Universidad Nacional: ¿Es tiempo de cambiar el proceso de elección de rectores en Colombia?

La polémica desatada por la designación por parte del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de José Ismael Peña como el nuevo rector de la institución, por encima de Leopoldo Múnera, el aspirante que logró la mayor votación en la consulta hecha a estudiantes, egresados y profesores, abrió nuevamente un debate delicado en torno a la democracia universitaria, y ha avivado las voces que consideran que los rectores de las universidades públicas deben ser elegidos mediante el voto.

Y no es un debate que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, solo se viva adentro de los movimientos estudiantiles y profesorales. Esta vez el mismo Gobierno ha tocado el tema, eso sí, sin mencionar abiertamente si democracia universitaria implica necesariamente elección de rector por voto popular.

Ya lo hizo la ministra de Educación, Aurora Vergara en una carta abierta que publicó a propósito de la controversia en la Unal, en la cual expuso la necesidad de que los gobiernos universitarios fueran “más democráticos”:

“Lo ocurrido y las voces de protesta del movimiento estudiantil y profesoral, así como de otros sectores de la sociedad, revelan que las instituciones de educación superior deben sostener un diálogo interno y nacional sobre los mecanismos de designación de sus autoridades. Transformar el Sistema de Educación Superior de Colombia es fundamental para democratizar la toma de las decisiones”, enfatizó la funcionaria.

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No fue solo la ministra. El presidente Gustavo Petro salió a cuestionar la decisión del CSU, asegurando que era un “un golpe antidemocrático contra el estudiantado, el profesorado, y las y los trabajadores de la universidad”. Posteriormente, también se refirió a los mecanismos democráticos al interior de estas instituciones.

“Creo pertinente que el movimiento estudiantil y profesoral de las universidades públicas trabajen los temas de la democratización de las instituciones universitarias que debe ser consignado en la ley y en la constitución: una universidad pública fuerte pluralista, autónoma y democrática”, explicó el mandatario.

Y lo dicho por ambos, de un diálogo nacional, así como de consignar estos cambios en la ley, se da en un contexto importante, más allá de la designación en la Universidad Nacional. Se trata de las reformas al sistema educativo que el Gobierno tramita en el Congreso de la República. Concretamente de la reforma a la Ley 30 de 1992, la cual regula la educación superior en el país.

Esta iniciativa aún se encuentra en proceso de construcción y que sería presentada en el segundo semestre del año, si el Gobierno logra sacar adelante antes el proyecto de Ley Estatutaria de Educación como derecho fundamental.

Originalmente, la idea de reformar la Ley 30 surgió con el fin de modificar los artículos 86 y 87 que establecen los recursos que reciben las Instituciones de Educación Superior(IES) públicas del país, para subsanar su déficit fiscal. Sin embargo, el Gobierno ya no habla de una reforma a esta ley sino de una nueva ley de educación superior, que toque diversos puntos del sector, entre ellos la democracia universitaria.

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Ya en el primer borrador de la norma, dado a conocer a mediados de 2023, aparece un aparte llamado ‘Cogobierno’, el cual hace importantes cambios, por ejemplo, en la conformación de los Consejos Superiores Universitarios, los máximos órganos de cada IES pública.

Uno de ellos tiene que ver con sus integrantes. Ese borrador señala que se aumentaría el número de representantes de profesores y de estudiantes en estos órganos pasando de uno a dos. En otras palabras, mayor representación estudiantil y profesoral que, en última instancia, podrían cambiar la balanza en procesos importantes como la elección de un rector.

Pero también crearía otros estamentos de participación, como la posibilidad de conformar asambleas multiestamentarias como cuerpos colegiados de participación, de manera que las comunidades tengan una incidencia efectiva en la elaboración de políticas, planes y reformas. El Consejo Superior Universitario dejaría, además, de ser el único máximo órgano de dirección y gobierno; también lo serían los consejos directivos y ello aplica a todas las IES estatales u oficiales.

Durante todas las mesas de diálogo, de las cuales se han reunido los aportes de diferentes actores de la educación superior, el movimiento estudiantil ha insistido en agregar otro punto: la elección de rector mediante el voto de la comunidad universitaria. Este fue un punto que, en un principio, el Ministerio de Educación decidió no incluir en el proyecto. Sin embargo, aún no se conoce la versión final del mismo, y los recientes hechos presentados en la Universidad Nacional representan un escenario de presión para que este punto sea considerado.

