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Entrevista
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'Icetex es un banco y garantizar el derecho a la educación no es atacar a las universidades privadas': Mineducación
El ministro Daniel Rojas le explicó a EL TIEMPO el nuevo modelo de financiación de la educación superior.
Según pudo conocer este diario, el documento ya está redactado y a la espera del visto bueno por parte del ministro de Educación, Daniel Rojas. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO
SUBDIRECTOR VIDAActualizado:
En los últimos días, el Ministerio de Educación anunció un nuevo modelo de financiamiento para las universidades públicas. En diálogo con EL TIEMPO, el ministro Daniel Rojas explicó el cambio, y confirmó que para el 2026 este Gobierno continuará sin financiar nuevos créditos del Icetex.
¿En qué consiste ese traslado de 2.14 billones que se precisa para el financiamiento de las universidades públicas? ¿A qué se van a destinar esos recursos?
El aumento de 2.14 billones de pesos al presupuesto de funcionamiento de las instituciones de educación superior responde al cambio de modelo. Aunque el presupuesto para la educación superior ha crecido de manera exponencial en este gobierno, los recursos se habían dispuesto en el rubro de inversión para financiar la política de gratuidad. Eso significaba, básicamente, cubrir la matrícula o los costos pecuniarios por estudiante en las instituciones de educación superior, y nada más. Esos recursos se entregaban únicamente para el periodo fiscal vigente, sin garantía de continuidad en los años siguientes. Eso no incentivaba a las universidades a crecer en matrícula ni en capacidad instalada. Lo que hicimos desde el Ministerio de Educación, fue trasladar ese crecimiento presupuestal al rubro de funcionamiento. Así, en virtud de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, ese salto presupuestal —que calculamos como el IPC más 17 o 18 puntos adicionales— no solo se convierte en base, sino que se indexa cada año. Esto inicia este año.
Si el Estado está en una situación de estrechez financiera, ¿cómo se garantizarán estos recursos?
Aunque el Gobierno ha tenido que hacer ajustes debido al contexto económico, el presidente decidió que el sector educación no sería afectado por esos recortes. Al estar estos recursos en el rubro de funcionamiento, quedan cobijados por las medidas de garantía financiera. Sin embargo, no toda esa cifra entra como base presupuestal. La base real son 1,7 billones. Dejamos un rubro, por así decirlo, como bisagra, para que las instituciones puedan dejar capacidades instaladas y atender otras necesidades específicas.
¿De dónde salen los recursos adicionales?
Salen de un rubro que en el Ministerio de Hacienda se conoce, coloquialmente, como “la bolsa de Hacienda”. Es un fondo que Hacienda mantiene en funcionamiento, y del cual, por virtud de un decreto que firmamos con el ministro de de esa cartera, se permite hacer el traslado de recursos al presupuesto del Ministerio de Educación.
¿Quiere decir esto que se van a olvidar de la reforma a la Ley 30 de educación superior?
El proyecto ya tuvo su primer debate en la Comisión Sexta del Senado. He mantenido un diálogo constante con los ponentes para llevarlo a la plenaria, pero, hay que decirlo, no se ha mantenido la misma disposición que hubo en la Comisión para avanzar rápidamente con el trámite. Los ponentes han argumentado que no llevarán el proyecto a plenaria hasta que no exista un aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Ese aval ya fue emitido, aunque es importante aclarar que ese aval no es un requisito indispensable para llevar un proyecto de ley a plenaria. Dicho eso, como Gobierno no nos vamos a quedar esperando al Congreso. Por eso decidimos avanzar con este cambio de modelo mediante una estrategia presupuestal, que, en mi opinión, puede tener continuidad en el tiempo.
¿Por qué el Gobierno ha tenido la capacidad de impulsar otras iniciativas de su agenda legislativa, incluso con mensajes de urgencia, y por qué el tema de educación no ha tenido el mismo impulso?
