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa llevaban su sello propio: un halcón”, dijo un investigador.

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Y así lo repitió Yanabi Silva, fiscal 26 de Medellín, en la accidentada audiencia de imputación, en la que se intentaron colar un par de abogados para acceder a los datos que estaban revelando.

“Usted, señor Juan José, es la persona encargada de coordinar o dirigir el recibimiento u obtención de sustancia ilícita para posteriormente ser enviada mediante containers a Cartagena y embarcarla en diferentes búnkeres que la transportan, coordinando incluso su desembarque y entrega final”, le dijo la fiscal Silva. Y agregó que esa actividad le produce al ‘clan del Golfo’ entre 5.000 y 10.000 millones de pesos al mes.

Incluso, acusó a Valencia de cobrar ‘vacunas’ a otras organizaciones criminales por el uso de puertos en la zona Caribe: “Comprenden Turbaco, María la Baja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Carmen de Bolívar, Zambrano y Magangué. Y cuenta con 183 integrantes; 15 armados y 168 encargados de actividades focalizadas de narcotráfico”.

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EL TIEMPO rastreó los bienes de Valencia y los encontró en al menos media decena de firmas en las que aparece como accionista mayoritario, inversor o directivo.

Figura en las constructoras Acyonex SAS y Zambia Natural SAS, la empresa de recolección de desechos tóxicos Global D.H. SAS, la lechera San Ángel y la Agrícola Palmares SAS. Esta última saltó de Buenaventura a Buena Vista, Córdoba.

Allegados aseguran que ese holding legal es prueba de que es un próspero inversionista. Y agregan que 10 de los 14 carros de alta gama que le incautaron están ligados a esas firmas: “Cuatro aparecen a nombre de empresarios que se los dejaron a guardar después del último recorrido y que ahora intentan que la Fiscalía se los devuelvan”.

Uno de los Ferraris es del dueño de una constructora y compraventa de carros, en Chía, quien no respondió las llamadas de EL TIEMPO. Pero conocidos de Valencia iten que empezaron a sospechar que algo no marchaba bien, desde 2019.

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En julio de ese año, su foto y nombre aparecieron en el cartel de los más buscados por la Policía de Cartagena.

Valencia disipó las sospechas contratando a una reputada oficina de abogados, para obligar a desmontar la imagen. De hecho, aunque el general Henry Sanabria, entonces comandante en Cartagena, advirtió que el de la foto era alias Edwin la Arrocera, tras una tutela tuvo que retirarla.

Este diario indagó el episodio y encontró que en el cartel, Valencia fue relacionado con otro nombre.

En bases de datos oficiales, su cédula aparece a nombre de Juan David Valencia, denunciado por violencia intrafamiliar (en Caldas) y estafa en menor cuantía (en Medellín). Un familiar explicó que Valencia se cambió el nombre en 2017 (conservando los apellidos), argumentando que todos le decían Juan José, como su papá. Y de paso dijo que todas las armas de Valencia están en regla, según constancia de la Cuarta Brigada.

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De hecho, EL TIEMPO halló su nombre en el escándalo que, en 2019, estalló en esa sede militar, relacionado con supuestas exigencias de dinero a cambio de permisos para porte de armas.

En ese episodio salió a relucir el nombre del general Jorge Romero, hoy procesado por esa y por otras conductas de las que se declara inocente. Pero Valencia atribuye parte de sus líos legales a este caso, en el que dice ser testigo ante la Corte Suprema de Justicia.

Con el argumento de que él es uno de los empresarios que denunció las exigencias de dinero para obtener salvoconductos, le pidió a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad montar su esquema de protección a nombre de Acyonex SAS y a cargo de un coronel (r).

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En enero de 2019 obtuvo la autorización. Pero cuando pidió la ampliación del armamento, denunció que estaba siendo extorsionado.

Y de nuevo elevó denuncia ante la Fiscalía, diciendo que un sujeto que decía ser funcionario de la Superintendencia le pedía 700 millones de pesos para dejarlo incluir un arma específica; además, que extrañamente ya le habían negado el blindaje de un carro.

Hoy, Valencia permanece en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí mientras sus abogados intentan tumbar tanto la captura como la medida de aseguramiento.

Además, de insistir de que se trata de un “empresario de bien”, argumentan que en el registro y allanamiento en el que lo capturaron se violentaron derechos de varios menores de edad.

Y que no había ningún sustento material para solicitar el operativo, ya que la fuente no formal que entregó los datos –la pareja de un capo– no es válida.

Sobre la medida de aseguramiento, señalan que no hay inferencia razonable para concluir que incurrió en los delitos que se le imputan. Además, señalan que la Fiscalía no la sustentó.

Pero EL TIEMPO supo que en el allanamiento se encontraron documentos del Ejército que la Fiscalía calificó de reservados y que usó como argumento de que Valencia puede interferir en la investigación. Y también se le encontró el organigrama de la subestructura ‘Héroes del Caribe’ del ‘clan del Golfo’, que para sus abogados es información pública.

El pasado miércoles estaba programada la audiencia para resolver las apelaciones, pero se aplazó y aún no hay una nueva fecha.

En todo caso, personas cercanas al proceso aseguran que la Fiscalía de Colombia no le imputó narcotráfico, para no atravesársele a indagaciones que adelanta la DEA, cuyos agentes en Colombia andan documentando el caso ‘Falcón’.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

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