Terrorismo, hampa y cocaína: Cúcuta está bajo amenaza

Cerca de 20 minutos. Se calcula que ese fue el tiempo que tuvieron los francotiradores para aproximarse al aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta y disparar contra el helicóptero Black Hawk UH-60, en el que se movilizaba el presidente Iván Duque, el viernes 25 de junio.

Milicianos del Eln, que se atrincheran cerca del convulsionado municipio de Sardinata, habrían avisado que el mandatario estaba en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes –entregando cifras sobre inversión estatal en la región– y que salía rumbo a Cúcuta.

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Sin embargo, se indaga una posible filtración de datos reservados del Plan Escudo que protegía al mandatario, y que permitió a los delincuentes saber a cuál de las seis aeronaves impactar con fusiles Fal y AK-47.

De hecho, EL TIEMPO estableció que contrainteligencia del Ejército le sigue la pista a otra posible infiltración, pero en la Brigada 30 de Cúcuta, en donde el 15 de junio estallaron 30 kilos de pentrita en un carro bomba. Ya han recogido testimonios de al menos dos uniformados que fueron tentados para negociar armas y permitir ingresos a la base militar.

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Dos hechos de semejante magnitud en un mismo lugar y en menos de 10 días no dejan duda de la grave situación de orden público que atraviesa la fronteriza capital de Norte de Santander –con impacto nacional e internacional–; y de los alcances de los criminales que actúan en sus 1.119 kilómetros cuadrados.

Autoridades locales, incluido su alcalde, Jairo Yáñez (Alianza Verde), dicen que ya son 12 organizaciones las que hacen presencia en su zona urbana y metropolitana, incluidas Eln y disidencias de las ex- Farc, presuntas autoras del bombazo y del atentado.

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“Esos dos hechos son el resultado del deterioro social, producto del narcotráfico. Cúcuta no solo es de las zonas más críticas de Colombia, sino de América Latina”, ite Yáñez.

Y Jorge Mantilla, confundador de Border Lab/ Laboratorio de Frontera, agrega que ese deterioro, también en seguridad, cubre la zona de frontera y todo Norte de Santander, incluido el Catatumbo: “Es el resultado de la consolidación de grupos de crimen organizado, que tiene como punto de partida el cierre de frontera, en 2015”.

En la zona también hacen presencia violentas bandas delincuenciales venezolanas, como el ‘Tren de Aragua’, que compite de tú a tú –con granadas y balaceras a pleno día– por el control del hampa.

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Sus cabecillas se mueven incluso por La Guajira y Soacha (Cundinamarca), con cédulas colombianas que comercializan mafias desde Ábrego y Sardinata. En zona rural de este último municipio, desde donde Duque despegó, se desmontó en enero un narcolaboratorio del Eln, avaluado en cerca de 2 millones de dólares, que deja ver la dimensión del negocio.

De hecho, desde hace varios años y gobiernos, el 90 por ciento de la coca del Catatumbo sale hacia Venezuela.

Allí, mafias internacionales (incluidos capos mexicanos, turcos e italianos) la envían a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. El resto es de consumo interno, agravando la crisis social del país.

Oficiales de inteligencia calculan que los elenos y las disidencias de las ex-Farc, sumados a reductos del Epl, el ‘clan del Golfo’, las Autodefensas Gaitanistas, ‘los Canelones’ y ‘los Rastrojos’, suman 4.500 hombres armados en ese departamento (ver nota abajo).

Y en esas cuentas no entran bandas satélites, como ‘la Línea’ y ‘la Frontera’, organizaciones colombo-venezolanas al servicio de ‘los Rastrojos’, responsable de al menos 14 asesinatos selectivos en la frontera.

“La situación está desbordada. Varios de estos grupos ya los tenemos en la ciudad. ‘Prácticamente estamos rodeados y la falta de oportunidades es el mejor caldo de cultivo”, asegura Jaime Marthey, defensor regional del Pueblo.

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Se refiere a que Cúcuta completa 5 años entre las ciudades con mayor desempleo en el país y 6 con la frontera (al menos la legal) sellada. Entre enero y marzo de este año, le quitó el primer puesto de desocupación a Quibdó.

Y si bien el Dane acaba de revelar que –con una tasa del 19, 6 por ciento– bajó al quinto lugar, tiene la mayor informalidad laboral del país: un 69, 1 por ciento.

Y la tasa de pobreza extrema se duplicó durante la pandemia: pasó del 10 por ciento en 2019 al 20 por ciento, en 2020.

A mediodía, en el centro de la ciudad, a casi 30 grados de temperatura, esas cifras se convierten en cientos de puestos de venta de calzado y ropa, olor a fritos y a comida callejera y casetas que comercializan celulares, tinto y artículos varios.

