‘Se hizo justicia’: Carolina Soto tras su desvinculación del caso abierto por la Contraloría por irregularidades en obras educativas durante el gobierno Santos

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EL TIEMPO tuvo al auto de 4.398 páginas que frente al caso preparó el delegado Martín Luna Meneses, de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, que plantea la posible malversación de recursos públicos destinados para el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (Pnie) 2015- 2018, que entre sus objetivos tenía la misión de implementar la jornada única escolar en Colombia.

La cuantía que está en juego son 74.287 millones de pesos y tiene directamente como afectado al Ministerio de Educación y como presuntas responsables hay 56 personas jurídicas y naturales. Aunque la entidad determinó desvincular a otras personas, entre ellas la exministra de Educación Gina Parody y la exviceministra Carolina Soto.

Según la información que reposa en la imputación fiscal, fechada el 2 de mayo, la suma de dinero se desprende de las investigaciones a los planes para construir o adecuar 318 instituciones educativas en varios departamentos durante el gobierno de Santos.

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EL TIEMPO habló con Carolina Soto, ex-codirectora del Banco de la República, quien estaba vinculada al proceso como miembro de la Junta a del PA-FFIE y aseguró que con la decisión “se hizo justicia” tras un “juicioso análisis” de la Contraloría.

“Sobre el caso en cuestión considero que se hizo justicia. En efecto, estuve vinculada a la investigación pero nunca fui objeto de imputación. Es una situación incómoda, no podría decir lo contrario, pero se me dieron las oportunidades procesales correspondientes y la Contraloría practicó un informe en que se demuestra que no participé en ninguna irregularidad”, resaltó Soto.

De acuerdo con ella, será la Contraloría la que tenga que señalar qué fue lo que falló para que se llegara a una imputación tan grande y con tantos actores. “El documento de archivo es un juicioso análisis de la intervención de distintos agentes, uno de ellos, yo. Y al final, se hace justicia, así lo alegué, así se probó y en consecuencia se decidió el archivo. Lo que falló es un juicio que escapa a mi competencia, yo respondo por el papel que desempeñé. Será el organismo de control que en el juicio fiscal determine en qué consistió la falla, si la hubo”, dijo.

De acuerdo al informe del ente de control dirigido por Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor con funciones de contralor general, el caso tuvo un primer antecedente en enero de 2019, cuando el entonces contralor –no Zuluaga– declaró de impacto nacional los hechos ligados al manejo de recursos en el Ministerio de Educación asignados al Fondo de Financiamiento.

“Tal competencia fue acotada a través del Auto 016 del 29 de abril del 2019. En tal sentido, el 30 de enero de 2019 se abrió la indagación preliminar n.º UCC IP-003-2019, que fue cerrada mediante el Auto 1068 del 26 de noviembre de 2019, aclarado y corregido por el Auto 1173 del 3 de diciembre del 2019, en el que además se ordenó abrir este proceso de responsabilidad fiscal”, dice un informe sobre los hechos.

Después, a finales de 2019, el entonces contralor general autorizó el control excepcional sobre los recursos destinados a la infraestructura educativa, y tras las pesquisas de la delegada se ordenó la imputación a los implicados y desvincular a otro grupo de personas.

Al cierre de esta fase de imputación fiscal, los monitoreos hechos por la Contraloría le permitieron establecer que de las 80 instituciones abandonadas, a la fecha de la decisión 58 ya estaban terminadas y funcionando en beneficio de los niños y jóvenes.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR VIDA DE HOY