¿Las horas para el rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña, podrían estar contadas?

Las horas como rector de la Universidad Nacional del catedrático José Ismael Peña podrían estar contadas. Lo más probable es que el martes, cuando se reúna el Consejo Superior Universitario (CSU) -cita a la que también está invitado el profesor Peña-, se haga un intento por removerlo del cargo y se nombre a un rector encargado, ante presuntas presiones del Gobierno.

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EL TIEMPO pudo establecer que el CSU, máximo órgano decisorio y de gobierno de la universidad, se congregará de manera excepcional y con un punto central en la agenda: deliberar y decidir sobre la situación actual del cargo de rector de la institución. Pero ahora lo hará con una nueva composición de sus en la que se consiguió una mayoría afecta al Gobierno Nacional, lo cual podría facilitar la salida de Peña.

En efecto, si bien el recién posesionado rector había alcanzado entre los integrantes del CSU una mayoría de cinco votos a favor y tres en blanco el pasado 21 de marzo, en las últimas horas se presentó la renuncia de la líder estudiantil e integrante del CSU Sara Jiménez y el ingreso de Víctor Moncayo, en reemplazo de Humberto Rosania, quien representaba al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), con lo cual el CSU quedó conformado por siete , cuatro de los cuales no apoyarían a Peña, incluida la ministra de Educación, Aurora Vergara.

Ella ha pedido que se aclare la forma en que se llevó a cabo la votación secreta y ha invitado a que se acoja el resultado de la consulta estamentaria en la que Peña no resultó favorecido, pero sí Leopoldo Múnera, quien aspiraba por segunda ocasión y que ante los resultados se declaró en desobediencia civil y abogó por una "constituyente estudiantil".

Dicha mayoría es en la que el Gobierno albergaría la esperanza para hacer viable que Peña sea removido del cargo, en un hecho sin precedentes en la historia de la Universidad Nacional, lo que podría acarrear más líos jurídicos, pues no estarían dadas las condiciones legales para avanzar en la remoción, afirman conocedores del caso.

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“Aunque en este país macondiano todo es posible, lo que no creo es que una nueva votación lo sea mediante el marco legal vigente, por varias razones. Una de ellas es que, por ejemplo, el profesor Peña ya goza de un derecho adquirido, y no creo que los consejeros pasen por encima, eso es bastante delicado. Segundo, hay un reglamento y un estatuto que no contempla que se vuelva a abrir la posibilidad de una segunda designación. Todo eso lo están pensando, creo yo, desde el deseo, más no desde la racionalidad del proceso”, le dijo a EL TIEMPO el saliente representante del CESU, Humberto Rosania.

El docente además señala que pese a que para la representación del Consejo Nacional de Educación Superior existen antecedentes de prórrogas o reasignaciones, no dudaba de que desde el Gobierno se iban a mover las fichas para que en su caso esto no ocurriera.

Por otra parte, personas que conocen de cerca el proceso de elección le explicaron a este diario que, aunque se prosiga en esta línea, en un desconocimiento de la normativa, solo se conseguiría llegar a un punto muerto.

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Para convocar una votación con los siete del CSU restantes –debido a la imposibilidad de designar a dedo un nuevo representante estudiantil que reemplace a Sara Jiménez y con un escenario de desórdenes y desmanes que hace imposible convocar a elecciones– se necesita un quórum de cinco personas.

Si bien del lado del Gobierno están la ministra de Educación, las dos delegadas por el Presidente de la República y el profesor Víctor Moncayo –bajo cuya rectoría se estableció el sistema de designación vigente de la Unal–, deberán convencer de que no se levante de la mesa a uno de los tres consejeros restantes, quienes respaldan la elección del profesor Peña: Verónica Botero, representante del Consejo Académico; Diego Torres, representante profesoral, e Ignacio Mantilla, representante de los exrectores.

Este tortuoso episodio, que desde hace casi dos meses ha generado tensión entre estudiantes, profesores, Gobierno y comunidad académica en general, comenzó cuando Peña fue elegido rector por el CSU, de forma confidencial y en votación secreta, alegando problemas de seguridad para sus integrantes; tal como lo permite el reglamento del CSU, ha explicado Peña. Un punto en el que todos los consejeros votantes estuvieron de acuerdo.

