La triste historia de Cindy, la mujer que perdió su visión tras ser víctima de una bala perdida en el centro de Bogotá

Cindy Yareniz Ayala Valbuena, madre cabeza de hogar de 35 años, lucha por recuperar su salud. En marzo del año 2024, mientras compraba unos repuestos para su moto en el centro de Bogotá, quedó en medio de un atentado contra un comerciante amenazado por extorsionistas.

Fueron hombres en moto los que arribaron al establecimiento con armas de fuego para arremeter con violencia. Ellos dispararon y, en ese momento, la joven mujer fue alcanzada por dos balas. El concejal David Saavedra, fue quien dio a conocer este grave caso que hoy tiene a toda una familia en vilo.

Casi un año después ellos y la víctima exigen que su caso no quede impune y que se haga justicia. “Soy una madre que perdió la visión por algo que no cometió. Quiero que los responsables paguen por lo que hicieron, no solo por mí, sino por todas las víctimas de esta violencia que afecta a tantos inocentes”, expresó.

La familia de Cindy siente que todo lo que fue la vida de la mujer está ahora detenida. Antes de la tragedia se desempeñaba como vendedora de tienda a tienda de una multinacional y le iba muy bien. Su herramienta de trabajo era su moto y por eso no era viable que estuviera dañada pues así se movilizaba por toda la ciudad, pero cuando le instalaban una llanta y una guaya en el taller, recibió dos impactos de bala en su cabeza.

Dos sicarios enfurecidos por el no pago de una extorsión arremetieron sin pensar en nada, ni en nadie. "Estaban en el furor del cobro de las vacunas en la zona y, lastimosamente, mi hermana estaba ahí. Recibió dos impactos en su cabeza; una bala estalló en su cuerpo, la otra fue extraída y está en custodia. Duró ocho días en coma, nos tuvimos que internar con ella. Un mes después le faltaba medio cráneo, y su masa cerebral quedó expuesta. Y mientras nosotros sufrimos, un año después no ha pasado nada en la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. No le han puesto una coma a ese proceso" , dijo la hermana de la víctima.

Además, la familia sabe que hubo cámaras de seguridad que registraron los hechos y que la Policía sabe quiénes fueron los agresores y los que lideran el negocio ilícito de la extorsión en la zona. "Estos delincuentes siguen haciéndole daño a mucha gente. Hoy mi hermana está a punto de perder su casa y su hija depende de ella. Yo me estoy haciendo responsable de todo su proceso médico, mientras mi mamá cuida a la niña, pero no es fácil con el día a día de este país y todos los trámites médicos que hemos tenido que hacer para que ella sea intervenida".

Los días son lentos para la víctima de este ataque, hay días en los que el dolor es insoportable y por eso debe tomar medicamentos muy fuertes. "Yo solo pido justicia en este caso. No es justo que mi hermana lo pierda todo, incluso su salud, mientras los homicidas están libres", dijo la hermana de la víctima.

La extorsión, que se ha incrementado notablemente en los últimos años, sigue siendo uno de los delitos más comunes en Colombia. Según la Policía Nacional, en 2023 se registraron 11.078 casos de extorsión, mientras que, en 2024, la cifra alcanzó los 12.336, lo que representa un aumento del 14.12%.

Cundinamarca, Antioquia y Atlántico son los departamentos más afectados, pero la situación en Bogotá ha sido igualmente grave, con un aumento del 79.2 por ciento en los casos de extorsión en comparación con el año anterior, según Saavedra.

Las localidades con mayor número de casos son Los Mártires, Kennedy, Suba, Engativá y Ciudad Bolívar, con aumentos alarmantes en zonas como Fontibón (176%), la Candelaria (135,7%) y Teusaquillo (111.9%), según el SIEDCO.

Además, dijo el concejal, las autoridades de Bogotá han informado que varios atentados con víctimas colaterales en 2024, como el caso de un ataque con granada en Kennedy o el ataque a una carnicería en marzo, podrían estar relacionados con la extorsión, ya que los delincuentes buscan amedrentar a los comerciantes que no pagan las sumas exigidas.

Saavedra también alertó sobre el creciente vínculo entre la extorsión y los grupos criminales que operan desde las cárceles. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el 41% de las extorsiones se gestionan desde los centros penitenciarios, donde la falta de control y equipos bloqueadores de señal contribuye a que estas actividades sigan proliferando. Es urgente que el Ministerio de Justicia, el INPEC y las fuerzas de seguridad trabajen juntos para frenar este fenómeno que afecta la seguridad de todos los ciudadanos.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a [email protected]