El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que establecerá un grupo de tres expertos para investigar posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular calificada como un intento de golpe de Estado por el Gobierno de Daniel Ortega.
La resolución, aprobada con 20 votos a favor de países , siete en contra y 20 abstenciones, decide la formación de este mecanismo de investigación con el fin de "recolectar, preservar y analizar información y evidencias" sobre esas posibles violaciones de derechos humanos, "identificando a sus responsables".
La resolución había sido presentada por Ecuador, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú, y ha contado con el patrocinio de cerca de medio centenar de gobiernos.
Esta represión incluye "actos de intimidación, acoso y vigilancia ilegal o arbitraria de defensores de derechos humanos", subraya un texto que lamenta la falta de rendición de cuentas ante estos hechos desde hace cuatro años, así como la prohibición de manifestaciones pacíficas y los juicios sin el debido proceso.
El documento reclama a las autoridades nicaragüenses el cese de las detenciones arbitrarias y la intimidación, la liberación inmediata de los detenidos injustamente y la investigación de casos de acoso a líderes políticos, periodistas, activistas y otros críticos con el Gobierno de Ortega.
La resolución muestra además su preocupación por las violaciones de los derechos civiles y políticos en el contexto de las elecciones del pasado año y lamenta "el fracaso del Gobierno de Nicaragua a la hora de poner en práctica reformas electorales e institucionales que garantizaran unas elecciones libres y justas".
Los textos de estas resoluciones "siguen haciendo valoraciones derivadas de intereses económicos y políticos de países imperialistas cuya única finalidad es afectar a la dignidad y soberanía de los pueblos", aseguró.
Delegaciones de países del Consejo que votaron en contra, como Venezuela, Cuba, China o Rusia, coincidieron en rechazar un texto que en su opinión supone una injerencia en los asuntos internos de Nicaragua con "motivaciones políticas".
En Nicaragua el mecanismo de investigación de la ONU ya había sido solicitado el mes pasado por actores de la sociedad civil como el Colectivo 46/2, que aglutina a 16 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
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