¿Qué hay detrás de la reforma que busca salvar a las universidades públicas del desfinanciamiento y por qué crecen las dudas de su viabilidad financiera?

El Ministerio de Educación radicó el proyecto con el que espera reformar la financiación de las universidades públicas del país, modificando los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992, que regula la educación superior en Colombia. Una iniciativa que, en principio, parece recibir más apoyos que rechazos, y que responde a un clamor principalmente de los rectores y del movimiento estudiantil desde hace años: rescatar a las Instituciones de Educación Superior (IES) oficiales de la crisis financiera que atraviesan.

Para ello, el proyecto busca cambiar la manera en que se calculan los incrementos anuales a la base presupuestal de las IES públicas, que actualmente se tasa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la inflación, para empezar a implementar el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) que publica el Dane; una fórmula propuesta inicialmente por el Sistema Universitario Estatal, agremiación que reúne a todas las universidades que dependen del Estado.

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Y parte del consenso que parece haber en reformar esta norma (que ya suma algunos cuestionamientos) recae principalmente en la evidente desfinanciación de estas instituciones. Los casos que saltan a la vista y que han sido ampliamente registrados en medios de comunicación pasan, por ejemplo, por la actual crisis en la Universidad de Antioquia, que este año ha tenido serios retrasos en el pago de su nómina y, por falta de recursos, adelanta un plan de austeridad que incluye la reducción en un 50 por ciento de su planta docente de hora cátedra o el actual intento de dos multimillonarios predios con el fin de cuadrar caja.

La Universidad Nacional, la institución pública más importante del país, tampoco se escapa. Y es que, aunque el rector Leopoldo Múnera le señaló en entrevista a EL TIEMPO que su situación financiera le permite garantizar su funcionamiento, es también evidente la falta de recursos para solucionar problemas de infraestructura como el del Edificio de Farmacia, que hoy representa un riesgo para la comunidad, con serias fallas como grietas, goteras y desprendimiento de muros, al punto de que ha sido considerado para demolición y posterior reposición desde hace varios años antes de la pandemia.

Y estos son solo dos de estos casos que se repiten a lo largo y ancho del país. Los problemas financieros de las universidades, y el reclamo por reformar la ley 30 fueron los desencadenantes de paros estudiantiles como los de 2011, 2018 y 2019, como recuerda el analista educativo Ricardo Rodríguez: “Este desfinanciamiento estructural no es un discurso nuevo, y en los últimos años ha sido reconocido por el Estado, no solo por el actual Gobierno. Tras los paros presentados en el gobierno de Iván Duque, el Ministerio de Educación reconoció el problema y se comprometió a ampliar la base presupuestal de las instituciones públicas con recursos adicionales al IPC, pero no permanentes y sujetos a la voluntad del gobernante de turno”.

Pero, ¿qué tan grave es la crisis? De acuerdo con Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del SUE, “la Ley 30 de 1992 estableció en su artículo 86 que los recursos de la Nación a las universidades se transferían con base en el IPC. En las últimas tres décadas, las universidades públicas han incrementado año a año sus gastos entre 5 y 6 puntos por encima de ese indicador. El IPC es un indicador deficitario que no responde al desarrollo y crecimiento de las universidades”.

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Misma opinión es la de la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien también lideró el paro estudiantil de 2018: “El IPC es un indicador que se utiliza para calcular cómo se incrementa el costo de vida, del mercado, de los bienes y servicios, y nada tiene que ver con los costos de las universidades: no se correlaciona con los incrementos salariales docentes que por el decreto 1279 se da por puntos y es mucho más alto que la inflación. No contempla los gastos de aseguramiento de calidad o de inversión, que también aumentan año a año por encima de este valor”.

De acuerdo con un informe presentado por el SUE, entre el año 2000 y el 2023 la base presupuestal de las universidades creció, en términos reales (ajustado a la inflación) en un 62 por ciento. Sin embargo, en el mismo periodo de tiempo, su población estudiantil creció en un 176 por ciento.

Esto ha requerido una mayor contratación de docentes (que se ha cuadruplicado desde 2004 hasta la fecha) así como una gran ampliación de infraestructura: desde ese mismo año las universidades públicas pasaron de tener un área construida de 2.400.874 m2 a 4.843.961 m2 en el 2019, crecimiento que representa un 101,8 %.

