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Historia, logros y crisis de La Rolita: ¿Qué se viene para este sistema de transporte público?

La Alcaldía de Bogotá deberá presentar en mayo nuevamente el proyecto. Hasta el momento, su futuro es incierto.

Carolina Martínez, gerente de la operadora pública La Rolita. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

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Laura Valeria López Guzmán

30.04.2025 14:34 Actualizado: 30.04.2025 18:24

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El futuro de La Rolita, la empresa pública de transporte de Bogotá se definirá en mayo, luego de que la Alcaldía de Bogotá deba presentar nuevamente el proyecto ante el Concejo. Esto se debe a que el pasado viernes se cumplió el plazo final para que la Comisión de Gobierno del Concejo debatiera el proyecto presentado por el alcalde Carlos Fernando Galán para salvar al operador público de transporte.

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Sin embargo, debido a múltiples trabas, entre ellas recusaciones, la Alcaldía deberá presentar de nuevo el proyecto en sesiones ordinarias, ya que las extraordinarias no dieron fruto.

Por esto, el alcalde Carlos Fernando Galán ha manifestado su respaldo a la permanencia de La Rolita, reconociendo que, aunque hubo errores en el trámite ante el Concejo en 2020, ahora existe la posibilidad de subsanarlos para garantizar que la empresa pueda seguir existiendo.

Además, el reciente fallo del Consejo de Estado a favor del concejal Julián Sastoque, quien no perderá su investidura por haber votado a favor de la creación de La Rolita, sienta una jurisprudencia que podría aplicarse a otros concejales y exconcejales cuestionados por su votación.

Sastoque, uno de los principales defensores del operador público, aseguró para EL TIEMPO que “la sentencia del Consejo de Estado cierra por completo la discusión jurídica sobre la legalidad de La Rolita. El fallo no solo nos da la razón, sino que protege a quienes votamos en 2020 por su creación y confirma que este modelo es constitucional y legítimo”.

Además, para el concejal de Alianza Verde, este operador no solo ha demostrado eficiencia, sino que simboliza una nueva manera de concebir el transporte público en Bogotá: “Hoy La Rolita demuestra que sí es posible tener un operador eficiente, público, que genere empleos dignos y que compita de tú a tú con los privados”.

Hay que tener en cuenta que La Rolita es mucho más que un nombre simpático en el panorama del transporte bogotano. Representa la primera gran apuesta en décadas por un operador público de buses en la capital, un símbolo de equidad de género, sostenibilidad ambiental y, más recientemente, el epicentro de un intenso debate jurídico y político sobre el futuro de la movilidad en Bogotá.

Recordemos que La Rolita nació en septiembre de 2022, bajo la istración de la alcaldesa Claudia López, como respuesta a los fallos estructurales del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Desde 2009, el SITP había dependido de operadores privados, muchos de los cuales incumplieron sus compromisos, dejando a miles de ciudadanos sin servicio y al sistema en una crisis de cobertura y calidad.

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Ante la imposibilidad de adjudicar rutas en sectores como Ciudad Bolívar y Perdomo –donde tres licitaciones quedaron desiertas–, el Distrito optó por crear un operador público para garantizar la prestación del servicio. Así nació La Rolita, con el objetivo de complementar la red del SITP y asegurar que la movilidad en zonas vulnerables no dependiera exclusivamente de la iniciativa privada.

Vanessa Díaz, una de las primeras operadoras de La Rolita. Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO

La Rolita se distingue por varios factores que la convierten en un referente nacional:

Transporte 100 por ciento eléctrico: Inició operaciones con 195 buses eléctricos, 11 rutas y un impacto directo en más de 35.000 s diarios, principalmente en 21 barrios de Ciudad Bolívar.

Equidad de género: Más del 50 por ciento de su personal son mujeres, muchas de ellas cabezas de familia y habitantes de zonas vulnerables. El programa de Eco Conducción permitió que más de 450 mujeres se capacitaran y accedieran a empleos tradicionalmente masculinizados.

Sostenibilidad: La operación de La Rolita evita la emisión de más de 94.000 toneladas de CO₂ al año, equivalente a lo que producen 42.000 vehículos particulares en ese periodo.

Infraestructura moderna: Su patio taller en Perdomo, de más de 33.000 m², permite cargar hasta 183 buses simultáneamente y es parte de una red que, en conjunto con otros patios, beneficia a medio millón de s del SITP.

La gerencia de La Rolita quedó a cargo de Carolina Martínez Cuellar, ingeniera industrial con más de 20 años de experiencia en el sector, quien lideró la consolidación del operador público como un proyecto emblemático de inclusión y sostenibilidad.

