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El asesinato del hijo de inspector de la Policía: preguntas cruciales que deben esclarecerse
Los videos que han trascendido no revelan todo lo que pasó. Juristas consultados por EL TIEMPO hablan de dudas que los investigadores y la Fiscalía deberán resolver. El hecho deja una persona imputada.
Videos de cámaras de seguridad muestran los confusos hechos del altercado Foto: Archivo particular
EDITOR DE BOGOTÁActualizado:
El caso de la muerte del hijo del inspector general de la Policía Nacional en confusos hechos ocurridos a plena luz del día, el domingo pasado, en el barrio Quiroga, deja una serie de preguntas por resolver y que serán clave en el esclarecimiento de este homicidio.
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Por el incidente ya hay una persona judicializada, identificada como Andrés Camilo Sotelo Torres, como presunto responsable de atacar con un arma de fuego y ocasionarle la muerte a Juan Felipe Rincón Morales.
Un fiscal de la Seccional Bogotá ya le imputó a Sotelo los delitos de homicidio doloso agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones. Los cargos no fueron aceptados por el indiciado.
“Los elementos de prueba obtenidos por un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que la víctima habría llegado al sector y fue interceptada por varias personas, entre ellas Sotelo Torres, quien, en medio de una discusión y en un acto de intolerancia, al parecer, le disparó con un revólver”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.
Las versiones sobre el hecho despiertan dudas y continúan siendo materia de investigación Foto:CityTV
En este caso la Policía Metropolitana de Bogotá, en cabeza del general José Gualdrón, presentó el lunes en la mañana la muerte de Juan Felipe como un hecho en medio de un linchamiento de una turba de personas contra el joven de 21 años que se encontraba con una menor de 15 años.
Sin embargo, los medios de comunicación, entre ellos EL TIEMPO, que acudieron al barrio de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá, se encontraron con otra versión.
Los familiares de una menor de edad argumentaron que se había tratado de una trampa que ellos mismos le tendieron al joven porque –afirmaron- encontraron mensajes y fotos que supuestamente le había enviado por redes sociales a una niña de 8 años, y no a la de 15. Esta última habría sido utilizada para recibir en el lugar a Rincón.
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El altercado se dio a pocos metros de la casa de la menor a la que Rincón le estaría enviando mensajes explícitos Foto:Archivo particular
La idea, según se interpreta de lo que indicaron los implicados, era increparlo por esos “mensajes explícitos”, pero se les salió de las manos y terminó en un hecho de justicia por mano propia que desencadenó en el asesinato del joven.
Lo cierto es que en medio de la trampa tendida al hijo del inspector de la Policía apareció el tío de la menor con un “arma de fogueo” -estas y las traumáticas son idénticas a las de fuego- y luego hace presencia en el mismo sitio el escolta del joven, quien también estaba armado.
EL TIEMPO consultó a los penalista Francisco Bernate, Fabio Humar y Juan José Gómez Urueña para intentar conocer las dudas que surgen alrededor de este crimen y que deben ser resueltas por peritos de Medicina Legal, la Fiscalía y el Juez que lleva el caso.
La comunidad tendría derecho a capturar al joven y ponerlo a disposición de las autoridades, más no a generar una trampa como un intento de linchamiento
Los tres expertos coinciden en las posiciones frente a los hechos en el cual falleció el hijo del inspector de la Policía y consideran que aún hay muchas cosas por conocerse alrededor de los mismos.
Hasta ahora se sabe que el confuso incidente dejó una persona muerta y dos heridas, una de ellas está siendo imputada, y la otra sería un vecino. Contra el escolta Sergio Felipe Rico Rueda no se conoce que haya alguna decisión, solo que ya rindió declaración.
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¿Una o dos menores?
Una de las preguntas que surge es si el joven de 21 años le envió mensajes e imágenes explícitas a una niña menor de 8 –versión de la familia que también debe ser probada- o a la de 15, quien sería del vecindario.
Si bien en cualquier caso es condenable y se puede demandar, la ley protege más a un menor de 14 años, porque no tiene la madurez para sostener relaciones que tienen contenido sexual, lo primero que tienen que hacer las autoridades, según los juristas, es corroborar en los chats que la conversación del joven fue con una menor de edad y que él lo sabía.
La investigación debe determinar si Rincón tenía conocimiento que hablaba con la menor Foto:Archivo particular
“Se tienen que probar dos aspectos: que sabía que la conversación era con una menor de edad y que esta derivó en imágenes sexuales de ella”, señaló Humar.
Pero otra cosa piensa la familia de la persona muerta. El general William Rincón, inspector de la Policía, dijo en medios que por información de los guardas de seguridad del conjunto donde su hijo vivía fue informado que Juan Felipe estaba saliendo con una joven por más de dos o tres meses y que esta frecuentaba el apartamento. Sin embargo, el oficial dijo desconocer que ella era menor de edad.