Lo cierto es que el Gobierno Nacional en general no ha tenido éxito en el Congreso de la República. No es un caso aislado. Hoy, por ejemplo, estamos discutiendo la posibilidad de que la reforma laboral se someta a consulta popular, precisamente porque no logramos sacarla adelante en el Congreso. En el caso de la educación, el primer intento de reforma tampoco tuvo éxito y se hundió en el trámite legislativo. Aunque seguimos insistiendo ante los senadores ponentes para que den la discusión, parece que los tiempos del Congreso no son los tiempos de la juventud. Y la juventud no puede esperar más.
Mientras tanto, hay casos como el de la Universidad de Antioquia, en una grave crisis financiera. ¿Han pensado en algún tipo de salvavidas para las universidades?
Precisamente por eso estamos haciendo el cambio de modelo de financiación. Ahora, para que eso sea sostenible en el tiempo, se necesita un cambio en la ley. Cerrar la brecha de forma más eficiente requiere reconocer que los costos de la educación superior han venido superando no solo los ingresos, sino incluso el mismo índice de precios al consumidor (IPC), lo cual abre un boquete inmenso en el financiamiento.
Desde el Gobierno hemos hecho un llamado grande, tan contundente como el que hacen hoy los trabajadores y trabajadoras del país: pedimos al Congreso que se ponga la mano en el corazón y apruebe las reformas. No son las reformas del presidente Petro, no son reformas de este gobierno, son las reformas que necesita el pueblo colombiano.
Campus de la Universidad de Antioquia, en Medellín. Foto:Universidad de Antioquia.
Pero mientras anuncian esto para sanear la crisis en las universidades, al tiempo se emitió un decreto para la formalización docente, que según el Sistema Universitario Estatal (SUE) costaría 2,4 billones adicionales. ¿Cómo piensan financiar esto?
Yo creo que lo que omite el SUE en su apreciación —con el mayor respeto— es que el decreto no obliga a las instituciones de educación superior a formalizar la totalidad de los profesores en un periodo determinado. Lo que el decreto establece es que las instituciones deben presentar un plan para iniciar la formalización de acuerdo con sus posibilidades financieras. Por eso, los 2,4 billones de pesos que menciona el SUE —y cuya cifra no desestimo— no están sujetos a un único periodo fiscal ni representan un ahorcamiento financiero inmediato para las instituciones.
Si estamos aumentando la base presupuestal, si vienen creciendo los ingresos de las universidades, y si además logramos aprobar la reforma parcial a los artículos de la Ley 30, entonces esas mejoras financieras también deben trasladarse a los profesores universitarios.
Pero el decreto pone unos plazos para formalizar a los docentes…
Corresponde al mismo número que estableció el plan que la propia universidad diseñó. Si una universidad dice: “Con mis posibilidades financieras, con mi realidad y en ejercicio de mi autonomía, mi plan es formalizar a 10 docentes”, entonces el 40 % significa 4 en la primera vigencia y 6 en la segunda. Eso lo establece la misma universidad.
Las universidades señalan que no se definen en el decreto las fuentes de financiación para la formalización…
Esa conversación la tuve con los rectores en la región del SUE, en Valledupar. Lo que les decía es que me parece que ese es un análisis estático. Si miramos la dinámica del crecimiento de los recursos que han hecho base presupuestal, y que ahora, con el cambio de modelo que se está implementando, también incrementan los recursos de funcionamiento, pues precisamente funcionamiento es eso: recursos dirigidos a garantizar que las universidades no solo presten un servicio, sino que garanticen un derecho. Y dentro de eso está, por supuesto, la planta docente.
¿En cuánto ha crecido ya la cantidad de cupos en las universidades públicas y qué tan cerca están de alcanzar la meta de los 500.000 nuevos cupos?
Las cifras que emite el Ministerio de Educación Nacional son las que se publican y se recogen a través del sistema estadístico del Ministerio, cuya fuente son las propias instituciones de educación superior. Ese sistema se llama SNIES.
