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Las razones por las que se enredó el megaproyecto de la Ptar Canoas

Tiene convenio de cofinanciación, estudios y diseños, pero no aval del Minhacienda. Genera críticas.

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EDITOR DE BOGOTÁActualizado:

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Hace cinco años se celebró en Bogotá el anuncio de que estaban asegurados los recursos para emprender la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Ptar Canoas, una obra de saneamiento única en el país y en América Latina, y se creyó que el sueño de descontaminar el río Bogotá se veía cerca. El objetivo era que la planta estuviera funcionando en 2026.
Pero no ha sido así. Si bien en 2019 se firmó el convenio de cofinanciación entre la alcaldía de Bogotá y la CAR Cundinamarca, que garantizaba los 4,5 billones de pesos (en precios de 2020) que se necesitan para hacer realidad la gigantesca planta, y se esperaba que al año siguiente la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB) estuviera adjudicando el contrato de construcción, hoy no hay contrato, no existe obra y el proceso está más que enredado.
Es tan crítico el momento que se vive alrededor del proyecto que no es claro si este año se puede o no abrir la licitación internacional, aunque a instancias del Tribunal istrativo de Cundinamarca se vienen citando a audiencias y mesas de trabajo.
Así vería la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ptar de Canoas.

Así vería la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ptar de Canoas. Foto:Cortesía CAR Cundinamarca

De hecho, este diario conoció que el propósito de la magistrada Nelly Villamizar, quien profirió la famosa sentencia del río Bogotá en 2004 –confirmada en 2014 por el Consejo de Estado– es que este año se pueda abrir la licitación.
Tal vez por eso, en medio de la sinsalida que parece estar el proyecto, fuentes cercanas al proceso consideran que solo con decisiones judiciales se podría reencaminar el proyecto.
Ya en enero pasado el Tribunal ordenó al Ministerio de Hacienda entregar la garantía soberana de la Nación, trámite clave para que el Acueducto pueda salir a buscar los créditos con la banca multilateral (Banco Mundial y BID), y luego ratificó la decisión en una aclaración que pidió la cartera.
El proyecto de la Ptar Canoas surgió con el fallo de 2004 y en 2015 ya tenía diseños detallados en fase I y siguió avanzando con el convenio de cofinanciación en 2019, estructuración técnica, legal, económica y financiera en 2020; estudios detallados fase II y licencia ambiental en 2021 y los criterios de precalificación cuentan con el visto bueno del Banco Mundial, que en este momento realiza la revisión final del documento para la “No objeción”.
En el proyecto de la Ptar participan la alcaldía de Bogotá, con un aporte de 1,48 billones de pesos para la obra (más otros 1,46 billones para la operación), a partir de 2018; la CAR, con 1,5 billones a partir de 2023, la Gobernación de Cundinamarca, con 61.000 millones de pesos.
Los aportes de la autoridad ambiental salen de un porcentaje del predial que pagan los bogotanos cada año. Los desembolsos se deben empezar a hacer desde este 2023, luego de que se pague la Ptar Salitre, que se encuentra en la fase final de construcción y operación.
La estación elevadora de Canoas recibirá, através de una red de túneles, las aguas negras de Bogotá y Soacha.

La estación elevadora de Canoas recibirá, através de una red de túneles, las aguas negras de Bogotá y Soacha. Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO

El objetivo de Canoas es que trate el 70 por ciento de las aguas residuales que produce Bogotá (desde la calle 26 hacia el sur, que están cayendo a las cuencas del Fucha y Tunjuelo) y el 100 por ciento de las de Soacha. El 30 por ciento restante deben ser tratadas por la Ptar Salitre (trata desde la calle 26 hacia el norte).
Pero si el proyecto había llegado a tal punto de avance y la EAAB asegura que ya tiene un alto nivel de maduración, por qué se enredó, como hoy lo reconocen (off the record) todas las partes involucradas.
Fuentes que cercanas al proceso de Canoas que pidieron no ser citadas le dijeron a EL TIEMPO que hace cinco años el proyecto era uno, y ahora es otro y exige más tiempo (7,5 años y no 5). Para el Acueducto, sigue siendo el mismo, solo que no está proyectado para ser construido y entrar en funcionamiento por unidades funcionales.
Sin embargo, quienes plantean que cambió, argumentan que el fallo del río Bogotá de 2014 establecía que se construyera en fases (pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y desinfección) y que así se firmó en el convenio de cofinanciación, pero que la EAAB está planteando una obra con todas las fases desde el principio.
Y, además, una estructuración financiera a 30 años, cuando supuestamente la CAR podría tener los recursos para pagarla en 8 o 10 años, y ese mayor tiempo implicaría un costo financiero adicional.
No obstante, Cristina Arango, gerente del Acueducto, dice que en ninguna parte el fallo habla de una planta por fases y que, por el contrario, “exige un tratamiento secundario con desinfección”. También afirma que cambiar el proyecto sería devolverse e implicaría tener que realizar una serie de trámites y se pierde la economía de escala, que lo hace más económico.
La gerente no considera que sea un inconveniente el prepago de la deuda, si la CAR así lo desea, pero precisa que la autoridad ambiental no les ha planteado esa posibilidad. En opinión de la EAAB, lo que están solicitando los contradictores del proyecto como se ha estructurado, significaría entre 8 y 12 meses más de tiempo y hasta un 20 por ciento adicional en el costo.
A esta discusión se suma que el proyecto aún no recibe la garantía soberana de la Nación del Minhacienda, un trámite que, según dijo Arango, se solicitó desde junio de 2022. La discusión en este punto es la exigencia de una contragarantía del 130 por ciento del valor.
“Eso es tener en una cuenta corriente 4,5 billones de pesos en un año, pero el Acueducto no tiene esa plata, apenas tiene ingresos por 2 billones al año. Si tuviéramos esa plata no necesitaríamos la deuda”, señaló Arango, quien insistió en que el Acueducto pide las mismas condiciones que tuvieron en su momento Salitre y Aguasclaras, en Bello.
Sin embargo, una fuente del Gobierno señaló que la cartera de Hacienda no está exigiendo nada más allá de lo que establece la normativa y que eso “es una práctica normal, histórica, jurídica y financiera”.
Pero más allá de la controversia que genera el proyecto de Canoas, lo cierto es que ya no se cumplió la sentencia de 2014 y la planta de tratamiento no estará en operación en 2026, sino, posiblemente, en 2034 o más; mientras tanto, el río Bogotá seguirá siendo contaminado, aguas abajo de la planta Salitre, y su lecho, colmatándose de nuevo.
GUILLERMO REINOSO
EDITOR BOGOTÄ
En Twitter: @guirei24

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