Minería ilegal en el río Caquetá: continúa el peligro para los indígenas

En junio del 2021, los pobladores indígenas de Caquetá vieron cinco embarcaciones ilegales cerca de las comunidades de Berlín y La Tagua. Imágenes satelitales de una organización que prefiere no ser revelada para proteger a su personal en campo llegaron a mostrar hasta 19 embarcaciones en el mismo mes en el río Puré, uno de sus afluentes.

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Según Víctor Moreno, coordinador del proyecto Paisajes Amazónicos Sostenibles de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), poner en operación una balsa minera puede costar hasta 150 millones de pesos (cerca de 39.000 dólares), y el pago para quienes trabajan en las embarcaciones, alrededor de seis u ocho personas, no supera los 3 millones de pesos quincenales (787 dólares) con jornadas de trabajo de hasta 20 horas diarias.

Los militares en sus actividades de control y algunos habitantes locales, según cuenta Moreno, manifiestan que los verdaderos dueños, a los que se les llama “gasteros”, están en ciudades como Cali, Medellín o Bogotá —bien lejos de los daños ambientales—.

Intangible. Así se nombra a gran parte del territorio de casi un millón de hectáreas del Parque Nacional Natural (PNN) Río Puré, ubicado entre el río Caquetá y el río Putumayo, en el extremo sur de la Amazonia colombiana. Es la tierra de los indígenas no ados, los yurí-é, que se creían extintos hasta que en 2012 el investigador Roberto Franco comprobó que hace más o menos 120 años ellos eligieron internarse en la selva para aislarse del mundo occidental. Hoy, la minería ilegal a lo largo del río Caquetá y sus afluentes, como el río Puré, se convirtió en un nuevo riesgo para su existencia.

Daniel Aristizábal, coordinador del proceso de Pueblos en Aislamiento Planicie Amazónica de la organización Amazon Conservation Team, destaca varios riesgos. El primero: que se viole su deseo de no ser ados. Para evitar controles militares, indica, quienes ejercen la minería ilegal se adentran en las selvas buscando rutas sin presencia estatal.

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El PNN Río Puré, donde habitan los aislados, es una de esas rutas y la posibilidad de que los indígenas reconozcan que hay extraños pisando su territorio no es poca. Para Aristizábal, esto lleva al segundo riesgo: que el miedo al o los esté arrinconando y haciendo cada vez más pequeño el espacio por el que transitan.

El tercer peligro es que los mineros ilegales de las balsas también cazan y pescan, lo que se traduce en una reducción de recursos para que los yurí-é mantengan sus formas de vida.

El cuarto riesgo, y uno de los más grandes, según dice Aristizábal, es que los aislados contraigan nuevas enfermedades. Por ejemplo, si algún minero está infectado de malaria y es picado por un mosquito, este luego puede llevar la infección a los no ados y causar una epidemia.

A todo este escenario de preocupación se suma, por supuesto, la contaminación por mercurio que deja la minería ilegal. Aristizábal cree que las enfermedades que se ven en los resguardos indígenas de la cuenca media del río Caquetá —como malformaciones en fetos y afectaciones neurológicas— también se estarían dando en territorio de los aislados ya que los efectos se pueden extrapolar e incluso asumir como mayores, pues el río Puré es mucho más angosto y tiene muchas más balsas ilegales buscando oro.

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Si el mercurio está causando un exterminio en la población, señala el experto de Amazon Conservation Team, se trataría de un fenómeno muy silencioso y sin testigos.

Desde 1986, el río y sus pueblos han recibido constantemente lo que la minería desecha: mercurio. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición y consumo de este metal pueden ser tóxicos, provocar graves trastornos neurológicos y causar alteraciones en fetos y niños en sus primeros años de vida. Es más, en poblaciones indígenas que practican la pesca de subsistencia en países como Colombia y Brasil, la OMS ha observado que entre 1,5 y 1,7 de cada 1.000 niños presentan un leve retraso mental causado por el consumo de pescado contaminado.

El mercurio que se usa para separar el oro y la tierra del río llega a las aguas y, allí, las bacterias del ecosistema lo transforman en metalmercurio —su forma más tóxica—, después pasa a algas y plantas y luego a los peces. Es una preocupación mayor pues todas las comunidades indígenas en la parte media y baja del río basan su dieta en la pesca y esta es su mayor fuente de proteína.

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En septiembre del 2018, un muestreo realizado por la Secretaría de Salud del Caquetá, Parques Nacionales Naturales y el Ministerio de Justicia en las 12 comunidades (ver gráfica) que forman parte del resguardo Puerto Zábalo encontró que en la comunidad Los Monos sus habitantes registraron hasta 100 microgramos de mercurio por litro de sangre. Cuatro veces el máximo permitido.

Fuentes en territorio aseguran que quienes están detrás de la minería ilegal son los mismos que controlan los cultivos ilícitos de la zona: las disidencias y grupos de crimen organizado. De hecho, en un análisis histórico que va desde 1970 hasta 2019, GAIA Amazonas encontró que cuando aumenta la bonanza del oro baja el narcotráfico, y viceversa. En efecto, en el 2018, el comandante de la Brigada del Ejército Contra la Minería Ilegal, coronel Carlos Alberto Montenegro, dijo que la minería ilegal era más rentable que el narcotráfico.

Tan solo durante los primeros seis meses del 2020, el Ejército destruyó 20 dragas usadas para extraer oro del río Caquetá. Las Fuerzas Armadas aseguraron que pertenecían, en su mayoría, a disidencias de las Farc o al grupo criminal ‘clan del Golfo’.

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Sin embargo, Víctor Motta, poblador indígena uitoto y secretario de Salud del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas en Colombia, cree que la solución no está en atacar dragas, sino en trabajar con las comunidades indígenas para que sean ellas mismas quienes planteen los caminos que quieren seguir.

CAROL SÁNCHEZ

Especial para EL TIEMPO

*Puede leer este artículo completo de  Mongabay y Rutas del Conflicto aquí