Ahora bien, debido al rezago natural en la recolección de datos, actualmente contamos con datos concretos de 2024 y estimaciones preliminares para 2025. Con esa claridad, puedo decir que, hasta la fecha, el gobierno ha creado 190.932 nuevos cupos en instituciones de educación superior. Y proyecta 309.068 cupos adicionales entre 2025 y 2026 para alcanzar la meta de 500.000 nuevos cupos.
¿Estos 190.000 corresponden al corte de 2024 o ya incluyen cifras preliminares de 2025?
Son cifras preliminares de 2025.
¿Cuánto sería la cifra al cierre de 2024?
Estaríamos en aproximadamente 150.000.
Sede del Icetex. Foto:ICETEX
Este año el Gobierno dejó de financiar las líneas de crédito subsidiadas de Icetex. ¿Esta va a ser la nueva realidad del Icetex de ahora en adelante?
Evidentemente, estamos experimentando un cambio de modelo, como he insistido a lo largo de esta entrevista. Este cambio implica concebir la educación superior como un derecho y no como un servicio. El derecho se garantiza, mientras que el servicio se cobra. Icetex es un banco, aunque me han criticado mucho por decirlo, sigo insistiendo en que es así. Lo que buscamos es que, al abrir más cupos en las universidades públicas, gratuitas, los jóvenes colombianos no dependan de la financiación del derecho a la educación. La idea es que los estudiantes ya no tengan que recurrir a un banco para acceder a la universidad pública. El Icetex se mantendrá como banco, y cualquier persona que decida libremente acudir allí para financiar sus estudios superiores podrá hacerlo, pero el Presupuesto General de la Nación ya no deberá destinarse a la financiación del derecho.
¿No afecta esto el a la educación superior?
No. Este cambio también ha tenido un efecto positivo en el mercado. La principal crítica al modelo del derecho a la educación es la intervención estatal en el mercado. Lo que estamos haciendo es eliminar esa intervención, y esto ha generado que las mismas instituciones de educación superior privadas estén ofreciendo sus propios mecanismos de financiación. Un ejemplo claro es el caso de Antioquia, donde la empresa privada ha comenzado a ofrecer alternativas de financiamiento a través del mercado, lo cual celebramos. Cuantos más actores haya en el mercado, mayor será la competencia, y cuando aumenta la competencia, los precios bajan. Esto significa que las tasas de interés para los estudiantes bajarán, lo cual es excelente. Ya no dependerá únicamente de Icetex, sino que habrá más opciones de crédito disponibles, lo que hará que las tasas de interés disminuyan gracias a las lógicas de oferta y demanda.
¿No es esto acabar con Icetex y dar un golpe a la universidad privada, como dicen sus críticos?
Yo lo veo de otra manera. El objetivo es fortalecer las universidades públicas. Y, como hemos mencionado antes, hay un déficit histórico y una deuda que, después de más de 30 años, supera los $11 billones de pesos. Es necesario empezar a cerrar esa brecha. Hacer justicia social con la universidad pública, que es donde van los estudiantes que más necesitan acceder a este derecho, no puede verse como un ataque a las universidades privadas. Partimos de una lógica sencilla. Hasta 2022, con el modelo de subsidio a la demanda, como la Generación E, se destinaron 1,7 billones de pesos del presupuesto general de la Nación para financiar matrículas, es decir, becas, en universidades privadas para 15.000 estudiantes. Hay que observar la relación: 1,7 billones para 15.000 estudiantes. En cambio, para 2024, estamos hablando de 910.000 millones de pesos, logrando garantizar el a 153.000 estudiantes en la educación superior. Esto demuestra una lógica de eficiencia en el gasto público, que es un punto que nos critican mucho.
MATEO CHACÓN ORDUZ | Subeditor Vida de Hoy - Educación
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