Pese a no haber obtenido los votos suficientes en la consulta abierta (no vinculante), algo que según el mismo Peña es un proceso contemplado en los estatutos de la universidad y se ha aplicado en el pasado, varias voces han cuestionado dicho mecanismo. De hecho, profesores vinculados a la institución recuerdan que los rectores nombrados desde que se aplica el procedimiento, no han sido los que han obtenido la mayoría en las consultas. El CSU analiza además de la consulta otros elementos como la hoja de vida y el programa presentado por los candidatos.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar. Desde el Presidente de la República para abajo se cuestionó la forma de selección, los estudiantes organizaron plantones, la ministra pidió aclaraciones al CSU y, ante su negativa a firmar el acta de la sesión donde fue elegido y el decreto oficial de designación de Peña, hasta tanto no se brinde la información completa de lo que sucedió y se opte por aceptar el resultado de la elección, el rector elegido por el CSU tuvo que acudir a una notaría para legalizar de alguna forma su designación.

Todo esto en medio de protestas que fueron subiendo de tono y la suspensión de clases en ese claustro desde hace varias semanas. El pasado jueves la situación se salió de control, una estación de TransMilenio fue vandalizada e incendiada y se habla de posibles torturas a vigilantes de la universidad por parte de los manifestantes que, según Peña, no pertenecen a la Nacional.

Además de amenazas y persecución a los del CSU, hechos que los profesores y profesoras han puesto en conocimiento tanto del Ministerio de Educación como de la Fiscalía General de la Nación, y han considerado, incluso, elevarlo a instancias internacionales.

¿Qué sigue ahora? De concretarse la salida de Peña –un escenario para el que algunos consideran que el único camino sería una improbable renuncia del rector– solo quedan dos opciones: o las cosas en la universidad se calman, se nombra un encargado y se avanza en las aclaraciones sobre el mecanismo de elección y se normalizan las clases o vendrán demandas ante el Consejo de Estado que podrían tomar varios meses en resolverse, con lo cual el buen nombre y la reputación de una de las universidades más importantes y prestigiosas del país y de América Latina, seguirían afectadas. El otro camino, el más difícil a juzgar por las circunstancias, es respetar la decisión del CSU y encontrar mecanismos de diálogo para designaciones posteriores.

Pero no es solo el buen funcionamiento de la universidad lo que se ha afectado en este caso. También se cuestiona la intromisión directa del Gobierno en algo que el mismo Ejecutivo defiende en las reformas educativas que hacen tránsito en el Congreso, y es la autonomía universitaria.

Para analistas, con lo sucedido se corre el riesgo de que el Gobierno termine por asumir el control de las universidades públicas a fin de contar con una base social amplia que le permita, desde las aulas, promover la convocatoria a una constituyente.

Y por otro lado, también resultan afectados los estudiantes y sus familias, pues no es descartable que, si las tensiones se mantienen, se deba cancelar el semestre en curso, algo que no sucede desde finales de los ochenta. Peor aún es la situación de miles de estudiantes que ya fueron itidos e iniciarían clases el próximo semestre.

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“Yo creo que el camino lo determinó la Constitución del 91. Cuando hay esos desacuerdos sociales, lo correcto es seguir las normas y las leyes, y definitivamente hay que cambiar algunos aspectos de la gobernanza de las instituciones de educación superior, pero en el marco de la ley. Creo que al profesor Ismael Peña tiene que dejarle ejercer su rectoría y exigirle en el marco de ese ejercicio abrir los espacios pertinentes para la modificación, para que esto no vuelva a pasar”, reflexiona el profesor Rosania sobre el panorama futuro para la Unal. 

Y añade: “Creo que lo que queda es que el Gobierno esté a la altura de las circunstancias y en especial la ministra ejerza sus funciones. Es que la ministra, como presidenta del Consejo Superior Universitario, se ha negado a ejercer sus funciones y las decisiones que ha tomado han atizado el fuego”.

Fuentes cercanas a la Ministra de Educación dijeron que ella llegará a la reunión del martes con la misma posición que ha tenido hasta el momento.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

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