Proyecto reabre debate de regulación de apps como Uber: claves del choque entre Alcaldía de Bogotá con Supertransporte

La polémica entre la Superintendencia de Transporte y el Concejo de Bogotá por un acuerdo que busca promover “buenas prácticas en la aplicación de comparendos” a vehículos particulares que prestan el servicio de transporte público, vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la necesidad de regular a las plataformas digitales.

El debate se originó en la mañana de este lunes cuando la SuperTransporte emitió un comunicado en el que llamó la atención de la Alcaldía de Bogotá por la iniciativa y luego la propia superintendente, Ayda Lucy Ospina, se pronunció asegurando que con ducho acuerdo se podría estar configurando “una posiblemente ilegalidad" y que la istración local “no está obligada a cumplir el acuerdo cuando ordena desconocer una ley”.

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Ospina además señaló que, si bien comparte la preocupación por el debido proceso en los procedimientos por infracciones de tránsito, "un Concejo no tiene en competencias" (...) ni puede señalarle a la autoridad en la vía que "no haga determinados operativos, o que al hacerlos no imponga las infracciones de tránsito y transporte a que haya lugar".

Afirmó también que, si bien comparte la preocupación por el debido proceso en los procedimientos por infracciones de tránsito, "un Concejo no tiene en competencias" (...) ni puede señalarle a la autoridad en las vías que "no haga determinados operativos, o que al hacerlos no imponga las infracciones de tránsito y transporte a que haya lugar".

La supertransporte agregó: "No puede el Concejo decir que ante una conducta, que se puede tipificar como un acto de corrupción de un funcionario público, no puede un acuerdo ordenar que frente a esa conducta, de un funcionario, no se adelanten las investigaciones disciplinarias a que haya lugar ni las sanciones a que haya lugar".

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Ospina se refiere al acuerdo número 607 de 2024 “por medio del cual se establecen disposiciones para promover buenas prácticas en la aplicación de comparendos por la infracción D12” y que fue votado tanto en comisión como en plenaria.

En el Código de Tránsito el comparendo D12 se refiere a “conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Además, el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días”. El comparendo además significa una multa de 1’300.000 pesos.

Los autores de la iniciativa son los concejales Juan Daniel Oviedo, Sandra Forero y Daniel Briceño. La iniciativa fue votada por la mayoría de los cabildantes.

Frente al debate, los concejales autores de la iniciativa, Juan Daniel Oviedo, Sandra Forero y Daniel Briceño, indicaron que se trata de una mala interpretación de la superintendente e insistieron en que los que buscan es que en los procedimientos de la autoridad de tránsito se “cumpla el debido proceso”.

Sobre el tema el alcalde Carlos Fernando Galán en un breve pronunciamiento le dijo a EL TIEMPO que dio "la instrucción a la Secretaria de Movilidad que se siente con la Superintendencia de Transporte a analizar el acuerdo y a aclarar las dudas".

De hecho, la misma secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, quien participó en los debates al acuerdo en el Concejo, le dijo a este diario que el proyecto “en ningún caso va en contra vía de la ley, ni está generando nuevos procedimientos, eso no es competencia del Distrito”.

Explicó que lo que les pide la iniciativa “es reforzar las campañas de comunicación sobre cómo se hacen los procedimientos de aplicación de la infracción D12 y, de acara a la ciudadanía, cómo es el procedimiento en el caso de que se quiera impugnar”.

Este diario conoció el acuerdo en mención, el cual apenas consta de dos folios y seis artículos, y señala en su artículo primero que su objeto es "establecer disposiciones para promover buenas prácticas en la imposición de comparendos por la infracción D12 por parte de los agentes de tránsito distritales".

Pero el punto más polémico es el numeral tercero del artículo segundo. Este señala que le ordena a la istración Distrital propender por la creación de estrategias que permitan evitar incurrir en prácticas de abuso y extralimitación al momento de la imposición de comparendos por la infracción D12

Dicho numeral cita los siguientes casos: 1. Realizar interrogatorios sin el cabal cumplimiento del debido proceso. 2. Imponer más de una sanción por la misma causa en atención a la normatividad vigente. 3. Inmovilizar el vehículo sin el cumplimiento del debido proceso. 4 Realizar procedimientos que atenten contra el derecho a la intimidad del conductor y sus pasajeros.

