Lo que pasó es muy grave / Voy y vuelvo

Entre la vida y la muerte. Así se encontraba al momento de escribir estas líneas el oficial de la policía Jhon Rodríguez Sandoval. El jueves pasado, el uniformado –que pertenece a la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo)– fue atacado con una papa bomba en inmediaciones de la Universidad Nacional. El artefacto prácticamente le estalló entre el pecho y la cara. Por eso, la gravedad de su estado.

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Quien lanzó la bomba se escabulló en medio de otro grupo de personas que al parecer no pertenecen al centro universitario, pero que se sabe que están organizados para cometer este tipo de acciones y que pertenecen a un grupo de muchachos reclutados por las disidencias de las Farc, aseguró la alcaldesa Claudia López en sus declaraciones.

El día anterior, también se habían llevado a cabo manifestaciones en distintos puntos de la ciudad y el país. Pero además de la agresión a varios colegas de la radio –acto cobarde y condenable– en distintas ciudades del país, el tema no pasó a mayores.

No obstante, el jueves, el mismo jueves en que se atacó a este miembro de la Policía, se adelantaba en la Nacional el llamado día del estudiante caído. Que recuerda la muerte de jóvenes y profesores a lo largo de nuestro eterno y fallido conflicto. Y uno diría que para conmemorar una fecha tan significativa, bien podría hacerse a través de actividades más originales y reflexivas, y menos violentas. No puede ser que a estas alturas sigamos creyendo que con venganza podemos hallar la justicia y la paz que necesitamos.

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Sin embargo, y aquí es donde hay que reflexionar sobre lo que está pasando –porque lo que pasó fue muy grave–, fuentes consultadas me confirmaron que todo esto va más allá de lo que han mostrado las imágenes.

Evidentemente, el día de la protesta, quienes atacaron a la Fuerza Pública no eran necesariamente estudiantes, como ya dije. Eran sujetos que pertenecieron a las llamadas primeras líneas y que generaron caos y destrucción durante las manifestaciones del 2021. Si bien la mayoría de los involucrados terminó alejándose de estas actividades o fueron acogidos con programas del Distrito, otro remanente, vinculado con grupos criminales, terminó siendo reclutado por disidencias de las Farc y trasladado al Guaviare y los Llanos, de acuerdo con investigaciones de las autoridades.

De allí han reaparecido para cometer actos criminales como el atentado contra el oficial Jhon Rodríguez. En la Alcaldía lo saben, en la universidad también. E incluso en el Gobierno Nacional llevan cuatro meses sabiéndolo sin que se haga nada. La Fiscalía y la Policía los tienen identificados.

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Los grupos terroristas están reclutando niños y jóvenes y nadie en el alto gobierno parece conmoverse.

Hay un común denominador en este tipo de manifestaciones que tienen lugar en las universidades públicas de Bogotá y es que cada vez son más violentas. Eso también lo han detectado las autoridades. Además de papas bomba, los encapuchados usan caucheras con balines y bombas incendiarias. El explosivo contra Rodríguez está compuesto, entre otras cosas, por aluminio negro y materiales cuya venta está prohibida. ¿Quién financia estas actividades? ¿Con qué fin? En su momento, un exsenador reconoció que lo hacía. Ahora, ¿quién está detrás de las otroras primeras líneas que al parecer no se han ido? La alcaldesa Claudia López pidió una investigación a fondo e instó al propio presidente Petro a que tome cartas en el asunto, pues la próxima vez las cosas pueden ser más graves.

Bogotá ya ha vivido épocas aciagas de violencia terrorista. En las protestas la ciudad pagó un alto costo en vidas y daños. No se puede permitir que hechos similares se repitan. No se puede dejar pasar el ataque a un policía como si nada. No se puede poner en tela de juicio el papel que ahora deben cumplir los de la llamada Unidad de Diálogo, nombre pomposo que definitivamente no calza en situaciones como estas. No se puede permitir que encapuchados de esta naturaleza anden orondos por las universidades. Hay que apoyar a estas instituciones para que en sus predios no se instale el terror ni se le abra las puertas al reclutamiento forzado.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28