Los efectos del alza para matrículas de colegios privados en el año 2023

Padres e hijos regresan del receso estudiantil con la noticia del nuevo incremento en las matrículas y pensiones de colegios privados para el año 2023, que fue fijado por el Gobierno Nacional. El ministro de Educación, Alejandro Gaviria, expidió la resolución 020310 del 14 de octubre del 2022, mediante la cual se fijó un alza del 10,84 por ciento, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anunciado por el Dane con corte a agosto de este año.

El aumento fue de 6,44 puntos porcentuales con respecto al alza de 2022, que se ubicó en 4,4 por ciento.

Esto significa –según la resolución– que las instituciones educativas de carácter privado en Colombia no podrán superar más allá de ese 10,84 por ciento. Sin embargo, la cartera de Educación explicó que a esa cifra se le pueden sumar porcentajes adicionales de acuerdo al régimen de cada centro educativo.

Por ejemplo, los colegios podrán sumar un valor del 0,50 por ciento si cuentan con certificación o acreditación de alta calidad, y un 0,25 por ciento para incentivar la implementación de estrategias de educación inclusiva. Entre tanto, los centros educativos que no cuentan con acreditación de alta calidad tendrán la posibilidad de sumar un 0,25 por ciento adicional por aplicación del manual de autoevaluación y un 0,25 por ciento para educación inclusiva.

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Por otro parte, las instituciones que pertenecen al régimen de libertad vigilada podrán aumentar 0,12 por ciento por aplicación del manual de autoevaluación y un 0,25 por ciento para incentivar la implementación de estrategias de educación inclusiva. Y aunque para los colegios que hacen parte del régimen controlado las secretarías de Educación son las encargadas de fijar el incremento, la resolución señala que al valor se le podrá sumar un 0,25 por ciento también por educación inclusiva. 

En ese sentido, los costos para el 2023, incluyendo los extras, quedarían de la siguiente manera: regulada con calidad, hasta de 11,59 por ciento; regulada con autoevaluación, 11,34 por ciento; régimen vigilado, 11,21 por ciento, y régimen controlado, 11,09 por ciento.

Ante el incremento, EL TIEMPO dialogó con el ministro Gaviria, quien explicó por qué se dio esta alza: “Es la regulación existente y hay un decreto que hay que cumplir. El aumento va a estar por debajo de la inflación del año y los salarios probablemente van a crecer más que el mismo incremento en las tarifas. La situación es difícil, sin duda”, explicó.

Sobre si este incremento se pactó con los colegios privados, Gaviria indicó que “el Ministerio lo fija de manera autónoma. No hay negociación o concertación. Hay, como dije, unas condiciones regulatorias establecidas que heredamos y por ahora tenemos que cumplir”.

Al respecto, EL TIEMPO dialogó también con Walter Guillermo Abondano, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de la Educación Privada (Asocoldep), quien afirmó que la resolución “no los toma por sorpresa”.

“Había mucha expectativa respecto a cómo iban a quedar las tarifas. Hubo un trabajo mancomunado con el Ministerio, debido a que en la mesa nacional de educación están representadas la mayoría de asociaciones de colegios. Hubo entonces un proceso de consultas y ya se venía dialogando sobre el tema”, explicó Abondano.

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El académico aclaró que los centros educativos privados no buscaban que el incremento fuera alto, sino que se quería lograra una nivelación con respecto a los ingresos de los docentes y otras actividades que repercuten en el sector educativo.

“Hay que trabajar sobre el IPC porque afecta a todas las actividades de los colegios, como por ejemplo en el aumento salarial de los profesores y los insumos como transporte, servicio de alimentación, papelería, procesos de informática, entre otros”, agrega.

Carlos Ballesteros, directivo de la Confederación de Asociaciones de Padres, calificó el incremento como desmedido y advierte que hay familias que no tendrían los recursos suficientes para solventar los nuevos precios de las matrículas y las pensiones.

