¿Cómo va la instalación de espacios exclusivos para los domiciliarios?

El 19 de marzo de 2021 el Distrito expidió el Decreto 082 que ordenaba a las empresas de intermediación tecnológica a crear estrategias para “garantizar el uso adecuado del espacio público”, tales como la instalación de infraestructura privada para la operación del servicio en las zonas de mayor presencia de domiciliarios o la creación de una base de datos con información de los repartidores activos en las aplicaciones, entre otras disposiciones.

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Hoy, diez meses después de la expedición del documento, domiciliarios de la ciudad afirman que empresas como Rappi, iFood o DiDi Food, entre otras, no han cumplido con la totalidad de las medidas promulgadas en el decreto.

“Las aplicaciones han hecho caso omiso a varios puntos que están presentes en esa determinación del Distrito. Nadie le ha puesto atención al tema y en este momento no tenemos un sitio para dejar nuestras motos o para descansar mientras esperamos los pedidos. Está situación nos afecta en varios aspectos, pero principalmente genera una persecución por parte de las autoridades y vecinos por el uso del espacio público”, afirmó Jhonniell Colina, quien es representante de Unidapp, organización sindical que representa a los domiciliarios.

Jhonniell se refiere al artículo 9 del decreto, punto que se enfoca en la infraestructura para la operación y que obligaba a las empresas de intermediación tecnológica a adecuar, en un plazo máximo de tres meses, espacios privados en sectores con alta afluencia de domiciliarios. “Dichos mobiliarios deberán disponer de parqueaderos de motocicletas, biciparqueadero, baños, lavado de maletines y espacios para el consumo de alimentos”, reza el documento.

De acuerdo con Alianza IN, gremio que agrupa a las plataformas digitales y del cual hacen parte empresas como DiDi Food, iFood, Mensajeros Urbanos y Rappi, señaló que sus afiliados “han diseñado y adecuado los espacios físicos para que los repartidores independientes puedan parquear sus vehículos” y que han trabajo en conjunto con la istración distrital y local para “dar cumplimento efectivo al Decreto”.

Al respecto, EL TIEMPO se comunicó con empresas detrás de las aplicaciones para conocer el avance en el montaje de dichos espacios. iFood, plataforma de origen brasileña que opera en Bogotá desde 2018, señaló que su trabajo se ha enfocado en tres frentes. “El primero fue la instalación de zonas de apoyo en puntos estratégicos y de alta afluencia de pedidos. Actualmente contamos con uno en Mallplaza y otro en el 7 de agosto. Adicionalmente, se está trabajando con diferentes aliados como iglesias y parqueaderos en la adecuación de espacios para el descanso de los domiciliarios. Finalmente, se ha propuesto a alcaldías como las de Chapinero, Kennedy y Usaquén que asignen algún predio en desuso para su adaptación a una zona de apoyo istrada por iFood y otros actores del sector que deseen unirse”, explicó la compañía.

Otra de las empresas que hacen parte del ecosistema de plataformas establecidas en la ciudad es DiDi Food. Voceros de la compañía sostienen que se han realizado alianzas para ofrecer espacios que faciliten las labores de los repartidores.

“Actualmente contamos con tres puntos para el uso y a disposición de los socios repartidores en zonas de alta demanda al norte de Bogotá: Atabanza, La Castellana y San Felipe. (...) Estos están diseñados para que puedan recargar sus celulares, comer, hacer uso del baño, parquear su vehículo o descansar mientras aceptan su siguiente pedido”, indicó Paula Bernal, gerente regional de asuntos públicos de DiDi.

Entre las dos empresas tienen cinco espacios habilitados hasta la fecha, lo que para el edil de Chapinero Edmundo López no es suficiente, pues no cubren la demanda de repartidores que hay en la capital. El funcionario sostiene que en sectores como la Zona G, en donde de acuerdo con cifras de Unidapp hay más de 200 repartidores, solo existía un espacio.

“Aplicaciones como Rappi permiten que un número indeterminado de personas puedan trabajar con la aplicación, eso da pie para que la oferta de domiciliarios sea superior a la de domicilios, lo que inevitablemente provoca que los repartidores tengan que permanecer en el espacio público más tiempo, exponiéndose a factores climáticos y la presión de autoridades de tránsito”, dijo.

Este periódico intentó comunicarse con Rappi, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta .

Asimismo, en el mencionado artículo dice que los aliados –aquellos que ofrecen sus productos a través de las aplicaciones– están obligados a instalar bicicleteros propios dentro de sus instalaciones y a facilitar el préstamo de baños. “En los centros comerciales Parque Colina y Unicentro, Rappi ya instaló algunos, pero estos sitios son insuficientes y solo sirven para estacionar los vehículos mientras nos entregan el pedido”, indicó Colina.

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EL TIEMPO recorrió algunas de las zonas mencionadas por DiDi Food y iFood para hablar con los repartidores. Muchos de ellos manifestaron no conocer los espacios y otros dicen no utilizarlos por la cantidad de personas que allí se estacionan a diario.

