El problema de basuras en los municipios apartados, pequeños y turísticos

En todo momento estamos generando basuras. Al comer, al utilizar ropa, al comprar un producto, al pedir comida a domicilio. En Colombia, de hecho, cada persona generó 525 toneladas de residuos en el 2018, según datos del Dane.

(Lea también: San Andrés y Providencia, muy vulnerables a eventos climáticos extremos)

El problema, explican expertos, no es la generación sino la recolección y disposición de los residuos que en muchos casos se realiza de manera incorrecta, como se vio hace unos días en Capurganá, un corregimiento del municipio de Acandí (Chocó), donde sus habitantes lanzaron un SOS ambiental por el manejo inadecuado de los residuos sólidos en el sitio de disposición final de esa localidad.

Según el doctor en ingeniería ambiental y experto en gestión de residuos Alberto Uribe, para entender esa problemática se debe primero comprender cómo funciona el manejo de las basuras en el país.

En ese sentido hay dos temas esenciales: lo primero que se debe tener en cuenta es que, según la normatividad colombiana, cada municipio del país debe diseñar su propio Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), a partir del cual debe revisar objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos para la gestión de las basuras.

(Le recomendamos: Erosión: la amenaza ambiental que cambiará la vía Barranquilla-Santa Marta)

Ese plan define cuál es la infraestructura y el modelo con el cual se recolectarán y dispondrán las basuras en cada localidad. El problema es que muchos municipios no cuentan con un PGIRS.

Lo segundo que se debe considerar es que al no tener muchos municipios el PGIRS, no se sabe cuál es la infraestructura correcta que se debe utilizar para disponer los residuos, creando así problemáticas como los llamados botaderos.

Según Uribe, si bien los rellenos sanitarios no son la salida ideal, sí son la solución más costoeficiente para gestionar los residuos debido a que un relleno sanitario está construido para evitar que elementos como los líquidos contaminantes generados a partir de las basuras (lixiviados) lleguen a tener o con el entorno.

Sin embargo, no todos los municipios pueden pagarse uno, lo que hace que terminen botando las basuras en cualquier parte, generando además un problema de afectación en los ecosistemas que no se da con los rellenos construidos de forma técnica.

(Le puede interesar: El calor acumulado en los océanos crece a nivel récord por sexto año)

“Desafortunadamente no todos los municipios del país tienen cómo montar un relleno sanitario con todas las de la ley. Este es un sitio donde se llevan los residuos y se disponen de manera tal que se logra un aislamiento de estos con respecto al ambiente de alrededor. Se evita que a los residuos les afecte el clima, que el viento los esparza, que cuando tienen mucha agua los lixiviados que escurren pasen a la tierra. Sin embargo, lo que vemos en muchos casos son botaderos, que son sitios donde la gente va y solo tira la basura allí generando problemas de roedores, de aves de rapiña, del viento que se lleva la basura y de los líquidos que escurren”, explica Uribe.

De hecho, según datos del Informe de Disposición Final de Residuos Sólidos de 2018, Colombia cuenta con 308 sitios de ubicación final para la recepción de residuos sólidos, de los cuales 192 son autorizados y 116 no son autorizados. Frente a los sistemas autorizados, predominan los rellenos sanitarios, seguidos de las celdas de contingencia y, por último, las plantas de tratamiento. Mientras que, para los sistemas no autorizados, se presentan mayoritariamente los botaderos y las celdas transitorias.

En ese sentido, explica Uribe, lo que se ve en Capurganá no es un relleno sanitario, sino un botadero de basura donde se disponen residuos de manera inadecuada y que, además, tiene tres problemas que empeoran la situación: es un lugar pequeño, remoto y turístico; como muchos destinos que hoy se promocionan en el país y que podrían estar padeciendo casos similares al de Capurganá, donde solo se puede llegar en lancha o en avión y que a pesar de tener poblaciones muy pequeñas que en teoría generan muy poca basura, se enfrentan a la llegada constante de turistas que generan (como pasó en Capurganá) que sus sistemas, ya precarios, colapsen.

En Capurganá hay 5.000 habitantes. Sin embargo, este pequeño corregimiento recibe al año 120.000 personas, según el alcalde de Acandí, Alexánder Murillo. Esas personas, que en su mayoría llegan a realizar actividades turísticas, se denominan población flotante y, de acuerdo con Uribe, deberían ser tenidas en cuenta en el momento de desarrollar los PGIRS.

(Le recomendamos: Con cartón ‘disfrazan’ de sostenibles empaques ‘peores’ que el plástico)

“Municipios de tipo turístico como San Andrés, Cartagena, Capurganá, que tienen una población flotante, deberían tener en cuenta esa situación y transferir esos costos de inversión y prestación de servicio de disposición de residuos hacia la infraestructura hotelera o bien hacia los turistas, que son al final los que más contaminan”, destaca el experto.