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Pero estos se mezclan con expendios de microtráfico, tráfico de gasolina y decenas de delitos adicionales, incluido el de trata de personas para prostitución, tráfico de armas y hasta venta de bebés venezolanos.

El año pasado, en pleno confinamiento, se contabilizaron 257 asesinatos en Cúcuta y su área metropolitana, la mayoría por ajuste de cuentas. Se trata de la cifra más alta, en los últimos 7 años. Pero puede ser superada si se tiene en cuenta que entre enero y junio de este año ya van 145 homicidios.

“A pesar de sus estrategias, la Alcaldía no ha podido garantizar la seguridad de los cucuteños. Es una olla a punto de estallar y los grandes traslados sociales ponen mayor presión. La migración trae más desempleo e inseguridad”, dice el personero Yesid Blanco.

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La secretaría de Fronteras de la Gobernación calcula que en el área metropolitana hay más de 150.000 venezolanos –que se mimetizan con el millón de habitantes–, muchos de ellos a merced de reclutadores que se los llevan al Catatumbo.

“El nivel de interdependencia entre Cúcuta y Catatumbo es alto. Todo lo que pase en un lado influye en el otro y la presencia del Estado es débil”, asegura Mario Zambrano, vocero de ‘Cúcuta Cómo Vamos’.

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Y Mantilla, de Border Lab, añade que la presencia de venezolanos supone un contexto de vulnerabilidad y mano de obra disponible para la delincuencia.

A menos de 6 horas de la capital, por carretera, esa región acumula más de 40.000 narcohectáreas, según cifras de 2019, convirtiendo a Norte de Santander en el mayor productor de coca, por encima de Nariño.

De hecho, EL TIEMPO estableció que, un día antes del viaje del presidente Duque y su comitiva a Sardinata, el embajador de Estados Unidos, Philip S. Goldberg, le anticipó los resultados de una nueva medición de narcocultivos en Colombia.

Según la Casa Blanca, de 212.000 hectáreas en 2019 se saltó a 245.000 en 2020; una cifra alarmante, así riña con la del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, que 20 días atrás habló de 143.000 hectáreas.

“Sardinata, Tumaco (Nariño) y Cáceres (Antioquia) están priorizados por Colombia y por Estados Unidos en la lucha conjunta contra las drogas”, dijo una fuente oficial cuando se indagó sobre la agenda de Duque el día del atentado.

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Ese viaje se coordinó desde la Consejería para la Estabilización y Consolidación, en medio de la estrategia ‘Catatumbo Sostenible’ que ya ha inyectado importantes recursos.

“Entre proyectos concluidos, en ejecución y por contratar, son 6,5 billones de pesos: la inversión más grande hecha por gobierno alguno en este departamento, y solo la región del Catatumbo va a tener 1 billón de pesos”, dijo Duque antes del atentado (Ver nota abajo).

Y el día que estalló el carro bomba en la Brigada 30, el Departamento de Estado señaló que “algunos militares estadounidenses estaban en la base realizando entrenamiento con una unidad colombiana”.

(En contexto: Disidencias de las Farc duplican su número de hombres en solo 12 meses).

Los duros golpes que –con apoyo de agencias federales– se les han asestado a las bandas criminales que controlan el narcotráfico en la región, serían la causa del atentado a Duque y a la Brigada.

Así mismo, las órdenes de extradición contra 14 jefes narcotraficantes del Eln, guerrilla que acaba de recomponer su cúpula, fortaleciendo el ala militar.

Entre el 2020 y lo corrido del 2021, la ‘Operación Esparta’, de Policía y Ejército, ya deja un centenar de capturas de fichas del Eln, ‘los Rastrojos’, ‘clan del Golfo’ y ‘los Pelusos’; y 30 laboratorios destruidos.

Aún así, el negocio es tan lucrativo, que hay coca y laboratorios hasta en las goteras de Cúcuta, cuyas autoridades lamentan que ni la capital ni su área metropolitana estén incluidos en los municipios priorizados.

La Conquista, el barrio ubicado a un kilómetro largo del aeropuerto de Cúcuta, en donde aparecieron los dos fusiles usados en el atentado contra Duque, son parte del cinturón en el que están asentados milicianos, líderes y lugartenientes de los grupos criminales que se disputan las economías ilegales.

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Voceros de la Federación Comunal de la Ciudad de Cúcuta aseguraron que es normal ver en algunos barrios a gente con pistolas, revólveres y hasta con miniuzis: “Parte de las comunas 6 (donde queda La Conquista), 7 y 8 son el anillo occidental y es donde emergen las bandas, el Eln y las disidencias. Es un territorio prácticamente de nadie”.