Mario Vega, quien dice dedicar 10 horas al día a repartir pedidos, afirma que, aunque la intención es buena, “ya no se puede ver a los domiciliarios como un grupo pequeño de personas que simplemente busca generar ingresos adicionales” y que no suele usar estos espacios “porque casi siempre están abarrotados”.

“Es obligación del Distrito y de las empresas adelantar un mapeo o una radiografía para determinar cuáles son esas zonas. (....) Pero desde la istración no han hecho nada. Lo único que les interesa es perseguir a los domiciliarios con base en el decreto. Y es que parece que los únicos componentes que se consideran de este documento son aquellos abarcan a la población domiciliaria”, dijo el edil López.

Para el experto Alexander Reyes es fundamental entender que este se trata de un asunto de corresponsabilidad entre las empresas y la istración. “No se puede achacar la culpa de que no vaya a los lugares pertinentes para la prestación del servicio al Distrito, eso es netamente responsabilidad de la empresa. (...) Al ser un servicio que no está legalizado, la afectación es completa para los temas de movilidad tanto personal, como peatonal; por tanto, en primera instancia, las empresas deben cumplir con la totalidad de las normas que establece la institucionalidad”, indicó.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, Mensajeros Urbanos, Rappi y iFood ya presentaron un informe con las acciones que adelantaron para cumplir con el decreto. "Estos fueron insumos indispensables para adelantar acciones de inspección, vigilancia y control, a la infraestructura dispuesta por estas para el uso de los domiciliarios. Se instalaron mobiliarios en los centros comerciales La Colina, Unicentro, Andino, Avenida Chile, Carulla 24 horas de la calle 140 y en el 7 de agosto", explicó la entidad.

La entidad indicó que, además de los operativos de verificación, también "se han realizado varias reuniones de socialización con diferentes asociaciones de restaurantes, Fenalco, sindicato de domiciliarios UNIMEDP y domiciliarios, especialmente en Usaquén y Chapinero”.

Este decretó nació en un momento complicado para la seguridad en Bogotá. Semanas antes de que el Distrito sacara a la luz el documento, el patrullero Edwin Caro, de 24 años, fue asesinado en medio de una requisa por un hombre que llevaba un maletero marcado con el logo de una empresa de domicilios.

“Seguiremos trabajando de manera conjunta para evitar la suplantación por parte de delincuentes bajo la figura de domiciliarios, y garantizar que no haya problemas de convivencia ni aglomeraciones, y a la vez hacer corresponsables a las plataformas de tecnología del comportamiento de todos los repartidores”, indicó en su momento Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.

El documento también plantea que las empresas deben crear una base de datos con información de los domiciliarios –que funcionará como identificación digital antes las autoridades–; verificar que los repartidores tengan su bicicleta inscrita en Registro Bici; exigir que tengan el serial o la placa de sus vehículos visible; y verificar los antecedentes judiciales.

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“La información de los socios repartidores registrados y activos en la plataforma se encuentra disponible en su perfil en línea de la aplicación. (…) Junto con el apoyo de proveedores especializados, realizan una validación de antecedentes, cotejando la identidad con bases locales e internacionales, para buscar que quienes deseen conectarse a la app cumplan con estándares de seguridad de alto nivel”, indicó la representante de DiDi Food.

Un aspecto no menor es que plantea una serie de obligaciones para los repartidores cómo utilizar los elementos de seguridad y bioseguridad, y respetar la franja peatonal tanto en andenes como en plazoletas.

“Con todo y las obligaciones, este decreto nos cayó de maravilla y una buena iniciativa porque se enfoca en nuestras necesidades”, señaló el representante de Unidapp. Por su parte, el edil de Chapinero reconoce que el decreto es un avance, pero indica que este tiene “un componente altamente discriminatorio porque identifica los domiciliarios como un factor de riesgo que amenaza la seguridad, los cuales, en su mayoría, son venezolanos en situación de irregularidad migratoria”.

Alianza In y el Distrito reconocen que se han adelantado mesas de trabajo con distintas entidades con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos.

"Se han llevado a cabo mesas de seguimiento local, donde han participado las principales empresas de intermediación tecnológica, las cuales deben seguir informar de manera periódica las acciones implementadas para el cumplimiento del decreto", explicó la Secretaría de Gobierno.

Para Unidapp y el edil López estos espacios no son una medida efectiva para que la ley se cumpla. “Solicitamos que en las mesas de trabajo haya presencia de domiciliarios porque la mejor forma de verificar que se está cumpliendo es con los directos interesados presentes”, dijo López, quien aseguró que en los próximos días presentarán un recurso en contra del Distrito.

"Recolectamos firmas y elaboramos un requerimiento de cumplimiento, que es la etapa previa y requisito indispensable para poder presentar una acción judicial de cumplimiento en contra de la istración distrital", señaló.

REDACCIÓN BOGOTÁ