Vale aclarar que este no es el único proyecto de reforma a la Ley 30 que cursa en el Congreso, de hecho varios han sido presentados. Uno de ellos impacta de manera directa en la democracia universitaria.

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Se trata de un proyecto presentado en la segunda mitad de 2023 por el representante a la Cámara de la Alianza Verde, Jaime Raúl Salamanca, el cual es denominado “Democracia universitaria”. Concretamente, el proyecto busca modificar dos artículos de la mencionada Ley 30: el 64 y el 66, los cuales hablan de la composición del Consejo Superior Universitario (máximo órgano de estas instituciones) y la elección del rector.

En el caso del artículo 66, se establece textualmente que el rector “será elegido mediante mecanismos de democracia universitaria, que impliquen la participación vinculante de los estamentos estudiantiles, profesorales y del personal istrativo. Su designación la realizará el Consejo Superior Universitario, atendiendo al resultado del mecanismo”.

En otras palabras, la votación en las consultas debería ser vinculante, por lo que el CSU estaría obligado a seleccionar al aspirante que más votos recibió.

Otra de las modificaciones que traería es un cambio en el artículo 64, el cual habla de la composición de los Consejos Superiores Universitarios. El texto daría un puesto adicional a los estudiantes (pasando a dos representantes), mientras que le quitaría uno al Gobierno (eliminando al representante designado por el presidente de la República).

Fuera del escenario legislativo, varios grupos de representación de estudiantes y profesores de la Universidad nacional han planteado hacer una “constituyente universitaria”, en la cual se modifiquen los estatutos internos de la institución con el mismo fin de modificar a los del CSU y el mecanismo de elección del rector para que la consulta sea vinculante.

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Si bien hay representantes de la comunidad estudiantil que insisten en la necesidad de la elección democrática de los rectores, y de hecho esta postura se ha propuesto repetidamente en las mesas de trabajo de la reforma a la Ley 30 que adelanta el Ministerio de Educación, los cuestionamientos a este mecanismo también son muchos.

Uno de ellos fue dado a este diario por el exrector de la Universidad del Valle, Edgar Varela: “Si bien no nos cerramos a hacer cambios en los gobiernos universitarios, hay cosas que podrían llegar a ser inconstitucionales, pasando por encima de la autonomía universitaria (las universidades deben ser autónomas en cuanto a la conformación de sus órganos de gobierno), lo cual podría ser demandado ante la Corte Constitucional”.

Y es que la autonomía universitaria es un tema que es delicado entre quienes trabajan en el sector de la educación superior. Hacer vinculante el voto estudiantil, sostienen algunos, afectaría la autodeterminación de los Consejos Superiores, y por ende, atentaría contra el principio constitucional de autonomía universitaria.

“Existe otro problema que es de mucho cuidado, y es la politización de las universidades. Todo proceso de elección, y más en entornos como estos, instituciones que manejan importantes recursos, puede ser objeto de intereses políticos. No sería raro, eventualmente, ver partidos políticos haciendo campaña por una rectoría”, sostiene el analista educativo Ricardo Rodríguez.

De esta forma, sostiene el experto, las universidades podrían convertirse en escenario de campañas políticas, en las que incluso podrían verse involucrados partidos políticos.

Pero, en cambio, desde la otra orilla, hay quienes sostienen que el principio universal de pensamiento de las universidades implica democracia.

De hecho, alrededor del mundo existen universidades que aplican este modelo, como ocurre en Italia, donde las universidades de Bolonia, Roma (Sapienza) y Turín, todas muy antiguas y ampliamente reconocidas, practican la votación directa ponderada con participación de profesores, investigadores, representantes estudiantiles y personal técnico. A través de la ponderación, el voto de los profesores es siempre mayoritario. También existen mecanismos similares en España o Escocia, por poner algunos ejemplos.

Una de las partidarias de este método es la representante a la Cámara y exrepresentante estudiantil ante el CSU de la Universidad Nacional, Jennifer Pedraza, quien cree que una reforma a la Ley 30 debe incluir que las consultas pasen a ser votaciones vinculantes.

De acuerdo con la congresista, este ha sido un reclamo histórico del movimiento estudiantil, ha demostrado ser útil en otras latitudes, e incluso ya se ha aplicado en instituciones colombianas privadas como la Universidad Externado.

MATEO CHACÓN ORDUZ | Redacción Educación