Y alertan sobre una especie de fenómeno de paramilitarismo urbano: “A nuestros barrios están llegando lo que llamamos ‘celadores informales’. Ese tema es una locura”.

Son hombres que visten de negro y salen de noche con un pito (y algunos con armas), para luego extorsionar a las familias pidiendo ‘aportes de entre 5.000 y 10.000 pesos’ por cuidar.

A pesar de las críticas, el alcalde Yáñez también ha desplegado programas para reactivar la economía y combatir la delincuencia, en coordinación con Policía y Ejército. Parte de los esfuerzos se concentran en límites con Venezuela.

“La frontera, cerrada con contenedores –simulando un muro de Berlín–, es una oportunidades para grupos criminales que cobran por cargas y personas, se vuelven autoridad ‘aduanera’ y ponen sus propias reglas. Hay al menos 9 grupos criminales en la zona y todo pasa por ahí”, dice Víctor Bautista, secretario de fronteras de la Gobernación.

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La buena noticia es que, desde 2020, se han realizado 15 reuniones con autoridades del estado Táchira en busca de una estabilidad regional y de una Comisión Permanente Transfronteriza de Trabajo.

“Es un reto para el Estado regular la frontera. Mientras no logremos combatir los flujos ilegales, estamos en el peor de los escenarios. Hay trochas que generan mil millones de pesos mensuales”, agrega Bautista.

El alcalde Yáñez añade que se requiere un plan de reconversión social, económica y ambiental para combatir a las plagas que azotan su ciudad, empezando por el narcotráfico y la pobreza. Pero incluye a Venezuela: “Es un vecino que políticamente permite que grupos delincuenciales vivan allí y transiten por la frontera”.

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Y advierte que el control efectivo de la delincuencia les corresponde al Ejército y a la Policía, a través de planes coordinados con la Brigada 30, con quienes realiza consejos de seguridad casi permanentes.

“Además de esas medidas, también necesitamos un diálogo social, histórico y reconstructivo”, dice el mandatario (ver recuadro abajo).

Por ahora, Cúcuta permanece bajo amenaza.

Para Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta, los dos atentados que han sacudido a su ciudad son consecuencia del deterioro social generado por el narcotráfico: “No menos de 12 grupos delincuenciales, de los más grandes del mundo, trafican a través de Venezuela sin control, pasando por la frontera.

La otra plaga es la pobreza. Aunque el Gobierno ha destinado casi $ 800.000 millones al Catatumbo y municipios Pdet, Cúcuta no quedó incluido y nuestros proyectos valen cerca de $ 500.000 millones”.

A pesar de la situación, le apuesta a que a finales de 2023 se hayan erradicado 350 narcohectáreas de manera voluntaria. En cuanto a la alta tasa de homicidios, advierte que el 95 por ciento son en zona rural. Pero ite que Cúcuta es de las ciudades más críticas, no solo de Colombia sino de Latinoamérica: “La vida de las personas está (especialmente en zona rural) mezclada con intereses de los 12 grupos delincuenciales. El joven que no va a raspar coca, lo bajan; el que no se mete en ese monstruo, atentan contra él y su familia”.

En cuanto a las críticas sobre su gestión, recuerda que algunos organismos de control, sobre todo municipales, están en manos de la oposición. “Todo lo que estamos haciendo está sobre la mesa, pero genera preocupación que dos ‘ías’ (Personería y Contraloría) estén en manos de quienes gobernaban hace años y ahora critican sin pruebas”.

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Desde hace varios años, el Catatumbo concentra buena parte de la problemática que se refleja en las calles de Cúcuta, en la frontera con Venezuela y que impacta a todo el país.

Por eso, según cifras de la istración Duque, esa zona se está irrigando con más de un billón de pesos para programas de inversión, sustitución de cultivos, atención de emergencias y planes de desarrollo con enfoque territorial (Pdet), entre otros frentes.

Emilio Archila, consejero para la Estabilización y Consolidación, ha enfocado esfuerzos en 8 de los 40 municipios del departamento: Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorema y Tibú.

Y para atender a víctimas se han comprometidos más de 198.000 millones de pesos de 221.000 millones que se destinaron en 2020. Han estado dirigidos a 94.900 personas, más de la mitad de la población de esos municipios.

En cuanto a reparación de víctimas se han pagado indemnizaciones por más de 23.000 millones de pesos a 1.252 personas. El programa de sustitución de cultivos ha beneficiado a 2.980 familias, con una inversión de 27.000 millones de pesos. Hasta el momento se han sustituido 948 narcohectáreas.

Y para planes de reincorporación, el Gobierno ha destinado 2.400 millones de pesos que benefician hoy a 216 excombatientes a quienes se les han aprobado más de 200 proyectos productivos. Por desplazamientos, asistencia humanitaria por desastres naturales e incluso por la pandemia se han atendido 3.660 hogares, con una inversión de 3.800 millones de pesos.

