Una Policía de y para Bogotá / Voy y vuelvo

No es menor el debate que acaba de plantear la alcaldesa Claudia López: que Bogotá tenga su propia Policía. Una Policía local, que dependa de la ciudad y no de un ministerio o una institución que dispone de ella a su antojo.

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López sale con esta idea justo el día que muestra los resultados de sus tres años de gestión, que, valga reconocer, tiene cosas para destacar en materia de atención a la mujer, ataque a la pobreza, oportunidades en educación y compromisos con el medioambiente.

Según la mandataria, el actual ministro de Defensa le hizo conejo a Bogotá, pues de los 3.000 policías que le dejó el presidente Duque, 1.500 han sido trasladados a otras zonas del país. Pero lo que más le duele es que esos policías fueron pagados por la ciudad, es decir, con plata de nuestros impuestos. En efecto, en los últimos dos años, Bogotá destinó 1.500 millones de pesos para la formación de esos nuevos agentes, pues el déficit de uniformados es endémico, se requieren al menos 23.000 hombres y mujeres y solo hay disponibles 17.000, cuando Bogotá es cuatro veces la población de Medellín.

Fruto de este reclamo, ella le pide al Gobierno que bajo esas condiciones sería bueno pensar en una ley que le permita a Bogotá contar con una Policía financiada por el Distrito. “Nosotros la pagamos, la entrenamos (...) les pagamos comida, refrigerios, motos, gasolina, les construimos un comando nuevo”, ofreció la alcaldesa.

Más allá de si se trata de un acto de campaña, populista, oportunista o como quieran calificarlo en las redes, vale la pena preguntarse si hay algo de razón en esa solicitud. Es claro que la inseguridad es el tormento de los bogotanos. Es claro que los atracos en moto, a pie, en el transporte público, en la residencia o el carro están a la orden del día. Que los homicidios no bajan de forma contundente y que otros delitos como la extorsión están disparados.

¿Qué tiene de bueno la propuesta de López? Pues que sería un cuerpo propio, enfocado en la prevención del delito y la reacción inmediata, sin tantas órdenes y contraórdenes. Una Policía con recursos fijos para que no exista la excusa de que no hay plata para dotarla. Su formación estaría enfocada en derechos humanos, convivencia ciudadana, cultura urbana (para que entiendan que

un grafitero o una persona trans no son una amenaza).

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Serían policías con un perfil más cercano al ciudadano, les respondería a la autoridad de la ciudad y a la misma ciudadanía. Podrían ser entrenados por la Policía Nacional, lo cual haría que se mantuvieran esos vínculos que son importantes. El manejo de su presupuesto sería más trasparente. Hasta la empresa privada aportaría recursos. También se podrían medir de forma más eficaz sus resultados, ponerles metas específicas y no que estén al vaivén del capricho de sus superiores nacionales. Las personas de civil harían las tareas istrativas, pero los agentes estarían en las calles, comisarías y los CAI.

¿Y lo malo? Si no se hace bien, podría generar un choque de competencias no solo entre instituciones de los órdenes nacional y local, sino entre gobiernos. Si no se especifican sus tareas, podría terminar como un ente burocratizado y no como una entidad que debe enfrentar el multicrimen a gran escala: narcos, sicarios, bandas. Hay que evitar el malestar con otras fuerzas y cuerpos de investigación. Y preguntarse si el esfuerzo solo lo pondría Bogotá o si la Policía Nacional ayudaría a transferir hombres y mujeres. Y garantizar que se mantengan sus derechos.

La discusión hay que darla, pero eso sí, teniendo claro que el resultado que se espera es uno solo: que mejore la seguridad.

ERNESTO CORTÉS 

EDITOR GENERAL EL TIEMPO