Universidad Nacional: por qué el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector no termina la batalla por la institución

El nombramiento del profesor Leopoldo Múnera como nuevo rector de la Universidad Nacional en principio pretende dar fin a la crisis en la institución que ya se extiende por dos meses. Sin embargo, de acuerdo a expertos consultados por EL TIEMPO, por el contrario solo se trataría de un nuevo capítulo en una controversia en la que se ha puesto en juego la autonomía universitaria, que además acentúa la intensa lucha de poder al interior de la universidad pública más importante del país.

Y es que las condiciones en las que se dio el nombramiento no dejan de ser polémicas. Las nuevas mayorías en el Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de gobierno de la universidad, decidieron “corregir” lo ocurrido en la sesión del 21 de marzo en la que fue designado José Ismael Peña como rector, argumentando errores de procedimiento e invalidando su nombramiento, para posteriormente reabrir, luego de dos meses, la votación entre los cinco finalistas que aspiraban al cargo, resultando Múnera ganador.

Todo esto, gracias a una nueva conformación del CSU, en el que el viceministro de Educación, Alejandro Álvarez, dos representantes del presidente Gustavo Pero, el representante del Consejo de Educación Superior y exrector de la Unal, Víctor Moncayo, y la representante estudiantil, votaron en bloque.

Sin embargo, la decisión ha sido catalogada como ilegal por los otros del Consejo Superior, como es el caso del representante profesoral Diego Torres, quien aseguró que “lo ocurrido en el CSU viola completamente el debido proceso, la ley, es abiertamente una actuación enmarcada en el prevaricato, y desobedece las decisiones de la justicia”.

La actuación del Consejo se dio a pesar de dos fallos judiciales que ratificaban que Peña no podía ser destituido ni apartado del cargo hasta que la autoridad contenciosa istrativa, en este caso el Consejo de Estado, se pronunciara sobre la legalidad de su designación. Actualmente ya hay tutelas itidas y en estudio por parte del alto tribunal sobre el caso.

Sectores que han cuestionado la decisión, sostienen que legalmente el CSU no podía anular la designación de Peña y reabrir el proceso al haber un acto istrativo (en este caso el acta firmada por cinco de los ocho del órgano) que confirmaba la decisión. Esto a pesar de la negativa de la ministra de Educación, Aurora Vergara, en su calidad de presidenta del Consejo, de firmar dicho documento.

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Esta tesis plantea que aunque la presidenta del CSU no haya firmado, el acta fue aprobada y firmada por las mayorías, por lo que tendría validez. Así lo explica el jurista Juan Manuel Charry: “El Consejo no tiene facultad para anular sus decisiones, toda vez que esta atribución recae en los jueces de lo contencioso istrativo, por lo que la revocatoria sería ilegal”.

Sin embargo, María Alejandra Rojas, designada por el presidente Petro ante el Consejo Superior, señaló que la decisión se tomó con base al artículo 41 del Código de Procedimiento istrativo. “El acta realmente no fue expedida, no fue firmada por la ministra ni el CSU en pleno, por lo que la ley indica que es posible corregir las irregularidades que se hayan presentado y adoptar las medidas necesarias para concluir el acto”.

De cualquier forma, la disputa legal está en manos del Consejo de Estado, que ahora podrá definir la legalidad de la designación de Peña el 21 de marzo, y, de hacerlo, también estará indicando que dicho acto istrativo existió o no. Con esto, cabe la posibilidad de que el nombramiento de Múnera sea considerado ilegal y se proceda a restablecer al hoy exrector en el cargo.

De cualquier forma, e independientemente de las decisiones judiciales por venir, la verdad es que lo ocurrido genera preocupación por el papel fundamental que tuvo el Gobierno en el caso. Empezando porque el presidente Petro felicitó a Múnera por su nombramiento, pero cuando la decisión favoreció inicialmente a Peña manifestó que era “un golpe a la democracia universitaria”.

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Pero también han sido varios hechos que ponen en entredicho la actuación del ejecutivo: el anuncio inicial como Gobierno de apoyar al candidato más votado en la consulta universitaria, en este caso, Leopoldo Múnera; la negativa de la ministra Vergara a firmar el acta original; la orden (tumbada por orden judicial) de nombrar a un rector encargado; la decisión de anular la designación del profesor Peña y la posterior designación de Múnera.

El analista educativo Ricardo Rodríguez expresó al respecto: “Todo esto sentó un precedente nefasto. Y es que el Gobierno interfiera de manera directa en los procesos de elección de rector, y que se pueda, bajo argumentos rebuscados, quitar o poner rectores. Esto viola la autonomía universitaria. Pero lo más grave es que sí ocurrió con la principal universidad pública, puede ocurrir con otras”.

Por su parte, el también analista Francisco Cajiao, señaló: “Si antes había dudas sobre la transparencia, ahora menos transparencia hay en una jugada de un Consejo Superior al que no le correspondía esta elección. La Universidad Nacional ha sufrido una estocada terrible, y el Gobierno ha actuado de la peor forma que podría frente a su universidad más importante del país”.

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Durante un discurso dado a las horas de conocerse su designación, Leopoldo Múnera manifestó que “el proceso constituyente no para”, refiriendose a la propuesta de una constituyente universitaria con el fin de modificar los estatutos de la Universidad Nacional para, entre otras cosas, “democratizar” el gobierno universitario, en lo que se contempla, por ejemplo, que el rector pase a ser elegido por voto popular.

Sin embargo, expertos consultados por EL TIEMPO, sostienen que esta no es la única constituyente que se estaría gestando en la institución, sino que también se estaría conformando a la Unal como un laboratorio para el proceso propuesto por el presidente Gustavo Petro.

Así lo explicó en su momento a este diario el profesor de la Universidad Nacional Pedro Medellín: “El Gobierno puede estar tomando las decisiones por un interés de tener un rector propio, entre otras cosas, para impulsar su proyecto de constituyente. Esta es la universidad más importante del país y donde los debates, las ideas, las propuestas se derraman a todas las demás, donde pueden confluir también otras comunidades. Hay que tener claro que el movimiento social que tiene más capacidad de presencia y movilización en la calle son los estudiantes”.

MATEO CHACÓN ORDUZ | Redacción Educación