“Estamos muy preocupados porque si a esto le ponemos el IPC a la canasta familiar y al resto de productos que necesita una familia, como los implementos de aseo y los gastos diario de arrendamiento, seguramente no habrá con qué pagar el colegio el próximo año”, explicó el directivo.

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Además, señaló que el alza en los precios generaría que los padres de familia opten por matricular a sus hijos en la educación pública. “Se vulneraría el principio de libertad que les corresponde a los papás de escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos y el establecimiento educativo que consideren apropiado. Además, consideramos que los establecimientos educativos oficiales no están lo suficientemente adecuados con equipamientos, dotaciones y conectividad y, por ende, no hay la suficiente garantía de calidad”, dice Ballesteros.

En una misma línea se encuentra el presidente de Asocoldep, quien tampoco descarta la posibilidad de que los estudiantes se cambien a la educación pública.

“Por supuesto. No es una posibilidad, es una realidad. ¿Qué es lo único que nosotros como colegios podemos ofrecer? Calidad. Como padre de familia, tú cómo eliges un colegio, simplemente por los resultados de calidad. Desafortunadamente en la educación pública tenemos un retraso bastante significativo y un incumplimiento de ley desde hace 28 años. Esto porque en la Ley General de Educación quedó establecido, en el año 94, que los colegios debían imponer jornada única y la inmensa mayoría de instituciones ofrecen incluso tres jornadas y eso va en desmedro de la calidad educativa”, dijo Abondano.

Este diario le traslado estas inquietudes al ministro Alejandro Gaviria y sobre la posibilidad de cambio del sector privado a público, respondió: “No creo. Pero dependerá de las condiciones económicas, del comportamiento del desempleo y el crecimiento”.

Entre tanto, el directivo de la Confederación de Asociaciones de Padres le pide al Gobierno Nacional que estudie la posibilidad de subsidiar la matrícula de los estudiantes.

“Como ya está dada la resolución y no hay reverso, nosotros proponemos que el Gobierno subsidie por lo menos el 50 por ciento de valor del incremento de esas matrículas para el año 2023, con el propósito de ayudarles a las familias que no tengan la suficiente capacidad de pago”, señala el directivo.

Y agrega que para conseguir los recursos se podría “reducir los salarios de los altos dignatarios; el ahorro y cierre y diferentes plazas que no se necesitan; y, en últimas, habría que echarles mano a los bienes del Estado que han sido expropiados para que se vendan y se pongan al servicio de la sociedad”.

No obstante, el Ministro de Educación fue enfático en señalar que la propuesta de financiar las matrículas no es posible. “No es viable fiscalmente, ni siquiera posible legalmente. Estamos tratando de financiar la educación pública y los planes de Gobierno”, advierte el funcionario.

Mientras tanto, los colegios privados iniciarán durante esta semana un trabajo de socialización con los padres de familia para dar a conocer las nuevas tarifas.

“Una vez se abre la resolución, los centros educativos tienen la obligación de citar al consejo directivo (integrado por el rector, representantes de los padres de familia, presidente del consejo estudiantil, profesores y exalumnos) y ahí se hablará sobre las nuevas tarifas”, puntualizó el director de Asocoldep.

La resolución 020310 del 14 de octubre del 2022 también señala que “en el marco de la autonomía institucional, los establecimientos educativos privados podrán otorgar descuentos a las familias sobre la tarifa autorizada”, los cuales “deben ser detallados en el reglamento o manual de convivencia”.

De otro lado, Walter Guillermo Abondano, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de la Educación Privada (Asocoldep), explica que los colegios de libertad vigilada podrán discutir el precio de la matrícula y la pensión del primer curso que ofrezca el colegio. “Es decir, si el primer curso de una institución de ese régimen es kinder, esa tarifa es la que se entrará a hablar con los padres de familia, porque el resto de establecimientos con otros regímenes se deben apalancar con la resolución del Ministerio de Educación”.

REDACCIÓN EDUCACIÓN