Ciclomotores y domiciliarios, una actividad que requiere reglamentación / Opinión

Terminando el mes pasado, la Alcaldía de Bogotá expidió una resolución para regular la circulación de los vehículos ciclomotores o motociclos, que son principalmente las bicicletas adaptadas que utilizan muchos de los domiciliarios.

El propósito es reducir los siniestros viales y prohibirles la circulación por carriles preferenciales, ciclorrutas, ciclovías, andenes y aceras. Sin embargo, la resolución llega un poco tarde y será difícil que se cumpla, pues el crecimiento de este tipo de vehículos se debe en parte a la ausencia de controles y a la realidad que se esconde detrás de la actividad de domicilios o mensajería.

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Por lo regular, las personas que se vinculan a esta economía informal lo hacen por la facilidad que encuentran allí para generar ingresos, la cual depende del número de entregas que puedan hacer durante una jornada. De allí que lo primero que hacen tan pronto pueden sea hacerles modificaciones a sus bicicletas con el objetivo de mejorar los tiempos de entrega que les exige el algoritmo de la empresa a la cual le prestan sus servicios.

Por lo tanto, no es extraño verlos incumpliendo las señales de tránsito, irrespetando los semáforos, andando en contravía o desplazándose sin problema alguno por los andenes, los parques y los puentes peatonales, poniendo en riesgo la vida de los peatones. Ellos actúan bajo la premisa de que mientras menos obstáculos haya en el camino, mejores serán los tiempos de desplazamiento y mayor posibilidad de acumular pedidos.

Pero el problema no se resuelve regulando los ciclomotores, pues muchos de los que tienen hoy motocicleta, antes de poder comprarla tuvieron una bicicleta de motor, la cual seguramente la vendieron a otro domiciliario, quien hará lo mismo tan pronto pueda cambiar de vehículo. Pero su mal comportamiento vial se mantiene, así se desplace en bicicleta o en moto.

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Razón de más para pensar en una reglamentación que involucre a las empresas de domicilios, que irónicamente guardan silencio ante las irregularidades con el tráfico y las reglas de tránsito que cometen sus “aliados”. Ellos tienen una gran responsabilidad en todo esto: incentivan indirectamente la velocidad sobre los tiempos de entrega, crean mecanismos de valoración del servicio en donde el cliente puede castigar un pedido porque consideró que no llegó a tiempo, y omiten revisar que las bicicletas cuenten con elementos de protección como cascos, linternas y campanas.

Muchos de los domiciliarios no solo arriesgan su vida con tantas imprudencias que cometen, también están generando tensiones con vecinos en sectores donde tienden a aglomerarse a la espera de que la aplicación les envíe un pedido. Por lo regular están en parques o zonas cercanas a restaurantes, droguerías, centros comerciales... es decir, cerca de los establecimientos de mayor demanda de domicilios por parte de los clientes de las aplicaciones.

Pero las empresas de las aplicaciones tan solo están interesadas en que el negocio arroje rendimientos financieros. Poco les preocupan las características de los vehículos de quienes se encargan de entregar sus pedidos, si son bicicletas adaptadas con motores hechizos sin ningún tipo de reglamentación, que contaminan o hacen ruido. Igual sucede con las motocicletas. Con seguridad dirán que no tienen responsabilidad legal frente al tema, pero se les olvida que dependen de la ciudad, su infraestructura y dinámica económica, para que su modelo de negocio crezca.

Es hora de abrir el diálogo para buscar la reglamentación de los vehículos que prestan este tipo de servicios, pues es claro que están teniendo cada vez más impactos en la seguridad vial, pero también en los entornos por donde se ubican y desplazan.

ÓMAR ORÓSTEGUI

Director del Laboratorio de Gobierno de la U. Sabana