Entonces, si los familiares de la menor tenían la posibilidad de acudir a las autoridades y propiciar la captura del presunto agresor, la pregunta que surge es por qué no lo hicieron y, por el contrario, decidieron tenderle una trampa.
La trampa
Aunque la trampa se puede considerar una situación de justicia por mano propia y por sí sola no tendría implicaciones legales, sí se agrava cuando el joven muere minutos después, producto de un disparo de arma de fuego.
La trampa puesta por la familia podría empeorar la resolución del caso Foto:Archivo particular
“La comunidad tendría derecho a capturar al joven y ponerlo a disposición de las autoridades, más no a generar una trampa como un intento de linchamiento o hecho delictivo”, señaló Bernate.
En la misma línea se refiere Humar, quien consideró que la familia de la menor no cometió un delito por planear la trampa, aunque eso estuvo “mal hecho”, pero ahora tampoco puede argumentar ira o intenso dolor.
“Esto suena más a una venganza, porque hubo tiempo para planear la cita”, afirmó el jurista, para quien el único responsable del homicidio es quien accionó el arma, pero hay que ver quién lo hizo realmente.
Video evidencia es clave en investigación por asesinato del hijo de inspector de la Policía Foto:
Lo mismo piensa Gómez Urueña, quien no cree que la familia de la menor pueda argumentar legítima defensa. “Por reprochable que fueran los actos, que todavía no conocemos, hubo una provocación para tratar de justificar o legitimar una actuación o agresión violenta en contra del joven”.
Las armas
También queda por resolver de qué arma salió el proyectil que impactó a Juan Felipe y provocó su fallecimiento.
Si efectivamente estaba borracho o drogado, puede llegar a responder por un eventual homicidio culposo o doloso o, incluso, una tentativa de homicidio frente a las otras personas
En esta parte hay diferencias en los testimonios de la familia y lo que han planteado, en principio, las autoridades de investigación y para las cuales habría sido Sotelo Torres.
La familia que le tendió la trampa al joven ha indicado que el tío llegó con un arma de fogueo -aunque ayer el hombre reconoció que fue un arma de balines- y que luego apareció el escolta disparando.
En el primer caso la pregunta es por qué un familiar de la menor sacó un arma en el momento de la discusión. De acuerdo con los juristas, ese hecho de por sí no puede considerarse un delito -si el arma tiene los documentos en orden-, pero sí pudo haber llevado a que el escolta reaccionara.
“En el momento que alguien exhibe un arma de fuego, el escolta tiene derecho a reaccionar. Y si fue así, actuó en defensa de su protegido”, explicó Bernate.
Agregó que la persona que muestra el arma de fogueo es responsable y asume una situación de custodia de la misma. En este caso habría creado una condición de peligro para la comunidad e, incluso, para quien se suponía era el agresor de la menor.
Defensa propia
Por su parte, Gómez Urueña dijo que al sacar el arma, el tío de la menor de edad lo que hizo fue excluir de la responsabilidad al escolta, quien, al ver al hombre armado, acciona su arma de dotación.
Por eso el experto consideró que la responsabilidad penal del guarda espalda “es sobre la que menos certeza existe. Seguramente actuó en el marco de una legítima defensa, que no solo implica la protección de derechos propios, sino de derechos de terceros”.
Videos de cámaras de seguridad sobre el momento en que el escolta disparó Foto:Archivo particular
No obstante, Humar insistió en que hay que ver por qué este habría disparado contra su protegido, si así fue: si fue porque le quitaron el arma o en un cruce de disparos. “Aún hay mucho por saber qué pasó”.
Otra cosa sería si, como lo señalaron familiares de la menor de edad, este se encontraba en una condición de alicoramiento o de efectos de sustancias alucinógenas.
En ese escenario, según Gómez Urueña, el escolta podría ser imputado por la muerte del joven Juan Felipe. “Si efectivamente estaba borracho o drogado, puede llegar a responder, así haya actuado en legítima defensa, por un eventual homicidio culposo o doloso o, incluso, una tentativa de homicidio frente a las otras personas”.
Pero más allá de los hechos punibles que rodearon la muerte del hijo del inspector de la Policía Nacional, este caso deja también lecciones sobre el manejo de las redes sociales por parte de menores de edad. Según los juristas consultados por este diario, los padres deben controlar y hasta istrar esas cuentas.
(Además, lea: Mafias del espacio público y ‘dealers’ podrían estar detrás del sicariato y los últimos hechos delictivos en San Victorino)
GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ
Editor de Bogotá
En X: @guirei24
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Bogotá, Colombia
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