Exigen a la Policía que explique rastreo de datos en redes sociales

La Procuraduría decidió vigilar de cerca el proceso con el que la Policía busca adquirir un polémico sistema de ciberinteligencia con capacidad de hacer rastreos en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea.

EL TIEMPO accedió a un oficio de 4 páginas en el que el Ministerio Público le realiza varios requerimientos a la institución, relacionados con la necesidad de acceder a este tipo de tecnología y con los controles que se van a ejecutar para evitar posibles usos irregulares.

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La Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) abrió una licitación por 4.498 millones de pesos para adquirir el sistema y lo justificó en la necesidad de implementar nuevas herramientas para combatir la criminalidad que encuentra en el ciberespacio un lugar para camuflarse. Incluso, ha dicho que se requiere para ejecutar medidas preventivas en materia de oren público y que todo se hará con base en información pública.

Pero, de entrada, la Procuraduría le pide explicar por qué se requiere con esos efectos hacer “seguimiento de tendencias mediáticas en redes sociales”. Además, conmina a la Policía a informar los criterios con los que se hará uso de la herramienta crawlers, que permite analizar documentos de sitios web y crear bases de datos.

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“¿Cuáles serán los criterios a utilizar por la Dipol para determinar sobre qué sitios web recolectarán información?; ¿quiénes tendrán s a dichas bases de datos y con qué fundamento legal?; ¿cuál será el tratamiento de los datos personales y su uso en el sistema de ciberinteligencia?”, son algunas de las explicaciones que pide la Procuraduría.

Entre los requisitos que exige la Dipol en la licitación, que cierra una de sus fases en la noche de este jueves, está la capacidad para que el sistema pueda realizar análisis de temas y de discursos, así como -entre otras cosas- la verificación sobre interacciones de los s y hasta su ubicación en tiempo real.

Para el Ministerio Público, la Dipol tiene que explicar las bases técnicas y jurídicas que la llevaron a requerir este tipo de características tecnológicas, lo que implica determinar bajo qué parámetros -incluso legales- se hacen estos análisis en el ciberespacio. De hecho, pide claridad sobre qué pasará cuando la información recolectada sea personal o privada.

Este punto es clave, porque el país aún aguarda los resultados de las investigaciones que se abrieron a nivel disciplinario y penal por el espionaje ilegal y los perfilamientos irregulares que se realizaron desde guarniciones militares a periodistas, políticos de oposición y exoficiales. Si bien esto no se toca en el oficio de forma explícita, la preocupación de que un capítulo así se abra en la Policía sí se ha ventilado.

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Finalmente, la Procuraduría le pidió la Dipol que explique por qué y bajo qué parámetros legales se está arrogando este tipo de funciones de vigilancia al ciberespacio, cuando el documento Conpes 3845 es claro en indicar que estas actividades de ciberseguridad y ciberdefensa son del resorte del Centro Cibernético Policial y no de la Dirección de Inteligencia.

“¿Cómo la Dipol garantizará la privacidad y la libertad de expresión en aquellos escenarios en los cuales decida realizar seguimientos por posibles amenazas contra la ciberseguridad y la ciberdensa del país?; ¿cuál es la justificación para que la Dipol recolecte daros personales de s de redes sociales, especialmente de aquellos con mayor notoriedad e influencia?”, son otras de las preguntas que la Policía fue conminada a responder.

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En la misiva, firmada por la procuradora Delegada para la Función Pública, Liliana Caballero, y dirigida al director de la Dipol, general Jesús Alejandro Barrera, se advierte que las respuestas deben ser enviadas a más tardar el próximo martes.