Frente al fuerte pronunciamiento de la superintendente Ospina, el concejal Oviedo le dijo a este diario que "es una mala interpretación de la superintendente" y que en el acuerdo "no se están cambiando para nada el procedimiento de la sanción, solo que haya campañas pedagógicas y jornadas de sensibilización y que se eduque a los agentes de tránsito para que no abusen de su poder en la imposición del comparendo".

Oviedo también señaló que los conductores de vehículos de plataformas son ilegales desde hace 10 años por la inacción del Gobierno Nación y aclaró que la iniciativa fue "discutida ampliamente con el gobierno distrital" y destacó que lo que "busca es la moralización de las personas que lo imponen (el comparendo D12) para que no abusen de su poder".

Con esta posición coincide la concejal Sandra Forero, quien afirmó que "hay una mala interpretación del texto, porque en ningún momento, mis colegas, ni yo hemos pretendido pasar por encima de la ley".

Y agregó: "Es crucial leer el documento con rigor para evitar estos malos entendidos y que se emita información que no es cierta". Forero explicó que el acuerdo aprobado busca que "se cumpla Ley 1310 de 2009, para que se brinden las garantías del debido proceso en la aplicación del comparendo por la infracción D12".

Briceño, por su parte, dijo que “no estamos eliminando el comparendo D12, no estamos modificando el comparendo D12, eso es competencia del Congreso y no nos metimos en eso”.

Explicó que lo que establece el acuerdo son criterios del debido proceso, como que “el policía y la autoridad de tránsito no puede meterse al celular de un ciudadano, eso solo se puede con una orden judicial; que la inmovilización del vehículo se haga con la observancia del debido proceso y que haya garantías y opciones a la debida defensa y que no interroguen a quienes van en el vehículo, eso únicamente lo puede hacer una autoridad judicial”.

En opinión de Briceño lo que hay detrás del pronunciamiento de la Superintedente es un “posición política del Gobierno Nacional, que tiene una clara agenda en favor de los taxis, porque es el gremio que los apoyó, pero ha estado alejado de ayudar a más de 80.000 familias que trabajan con plataformas”.

En esta polémica entró Hugo Ospina, uno de los lideres de los taxistas, quien celebró el pronunciamiento de la Superintendencia y dijo que la ley es clara en el sentido de establecer las sanciones a los conductores y vehículos de plataforma de transporte. Uno es el comparendo D12, por prestar un servicio para el cual no está autorizado; otro por cobrar una tarifa -cuando es la alcaldía es la autoridad facultada para establecerlas-; otro más es la inmovilización del carro.

Además, se debe cancelar el registro de matrícula por prestar un servicio no autorizado sin estar homologado. Y si es reincidente, insistió, imponer una multa de 5 a 20 salarios mínimos mensuales.

Luis Ángel Guzmán, experto en movilidad y docente de la Universidad de Los Andes, consideró que este nuevo debate se produce por la falta de regulación de los servicios de plataformas digitales que “llegaron para quedarse”. 

“El origen de todo es porque no hay algo que regule, incluso ya los taxistas usan las aplicaciones y al final on se sabe si está bien o está mal”, señaló, quien advirtió que el tema de las aplicaciones en moto es un tema “más grave” y nadie responde.

Por su parte, Darío Hidalgo, experto en movilidad y docente de la Universidad Javeriana, consideró que mientras no exista un marco legal nacional va a seguir “la incertidumbre y los grises” sobre las plataformas y que con el acuerdo “el Concejo está intentando reducir la presión sobre la Secretaria de Movilidad y la Policía de Tránsito de inmovilizar vehículos no autorizados para la prestación del servicio público a través de plataformas”.

Si bien Hidalgo señaló que ahora el alcalde Galán debe entrar a revisar si se excede el Estatuto de Transporte o no, antes de sancionar el acuerdo, y que será el Concejo de Estado el organismo llamado a dirimir la legalidad de acto istrativo”.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En X: @guirei24