¿Los casos de ‘justicia por mano propia’ en Bogotá pueden convertirse en un grave delito? Esto dicen los expertos

Bogotá ha venido siendo el escenario de varios episodios en los que la ciudadanía se ha enfrentado por su cuenta a la criminalidad, algo así como la histórica pelea entre el bien y el mal.

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Sin embargo, este fenómeno ha traído una serie de consecuencias para la seguridad de la ciudad y un reto en términos jurídicos para quienes aseguran que aplicar la legítima defensa y la justicia por mano propia es un “derecho” que les asiste debido a los niveles de inseguridad de la capital del país.

Tan solo basta con recordar el episodio de la semana pasada en el que un carro de alta gama les pasó por encima a dos hombres que habían fraguado un hurto cuadras atrás del punto de los hechos. En este episodio, uno de los criminales perdió la vida y el otro escapó, al parecer, gravemente herido.

Este se sumó al ocurrido días atrás, en pleno San Andresito de la 38, cuando la comunidad enardecida linchó a una pareja de ladrones y le causó la muerte a uno de ellos. Entre la lista de estos casos también se registra el de la comunidad de Timiza, en Kennedy, que agarró a dos ladrones de carros, los desnudó y les quemó la ropa mientras les propinaba la popularmente conocida ‘paloterapia’; situación similar a la del hombre que fue desnudado, golpeado y amarrado a un poste de energía en la localidad de Antonio Nariño.

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Así, son decenas de casos los que han quedado registrados en videos que circulan en las redes sociales y que cientos de bogotanos celebran. No obstante, este fenómeno de comportamiento abre espacio para varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué tan legítima es la defensa propia? o ¿si la justicia por mano propia está eximida de los castigos jurídicos?

Lo primero que hay que decir para poder entender esta situación es que en ninguna de las estadísticas de las entidades oficiales de seguridad hay un conteo de casos que clasifique los escenarios en los que se presenta justicia por mano propia; es decir, de esta conducta no existe una cifra oficial que permita conocer el estado real del panorama.

Juristas consultados por este medio explicaron que es muy difícil llevar este conteo pues para que esto ocurra es necesario que la víctima de agresión por parte de la comunidad denuncie y esto “es altamente improbable porque nadie que sea golpeado por la comunidad por estar robando va a ir a poner la cabeza en el CAI para denunciar lesiones personales”, señaló uno de los expertos.

Aunque cada vez que la comunidad protagoniza un episodio de justicia por mano propia lo justifica diciendo que no confía en la Policía o en las leyes o en la inseguridad que se registra en la ciudad, lo cierto es que a la luz del derecho esta no es una conducta ni legítima ni mucho menos legal.

Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, señaló que la justicia por mano propia no está justificada en ninguno de los casos, y cuando la proporcionalidad de las vías de hecho tomadas por la comunidad supera el nivel de riesgo que podría representar determinado actor criminal, la conducta podría ser catalogada por la ley como un hecho de tortura.

Alejandro Benavides, secretario general de la Universidad Manuela Beltrán y doctor en Derecho, Ciencia Política y Criminología, explicó que el ordenamiento jurídico colombiano no reconoce la justicia por mano propia y que, por el contrario, dichos actos son entendidos como un delito o alguna conducta penal, pues es el Estado el que tiene el monopolio de la violencia y el encargado de impartir justicia.

“La justicia por mano propia se refiere al acto en el que la comunidad por su cuenta y para castigar a presuntos delincuentes, sin acudir a las autoridades, desempeña acciones ampliamente ilegales”, señaló Benavides, quien además explicó que lo que sí contempla le ley en estos casos es el ‘estado de necesidad’ y la ‘legítima defensa’. No obstante, para que estas conductas sean legales deben cumplir estrictos requisitos.

De acuerdo con Benavides, la legítima defensa se reconoce cuando alguien actúa para proteger su vida o la de otra persona que esté ante un riesgo inminente, y el requisito clave para que se convierta en un acto legal es que sea proporcional a la agresión o el riesgo sufrido. “Estos delitos de justicia por mano propia, que no cumplen con los requisitos, pueden acarrear consecuencias penales si la persona que los aplica no cumple con los requisitos de la legítima defensa (...) podría ser procesada por lesiones personales, intento de homicidio u homicidio”, enfatizó el experto.

Pero este fenómeno también tiene una punta de análisis diferente a la jurídica y se trata de la dimensión psicológica que explica el comportamiento violento de los ciudadanos cuando se ven enfrentados a una situación de riesgo.

La psicóloga clínica y forense del Instituto de Medicina Legal Luz Cristina Jiménez explicó que los escenarios de inseguridad en Bogotá se han normalizado hasta el punto de que los bogotanos han desarrollado conductas ‘paranoides’ que los impulsan a tener comportamientos reactivos.

“Cuando la gente está expuesta a factores de inseguridad se desarrollan rasgos paranoides como ser reactivos, impulsivos, estar con temor o preparado todo el tiempo a contraatacar. Este tipo de cosas se han vuelto normales en los bogotanos y eso no es normal, porque hay una sintomatología que no es deseada”, explicó la experta.

Además de esto, señaló que detrás de este tipo de fenómenos debería haber una reflexión por parte de las autoridades sobre lo que los contextos de inseguridad están causando a la salud mental de los bogotanos.

“Las autoridades deben ser conscientes de que la salud mental de los bogotanos se está afectando y que hay que tomar medidas porque la situación de inseguridad trasciende a todas las esferas de la vida de una persona (...) esto no solo se queda en lo que pasa en la calle, sino que también afecta la cotidianidad, la vida en familia y hasta el trabajo porque es una situación que contamina todos los espacios. Y estas son preguntas que nadie se está haciendo”, anotó la psicóloga. 

JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