En Cúcuta, entre otros proyectos, se pondrá en marcha la construcción del nuevo acueducto, el centro de convenciones y un agresivo plan de atención fronteriza que impactará en la economía regional y en la seguridad.

Mal contados, los organismos de inteligencia creen que el Eln tiene más de 1.700 hombres en Norte de Santander, incluido su frente urbano y milicias.

En la zona del Catatumbo libran una guerra a muerte por el control de los cultivos ilícitos, con el ‘clan del Golfo’ y ‘los Rastrojos’. Y ahora se cree que selló alianzas con las disidencias de las Farc para ejecutar atentados y buscar posicionar a la nueva cúpula nacional, de cara a los acercamientos con el Gobierno.

“Que el llamado Comando central del Eln (Coce) pase de cinco a tres deja en evidencia que están en crisis y fraccionados. Temen que se federalicen algunos frentes. Por eso, buscan acumular poder en las zonas en donde son más fuertes y el Catatumbo es una de ellas”, le dijo a EL TIEMPO un oficial de inteligencia.

En número de hombres, le siguen las disidencias de las Farc, que fácilmente pueden tener 600 hombres en Norte de Santander y en la zona limítrofe con Venezuela.

(En contexto: Los datos ocultos del posible atentado del Eln que Cuba reveló).

El ‘clan del Golfo’ podría llegar a 250 hombres y entre ‘los Pelusos’, el reducto del Epl, ‘los Rastrojos’, las Autodefensas Gaitanistas, ‘los Cebolleros’ y ‘los Canelones’ sumarían 4.500 hombres en armas que permanecen en la región.

A esa cifra hay que agregarle los de bandas venezolanas como el ‘Tren de Aragua’, que tiene injerencia en el noreste, pero su alcance criminal llega al resto del departamento, incluida Cúcuta.

En marzo de este año, autoridades capturaron a alias Mario o Resorte, uno de los presuntos cabecillas de ‘los Rastrojos’ que delinque en la zona limítrofe y cometen homicidios selectivos, extorsiones y contrabando. Pero también han caído cabecillas del Eln y del ‘clan del Golfo’. La Policía y el Ejército completan un centenar de capturas de de estas organizaciones en 19 meses.

La Defensoría del Pueblo, en sus alertas tempranas, advirtió en 2020 que la población civil de la región “se encuentra en grave riesgo por enfrentamientos entre el Eln y ‘los Rastrojos’, así como de estos grupos con el Ejército”. Y agregó que, para ese momento, “el Eln seguía avanzando en la frontera con el objetivo de ejercer pleno dominio sobre el área rural de Cúcuta”.

Según la entidad, antes de iniciar la pandemia los grupos armados organizados instalaron retenes ilegales sobre las vías de los corregimientos de Aguaclara, Guaramito, San Faustino, Buena Esperanza, Banco de Arena, Ricaurte y Palmarito.

En este último se registró una masacre, en marzo de 2020, donde dejaron ocho cuerpos a pocos metros de la escuela del sector Santa María.

Así mismo, el ‘Tren de Aragua’, se ha disputado la frontera con otros actores y busca acaparar la zona del lado colombiano para afianzar su operación criminal.

Esta última banda se disputa el territorio de la frontera con el Eln y el control de cultivos de uso ilícito.

El pasado miércoles 23 de junio fue asesinado el ‘Mocho’, un venezolano de 45 años, señalado de ser colaborador de los del ‘Tren de Aragua’, quien vigilaba la trocha del lado colombiano. Y se encontró el cadáver de un hombre en la frontera de Cúcuta con Venezuela el pasado 6 de mayo.

“Cúcuta es una puerta de entrada a Venezuela, para sacar la droga que se va a exportar por ese país. También se ha convertido en un centro de expendio y de microtráfico de drogas que ha generado unos conflictos urbanos en torno a las peleas de estructuras criminales”, señala Mario Zambrano, de Cúcuta Cómo Vamos’. Y agrega que en este momento hay una lucha entre el Eln y las bandas ‘la Línea’ y ‘la Frontera’, que controlan varias de las trochas en la frontera.

“Allí pululan el contrabando de gasolina, bienes y víveres y otro tipo de actividades criminales”, dice un comerciante de la región que pidió la reserva de su nombre.

Jorge Mantilla, cofundador de Border Lab / Laboratorio de Frontera, le agrega a la radiografía que otros indicadores que han aumentado son el reclutamiento forzado y el uso de minas antipersona, profundizando la crisis migratoria y humanitaria en el Catatumbo y ejerciendo más presión en Cúcuta y su área metropolitana.

(Consulte acá todos los archivos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO). 

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