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A esto se suma que, mientras en la década del 2010 el IPC promedio fue del 3,86 por ciento, el ICES refleja que los costos de las universidades crecieron anualmente en promedio el 8,81 por ciento. Según Torres, todo lo anterior llevó a las universidades a verse cada vez más ajustadas en términos financieros, acumulando en total un déficit que se calcula en 19 billones de pesos (un valor equivalente al recaudo de una reforma tributaria).

A pesar del consenso inicial sobre la necesidad de modificar los artículos 86 y 87 de la ley 30, la gran pregunta es de dónde saldrá la plata. Y es que la iniciativa contempla aumentar la base presupuestal de las universidades en un momento en el que las finanzas públicas pasan por dificultades: basta con ver el recorte al Presupuesto General de la Nación de este año por la caída en el recaudo.

Además, la iniciativa fue presentada sin contar aún con un aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Según explicó a este diario el ministro de Educación, Daniel Rojas, ambas carteras trabajan para que dicho aval sea presentado antes de que de inicio el primer debate del proyecto.

Los cálculos del Mineducación estiman que, entre 2027 y 2040, en precios constantes de 2024, el impacto fiscal de la reforma podría ascender a $18,7 billones de pesos, empezando con un incremento de $1 billón de pesos en el año inmediatamente siguiente a la aprobación de la norma.

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Todo esto complica el panorama, y más si se tiene en cuenta que esta iniciativa prácticamente es una reproducción de otro fallido proyecto de reforma de la Ley 30 que se hundió el año pasado, entre otras cosas, porque el mismo Ministerio de Hacienda, en un concepto enviado al Congreso, señaló que no habría recursos para cubrir el incremento de la base presupuestal planteada.

Y más si se tiene en cuenta que el texto radicado cuenta con un nuevo aparte que crea una base presupuestal para las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias del Estado del 0,05 % del PIB (alrededor de 600.000 millones de pesos de manera inicial), una idea que, si bien se considera necesaria, incrementa la presión financiera.

Si bien la reforma es exclusivamente para el sector público y en su articulado no menciona a las universidades privadas (las cuales por ley no reciben financiación del Estado y dependen financieramente de sus matrículas y demás actividades comerciales), expertos consultados por EL TIEMPO coinciden en que sí podría haber “daños colaterales” hacia este sector.

Por ejemplo, el texto especifica que desde el Presupuesto General de la Nación se dispondrán recursos adicionales para , permanencia y graduación, lo cual estaría sujeto a disponibilidad presupuestal. 

De esta forma, el temor de las privadas es que esto dé pie a que el Estado empiece a priorizar únicamente la dirección de recursos específicamente al presupuesto de las públicas, dejando de lado otros programas de cobertura como lo fueron en su momento Generación E o Ser Pilo Paga, así como fondos nacionales de becas o subsidios a las tasas de interés del Icetex, todos ellos mecanismos dirigidos a financiar a estudiantes, pero que les permitía ingresar a establecimientos privados.

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Y esto llegaría en un momento difícil para estas universidades, que demandan del Estado estímulos que les permita sobrevivir, pero también ser partícipes de las metas para el sector como el incremento en la cobertura. Así lo explicó a este diario Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún): “Sin duda este proyecto es un paso en sentido correcto. Pero no podemos perder de vista a esa otra parte de la oferta académica que está desamparada, que son las universidades privadas, las cuales corresponden a las dos terceras partes de las instituciones y tienen un millón de estudiantes”.

La presión financiera de las privadas es cada vez mayor al depender en un 95 por ciento de los recursos de las matrículas. Desde el año 2018 el número de estudiantes de los programas profesionales del sector no oficial viene en caída de manera ininterrumpida, lo cual se espera que en los próximos años se vea intensificado con la decisión de este Gobierno de no continuar con el programa de Generación E, así como la creación del programa de gratuidad en las públicas que ha llevado a muchos jóvenes a migrar a instituciones oficiales, y la disminución demográfica de la población en educación universitaria.

Ante ello, Domínguez agregó: “Los altos costos de la calidad generan presión para el sostenimiento de la oferta. Con políticas como la matrícula cero muchos jóvenes están migrando de las privadas a las públicas, y eso está bien, pero hay muchos más jóvenes que no encuentran los cupos en la pública, que necesitan seguir con sus estudios y ahí las privadas pueden ayudar y recibir esa población. Pero no se están creando estímulos ni ayudas para que quienes no ingresen al sector oficial sí puedan hacerlo el resto de oferta educativa”. 

MATEO CHACÓN - SUBEDITOR VIDA DE HOY