Lejos de ser un experimento fallido, La Rolita ha demostrado solidez financiera y operativa. En 2024, cerró con utilidades netas superiores a 10.000 millones de pesos y márgenes mayores que los de los operadores privados, sin recibir subsidios adicionales del Distrito. Esto ha desmentido las dudas sobre su viabilidad y ha fortalecido los argumentos para su permanencia y expansión.

Además, La Rolita asumió la operación del TransMiCable en Ciudad Bolívar, ampliando su alcance a otros modos de transporte. Sin embargo, esta expansión también ha sido fuente de nuevos retos jurídicos y políticos.

El mayor desafío de este sistema de transporte público no ha sido técnico ni financiero, sino legal. En 2023, una sentencia judicial declaró la nulidad parcial del acto mediante el cual el Concejo de Bogotá autorizó a TRANSMILENIO S.A. a ser accionista mayoritario de la empresa.

Aunque la decisión judicial no ordenó la liquidación de La Rolita ni anuló su contrato de sociedad, sí dejó un vacío legal que puso en jaque su continuidad y la de sus contratos más recientes.

Muchas de las conductoras no tenían conocimiento sobre conducción cuando empezaron con el proceso. Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO

El Concejo de Bogotá, ante esta situación, ha debatido intensamente el Proyecto de Acuerdo 256, que busca emitir una nueva autorización para subsanar el vicio de nulidad y legitimar la participación accionaria de TRANSMILENIO S.A. en La Rolita. El debate ha estado marcado por posiciones encontradas.

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Algunos concejales sostienen que aprobar el acuerdo podría constituir prevaricato, pues consideran que el Concejo no tiene competencia para subsanar la nulidad. Otros, como el concejal Fernando López, argumentan que el nuevo acuerdo no subsana la nulidad, sino que emite una nueva autorización, lo cual es legal y necesario para garantizar la continuidad del operador público.

López, en particular, ha desmentido varios mitos: no hubo venta irregular de acciones, La Rolita es financieramente viable y la sentencia no obliga a su liquidación. De hecho, la empresa sigue viva, operando y generando utilidades.

En el ala opuesta del espectro político, la concejal Diana Diago, del Centro Democrático, ha sido una de las críticas más severas del modelo: “Es evidente que La Rolita nació con vicios de legalidad que hoy siguen sin resolverse. No estamos en contra de lo público, pero sí exigimos que se respeten los procedimientos y las normas”.

Así mismo, para Diago, la istración actual ha preferido “tapar los errores de la anterior alcaldía en lugar de corregirlos”, y plantea que el verdadero problema es de fondo: “Más allá de lo simbólico, La Rolita debe demostrar que es sostenible sin convertirse en un elefante blanco financiado por todos los bogotanos”.

La incertidumbre jurídica ha generado preocupación entre los s y empleados de La Rolita. Si el Concejo no aprueba la nueva autorización, la empresa podría verse forzada a liquidarse o a suspender operaciones, lo que afectaría a más de 53.000 s diarios y pondría en riesgo más de 760 empleos, muchos de ellos ocupados por mujeres y habitantes de zonas vulnerables.

Por su parte, Carlos Fernando Galán y la istración actual han defendido la importancia de mantener a La Rolita como operador público, no solo por su impacto social y ambiental, sino porque incentiva la competencia y permite al Distrito acceder a información clave para la planeación del transporte eléctrico en Bogotá.

La operación del TransMiCable por parte de La Rolita también ha sido objeto de controversia. En diciembre de 2023, TransMilenio entregó la operación del cable a La Rolita mediante un contrato interistrativo. Sin embargo, una acción popular argumentó que debió realizarse una licitación pública y no una contratación directa.

Como resultado, las partes acordaron terminar anticipadamente el contrato y solicitaron al juez un plazo prudencial para abrir una nueva licitación en el segundo semestre de 2025. Mientras tanto, La Rolita continuará operando el TransMiCable hasta que se adjudique el nuevo contrato, evitando así una interrupción abrupta del servicio en Ciudad Bolívar.

Mujeres que trabajan en la Rolita. Foto:Cortesía

La Rolita ha demostrado ser un operador eficiente, innovador y socialmente responsable, pero su futuro depende de la resolución de los actuales retos jurídicos y políticos. El debate en el Concejo de Bogotá es decisivo: lo que está en juego no es solo la supervivencia de una empresa, sino el modelo de transporte público que la ciudad quiere para los próximos años.

Si el Concejo aprueba la nueva autorización, La Rolita podría consolidarse como un referente nacional de movilidad sostenible y equitativa. Sino, Bogotá corre el riesgo de perder una herramienta clave para garantizar el a un transporte digno en sus zonas más vulnerables.

Laura Valeria López Guzmán

En X y en Ig: @Lauravalerialo

Redacción Bogotá

EL TIEMPO