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La demanda de la mamá del mininterior a la Nación
Se ordenó incluirla entre notarios elegibles. Agencia de Defensa del Estado presentó recurso.
Piedad Rocío Martínez ha ejercido su propia defensa. Foto: Archivo particular
Piedad Rocío Martínez Martínez es una abogada muy conocida en los círculos notariales del país. En 2006, Álvaro Uribe la nombró notaria quinta interina del círculo de Bogotá y ya venía de ser notaria Tercera de Valledupar.
De hecho, para optar por un despacho en la capital, en calidad de titular, ese mismo año Martínez participó en el concurso público que se abrió para sacar una lista de elegibles; y ocupó el puesto 88.
Este es fallo a favor de Rocío Martínez del Tribunal istrativo de Cundinamarca. Foto:EL TIEMPO
Y aunque, tras perder el concurso, se le negó un recurso en el que pedía revisar resultados, la abogada optó por interponer una demanda, con indemnización incluida, que ya completa 13 años y que llegó al Consejo de Estado.
Incluso, Martínez –cuyo esposo es el notario 29 de Bogotá– ya tiene un fallo a su favor. Y está pendiente de una decisión de fondo en ese alto tribunal, dentro de un caso que podría abrir la puerta a una indemnización por 5.000 millones de pesos.
La JEP le dio a la Supernotariado 10 días hábiles para presentar informe detallado sobre bienes de las Farc. Foto:Juan Manuel Vargas / Archivo EL TIEMPO
Del puesto 88 al 10
La demanda se interpuso contra la Supernotariado, el Consejo Superior de la Carrera Notarial y las carteras de Interior y de Justicia. Por eso, a las cuatro les notifican todas las decisiones.
EL TIEMPO estableció que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) tuvo que intervenir en el caso porque la Supernotariado no interpuso una apelación clave.
Según consta en el expediente del Consejo de Estado, la demanda se interpuso contra la Superintendencia de Notariado, el Consejo Superior de la Carrera Notarial y las carteras de Interior y de Justicia. Por eso, a las cuatro les notifican todas las decisiones.
Ese dato llama la atención porque Daniel Palacios Martínez, el actual titular del Interior, es hijo de la demandante.
Este es el recurso de súplica interpuesto por la Agencia de Defensa Judicial del Estado. Foto:EL TIEMPO
Pero el ministro le explicó a EL TIEMPO que si bien la cartera a su cargo recibe las notificaciones, no tiene nada que ver con ese proceso. Y recordó que luego de la escisión del Ministerio del Interior, que dio vida al de Justicia, los roles vinculados con la carrera notarial y con la superintendencia del ramo quedaron a cargo de este último. Y envió soportes.
De paso recordó que el proceso data de 2008 y él se posesionó en diciembre de2020.
EL TIEMPO revisó el expediente y en este consta que, el 30 de agosto de 2018, el Tribunal istrativo de Cundinamarca declaró la nulidad parcial del Acuerdo 142 de 2008, que integró la lista de notarios elegibles, en donde Piedad Martínez no aparecía.
El fallo a favor
Y ordenó que el puntaje asignado la ubicara en el puesto 10 de elegibles, remitiendo su nombre al Gobierno para proceder a su designación como notaria.
La abogada Martínez alegó que las pruebas de conocimiento registraron fallas porque tres preguntas no tenían respuestas válidas; y 10 preguntas tenían más de una respuesta. Por eso, pidió la nulidad del acuerdo, en lo concerniente a su participación, y el restablecimiento del derecho.
La abogada Martínez alegó que las pruebas de conocimiento registraron fallas porque tres preguntas no tenían respuestas válidas
La Superintendencia argumentó que la acción interpuesta era extemporánea. Además, que no era viable dejar sin efecto –así fuera parcialmente– el Acuerdo 142, si seguían en firme los que fijaron las calificaciones del concurso.
Pero el Tribunal no solo le dio la razón a Martínez sino que ordenó indemnizarla: “Se reconocerá y pagará un valor equivalente a la remuneración que hubiera recibido por la prestación del servicio notarial cuando debió ser nombrada y posesionada, por el término de 24 meses”.
Cuando el fallo iba a quedar en firme, la Andje intervino y pidió revisión del Consejo de Estado.
La Agencia de Defensa planteó una ineptitud de la demanda, se hicieron observaciones a un dictamen pericial y se solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda.
“En atención a que la Superintendencia de Notariado y Registro no presentó recurso de apelación, se solicitó el grado jurisdiccional de consulta al Consejo de Estado. El 26 de mayo de 2020, la Agencia planteó una ineptitud de la demanda, se hicieron observaciones a un dictamen pericial y se solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda”, le dijeron a EL TIEMPO en la Andje.
Sin embargo, el pasado 6 de agosto, el Consejo de Estado negó esa solicitud, argumentando que no procedía cuando se trata de un litigio laboral.
Pero para la Agencia es claro que la relación de los notarios y el Estado no es de índole laboral. Por eso, le advirtió a la Superintendencia de Notariado que procedía el recurso de súplica que ambas entidades presentaron el 11 de agosto pasado.
Por ese motivo, señaló la Agencia, “es inválido sostener que un acto istrativo tocante a un concurso de méritos es de carácter laboral, cuando no es expedido en ejercicio de una función istrativa de índole laboral y ni siquiera decide sobre materias propias o conexas a una relación laboral”.
Sin embargo, fuentes cercanas a Martínez le dijeron a EL TIEMPO que en reciente reunión con la Superintendencia de Notariado, la abogada ofreció renunciar a cualquier indemnización y que se le nombre en una notaría: sería la 24, cuyo titular falleció.
La oferta está sobre la mesa y, al respecto, la Agencia informó que no fue notificada ni invitada a ninguna conciliación, y que se sostiene en su postura jurídica.
Esta semana será clave para saber qué va a pasar con este proceso que completa 13 años.