Según él, si bien los turistas no deben pagar una tarifa de servicio de aseo, que es la forma mediante la cual se sustenta la gestión de los residuos en el país, sí es cierto que estos deberían asumir un rol importante en la amortización de los costos de tener un servicio y una infraestructura eficiente para gestionar las basuras.

“Ahí es donde está el problema: cómo se transfiere el costo al turista. Diciendo que obviamente los viajeros deben generar menos basuras, disponerlas en los lugares correctos. Eso es un círculo vicioso: yo tiro la basura acá porque no hay dónde tirarla y el municipio no tiene donde tirarla porque no tiene cómo pagarlo”, puntualiza.

La visión de Uribe es compartida por el investigador y profesor de la Universidad Nacional Pedro Ramos, quien asegura que hoy lo que detiene a los municipios de realizar una correcta gestión integral de residuos es lo costoso que es.

Según explica Ramos, si bien en Colombia se viene avanzando desde el 2005 en el objetivo de cambiar los botaderos por rellenos sanitarios, estos últimos son tecnologías que mundialmente están obsoletas y que empiezan a ser reemplazadas por plantas de tratamiento de residuos, que permiten reciclar, reusar y reutilizar las basuras, y no simplemente “enterrarlas”, como ocurre hoy con los rellenos.

(Le puede interesar: El colombiano que quiere purificar el agua de las pequeñas comunidades)

Sin embargo, el desarrollo de un PGIRS de forma técnica y adecuada, la creación de una infraestructura adecuada para tratar residuos con plantas de tratamiento (y no rellenos) y el mantenimiento de la misma puede costarle a un municipio pequeño unos 5.000 millones de pesos, además de que es un proyecto a largo plazo que implica que varias istraciones se involucren en el mismo.

El costo se incrementa en casos, por ejemplo, como el de Capurganá, porque implica la movilización de los residuos de un lugar a otro para su correcta disposición. En el 2021, la asignación presupuestal de regalías para la inversión local en obras del municipio de Acandí fue de apenas 1.800 millones de pesos.

“La nación debería hacer un plan para generar estudios que apliquen para varios municipios y que permitan que estos puedan desarrollar una planta de tratamiento de residuos, que para municipios pequeños pueden ser de 30 toneladas de procesamiento diario y que a nivel de la nación se puede hacer, pero no al nivel de los municipios, porque estos no cuentan con los recursos”, puntualiza Ramos.

La gestión de los residuos es un tema complejo que requiere la revisión de cada caso específico, destaca Alberto Uribe; sin embargo, hay soluciones que pueden funcionar y que podrían ayudar a mejorar esa gestión, como es el caso de la regionalización: básicamente es consolidar todos los residuos de una zona en un único relleno, como pasa hoy en la región central de la sabana de Cundinamarca.

(Lea también: Emisiones de CO2 de 5 grandes contaminantes provocarán calor extremo)

Sin embargo, esa no es una solución que sea aplicable a los casos de zonas apartadas del país como Capurganá, San Andrés y Providencia o Nuquí, por poner algunos ejemplos, por lo que, según Uribe, en estos lo que se requiere es inversiones que permitan primero el análisis de cuál es la tecnología que se adapta mejor a sus necesidades y luego la construcción y mantenimiento de esas tecnologías e infraestructuras.

Porque, por ejemplo, no es lo mismo recoger basuras en una isla pequeña y sin espacio para la creación de un relleno sanitario cuando esta está cercana al continente, como es el caso de Tierra Bomba, comparada a una isla ubicada en zona insular como el caso de Providencia.

“En zonas insulares como Providencia la alternativa es una incineración para reducir volumen, no una quema del residuo, sino un aprovechamiento del mismo. Pero eso es aún más caro y requiere inversiones más fuertes y mayores costos de operación”, puntualiza.

(Además: El glaciar cuyo colapso aumentaría el nivel del mar hasta 60 centímetros)

Por lo que, según él, lo que se necesita es que el Estado intervenga para apoyar de alguna forma estas zonas y así permita que, si sigue promoviendo el turismo, también se promueva un desarrollo sostenible.

“El problema no es fácil; de serlo, ya se habría solucionado. Es un problema de falta de infraestructura que está asociado a unos costos de hacerla y de mantenerla”, finaliza Uribe.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CaicedoUcros | @ElTiempoVerde

- Esto halló la expedición científica que recorrió zona inexplorada del país

- Conozca algunas de las nuevas especies descubiertas en el 2021

- La biodiversidad del Magdalena es esencial para producción de banano y café