Pese a que desde el mes de enero el Ministerio de Educación y las 96 secretarías del país avanzan en la
implementación del modelo de alternancia, este proceso continúa siendo más lento de lo esperado para algunos sectores.
De hecho, con el fin de acelerar el retorno a las aulas, la organización Red PaPaz radicó una tutela en contra el Ministerio, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Educación de Bogotá.
Según la organización, el propósito de dicha medida no es solo el regreso inmediato a clases, sino también garantizar la atención integral a la primera infancia, servicios que se han visto disminuidos debido a la pandemia.
Red PaPaz asegura que se deben “proteger los derechos fundamentales y prevalentes de niñas, niños y adolescentes al desarrollo integral en la primera infancia, a la vida, a la educación, al cuidado y amor, a la salud, a la alimentación, a la comunicación, a la integridad y a la igualdad”.
En la tutela se enumera una lista de nueve argumentos según los cuales el mantener cerrados los colegios, así como interrumpida gran parte de los servicios de primera infancia, estaría vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con la organización, la suspensión de estas actividades “ha generado pérdidas en el aprendizaje, afectaciones a la salud emocional, menores ingresos”.
Así mismo, en la tutela se considera que pese a que desde mediados del año pasado se dieron a conocer los lineamientos y protocolos para el retorno a las aulas, muchas secretarías de educación no han avanzado en su implementación, retrasando el retorno.
Sin embargo, la posición de Red PaPaz en la acción judicial va más allá, al cuestionar también el modelo de alternancia, modelo que combina clases presenciales con trabajo en casa.
“La alternancia y el retorno de niñas, niños y adolescentes a clases presenciales de manera “gradual y progresiva” es discriminatorio ya que, al delegar la implementación de este modelo condena a población de bajos recursos y ubicada en zonas rurales sin al internet”, señala la red.
También, menciona la institución, la apertura de colegios y centros de atención infantil traería más beneficios que perjuicios a los menores y sus familias en términos emocionales, integridad física y emocional, y desarrollo infantil.
“Los servicios de atención a la primera infancia son servicios públicos esenciales del Estado”, añade.
Uno de los puntos más destacados de la tutela tiene que ver precisamente con la prestación de estos servicios. La organización sostiene que “desde el 31 de diciembre de 2020, por problemas y retrasos en la contratación de los Operadores, no se está prestando ningún servicio de atención integral de la primera infancia”.
Y agrega: “El Icbf no tiene fechas determinadas ni ha publicado planes o lineamientos para el regreso a la prestación presencial, a pesar del supuesto éxito de los pilotos de reapertura de noviembre de 2020”.
REDACCIÓN EDUCACIÓN
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