Los páramos del país: ¿están en peligro?, expertos responden

Colombia es el país con mayor extensión de páramos en todo el mundo. En total cuenta con 2’299.000 hectáreas, distribuidas en las tres cordilleras. Son ecosistemas de vital importancia no solo para la flora y fauna que los habita, sino también para el 70 por ciento de la población que depende del suministro de agua que allí nace.

Por su valor incalculable, muchos ciudadanos y líderes políticos están preocupados por lo que en un futuro pueda ocurrir con ellos, ya que poco a poco se han ido transformando debido al impacto de las actividades humanas y las presiones de las grandes industrias.

De ahí que, hace unas semanas, varios alcaldes propusieron declararlos patrimonio mundial de la humanidad ante la Unesco. ¿Qué efecto tiene esto? ¿Qué tan protegidos están estos ecosistemas? ¿Es el mecanismo indicado para su conservación?

Estas preguntas fueron discutidas por varios expertos en el nuevo programa de EL TIEMPO verde, que se transmite todos los domingos a las 3 p. m. por todas las redes sociales de EL TIEMPO.

En ese encuentro, Wilson Ramírez, coordinador del programa de Gestión Territorial de la Biodiversidad del Instituto Alexander von Humboldt y doctor en Ecología, aseguró que el instituto ha monitoreado las afectaciones que desde el año 2000 hasta la fecha han sufrido los páramos. Estos estudios indican una transformación de entre un 15 y un 16 por ciento en todos los páramos de Colombia, en su mayoría por pastos y cultivos masivos.

También han logrado establecer que, si bien los campesinos han tenido proyectos de bajo impacto, a medida que los grandes bloques industriales empiezan a ascender por la montaña, estas transformaciones se disparan.

“La cordillera Oriental es la que tiene un mayor nivel de transformación, mientras que en la Occidental es menor. Y es interesante notar que la región de Nariño y Putumayo, la zona que concentra una gran cantidad de páramos, presenta una transformación alrededor de un 11 por ciento, relativamente baja”, explicó Ramírez.

Sin embargo, la mayoría de esas transformaciones ocurren en un contexto complejo.

Los 38 páramos que hay en el país forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por lo que cualquier actividad agrícola o de explotación está prohibida. Pero, para no desconocer las comunidades paramunas que han habitado estos ecosistemas desde hace muchos años, con la ley de páramos (la ley que los protege y define) se planteó la necesidad de contemplar los páramos con gente, una idea que implica permitir sus actividades de bajo impacto. Esto quiere decir que las de alto impacto, como la minería, siguen siendo prohibidas.

De ahí que algunos expertos hayan criticado la propuesta de blindar los páramos con reconocimiento internacional, como lo plantearon la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas; el alcalde de Manizales, Carlos Marín, y el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, al buscar declarar los páramos patrimonio mundial de la humanidad ante la Unesco y también reservas de la biosfera, pues ya la Corte Constitucional y la Constitución Política los protegen.

En un breve recorrido por las sentencias y leyes en las que está plasmada esta protección, Gustavo Guerrero, abogado y director del Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental de Colombia (Ceplac), le dijo a EL TIEMPO que esta declaratoria tendría un impacto más simbólico que efectivo.

“Ese tipo de reconocimiento debe ser un punto de llegada antes que un punto de partida. Es decir, esa declaratoria debería ser complementaria a los mecanismos reales, como la ley de páramos y otros mecanismos que los alcaldes tienen en sus manos para su protección”, dijo Guerrero.

En cuanto a su efectividad, mencionó dos casos en los que ese rótulo no significó gran ayuda en su conservación: “Reserva de la biosfera El Tuparro (Vichada) y Seaflower (San Andrés y Providencia)”.

Para conocer realmente la efectividad de esa declaratoria, Carolina Jarro, subdirectora de Parques Nacionales, habló de lo que ha ocurrido con el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, declarado recientemente patrimonio natural y cultural de la humanidad.

“Si bien lo convirtió en un lugar especial para la comunidad mundial y el Gobierno asumió unos compromisos para garantizar su conservación, esa nominación no va a garantizar que vaya a existir un factor más de protección. De hecho, las áreas protegidas tienen las normas más estrictas de protección –explicó Jarro–. En lo que hay que avanzar es en el ejercicio de la actual normativa ambiental y en un ejercicio de concientización de la importancia de este tipo de ecosistemas tanto en las comunidades como en los diferentes sectores”.

Aunque el debate se ha centrado en la protección de los páramos, promovido por el proyecto minero a gran escala que la empresa Minesa haría en la zona de influencia (subpáramo y bosque altoandino) en el páramo de Santurbán, los expertos resaltan la importancia del bosque altoandino como un ecosistema que se conecta con el páramo y no cuenta con ninguna protección legal. 

“En el tema de los páramos, la conservación de los bosques altoandinos ha quedado en segundo plano, cuando tienen un rol preponderante en la provisión de agua y en otros tipo de servicios. En ese sentido, depende tanto el páramo de estos bosques como estos del páramo. Y no hay este tipo de fronteras que se quieren marcar desde una oficina o desde el punto de vista jurídico; al contrario, lo que hay son transiciones entre ecosistemas; y poco gano si conservo muy bien uno y el otro lo destrozo”, añadió Ramírez, del Instituto Humboldt.

Finalmente, para Guerrero, estos bosques no solo están desprotegidos desde el punto de vista regulatorio, sino también en términos de ordenamiento.

“Nosotros, los abogados, nos hemos preocupado mucho por los efectos jurídicos de la delimitación en los páramos con el fin de excluir las actividades mineras, lo cual ha tenido un efecto positivo. Sin embargo, desde el punto de vista ecosistémico, la naturaleza no entiende de límites y eso termina propiciando un desequilibrio”, concluyó.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE