Muertos y personas que no existen aparecen como beneficiarios de mercados

¿Cómo personas que habían fallecido o que no existen terminaron recibiendo mercados en Bogotá? Esta es una de las líneas de la investigación que adelanta la Contraloría distrital respecto a las ayudas entregadas por las alcaldías locales en 2020, durante la época más fuerte de aislamiento y restricciones por la pandemia de covid-19.

En total, según pudo establecer EL TIEMPO, fueron distribuidos 9.786 mercados y kits de aseo a personas cuyos registros habían sido cancelados previamente por causa de muerte o doble cedulación o falsa identidad o en proceso de expedición, entre otros motivos. No obstante, la mayoría de estos casos fueron personas fallecidas (9.366).

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Otros 12.971 supuestamente se identificaron con documentos que no se encuentran en el archivo nacional de identificación de la Registraduría ni en el de Migración Colombia.

El ente de control calcula que solo por estos dos hechos se presentó un detrimento superior a los 2.900 millones de pesos. La cifra incluye los porcentajes por istración (1 %) y logística en la entrega (5 %).

La distribución de los mercados y kits de aseo se hizo a través de un polémico contrato de prestación de servicios firmado entre 16 alcaldías locales, bajo los lineamientos y la supervisión de la Secretaría de Gobierno –en ese momento, en cabeza de Luis Ernesto Gómez, quien renunció el sábado al cargo de jefe de gabinete en la Alcaldía– y la Cruz Roja seccional Cundinamarca y Bogotá. Dicho contrato se firmó por 82.837 millones de pesos, de los cuales, finalmente, se ejecutaron 66.269 millones.

El organismo de atención humanitaria tenía a cargo, según el contrato 001 de 2020, la istración, planeación estratégica, logística y operación del suministro y entrega de ayudas humanitarias.

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El organismo de control fiscal, según documentos conocidos por EL TIEMPO, detectó también inconsistencias como que los números de cédula de ciudadanía registrados no coinciden con los nombres o estos no tienen soportes. En este caso, los investigadores totalizaron 16.270 registros.
Incluso, a un mismo número de identificación le fueron entregados 2, 3, 4 y hasta 5 mercados. Así ocurrió en 7.474 ocasiones. Y hubo casos en los que el supuesto beneficiario se registró con nombre y apellido, pero no aparece el número de documento de identidad. De estos, solo hay 19 reportes.

Con irregularidades como estas se habrían entregado 44.445 mercados entre mayo y septiembre de 2020 que estaban dirigidos a los hogares más pobres y vulnerables. Esas ayudas fueron pagadas con recursos de los Fondos de Desarrollo Local (FDL), los cuales tienen una destinación específica y son istrados por los alcaldes. Cada una de las ayudas les costó a los FDL 115.598 pesos.
El informe del organismo de control precisa que, luego de cruzar información con las bases de datos de la Registraduría y Migración Colombia, de un total de 447.716 mercados y kits de aseo distribuidos por las localidades durante la pandemia, 403.271 fueron válidos. Es decir que en el resto se desconocen las identidades reales de los beneficiarios.

Las localidades donde se presentó la entrega irregular de mercados fueron San Cristóbal, Tunjuelito, Fontibón, Suba, Teusaquillo, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy, Engativá, Barrios Unidos, Rafael Uribe, Sumapaz, Usaquén y Chapinero. Sin embargo, esta situación fue más evidente en Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba. Las tres representan el 49 por ciento de los casos detectados.
Las que menos fallas tuvieron fueron las de Sumapaz, Teusaquillo, Barrios Unidos, Puente Aranda y Chapinero. El caso de Antonio Nariño, que estaba entre las 16 alcaldías que contrataron a la Cruz Roja, el informe no la incluye porque existe otra actuación por solicitud de una edil de la localidad.

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Lo encontrado por la Contraloría de Bogotá –que en un principio archivó el caso y el año pasado lo reabrió ante la aparición de nuevas pruebas– ha sido fundamental en el proceso penal, según una fuente que pidió reserva del nombre, así como la denuncia del concejal Jorge Colmenares.

Dichos hallazgos están en manos de la Fiscalía, que, como lo había publicado este diario, adelanta una investigación penal contra los mismos 16 alcaldes por una presunta celebración indebida de contrato. En los próximos días se espera que cumplan la diligencia de interrogatorio a la que fueron citados, pero que lograron aplazar.

El contrato con la Cruz Roja se concretó mediante la figura de la urgencia manifiesta y en el marco de la emergencia sanitaria, económica y social que vivió la ciudad por la llegada del mortal virus.
Durante los primeros meses de la emergencia, declarada en marzo de 2020, en la ciudad se establecieron restricciones de la movilidad de las personas, lo que afectó a los hogares más vulnerables, porque no podían salir de sus viviendas.

Sobre dicho contrato se había pronunciado en agosto de 2020 la Personería de Bogotá, que advirtió de un posible sobrecosto en los paquetes de alimentación y aseo. También indicó que “debe precisarse si efectivamente los rubros tienen relación con la destinación del gasto, a efectos de clarificar si no se incurre en un posible hecho ilícito denominado peculado por aplicación oficial diferente”.

La Personería –que también investiga los contratos de mercados de las alcaldías de Los Mártires, La Candelaria, Ciudad Bolívar, Bosa y Antonio Nariño con la Cruz Roja– indicó además que la Secretaria de Gobierno estructuró los estudios para que los 16 FDL contrataran “los servicios de mercados y alojamiento con una entidad específica, pudiendo ir en contra de la descentralización istrativa y la autonomía de la ordenación del gasto que tienen las alcaldías locales”. En efecto, algunos alcaldes ados por este diario indicaron que sintieron “presiones” para que firmaran el contrato.

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Según el análisis de la Contraloría de Bogotá, las irregularidades en la entrega de mercados en las localidades se habrían presentado porque el operador del contrato supuestamente no cumplió “a cabalidad sus obligaciones”. Incluso, el organismo de control fiscal señala que “no hubo un mínimo control y organización para el adecuado registro de la información”. Cabe recordar que la seccional de la Cruz Roja se comprometió en el contrato de prestación de servicios a recoger la información de los beneficiarios a través de una aplicación tecnológica.

“Es evidente que el contratista incluyó registros para soportar entregas que resultan ser inexistentes, dada la imposibilidad física de que un fallecido o un número de identificación que no hace parte de los archivos nacionales o de migración recibieran el kit, en consecuencia los 15 FDL pagaron por unos bienes que no beneficiaron población pobre y vulnerable (...)”, advierte el informe.

Aunque EL TIEMPO se comunicó con la Cruz Roja para conocer la explicación sobre las inconsistencias e irregularidades en la entrega de mercados y kits de aseo de los que habla el documento de la Contraloría, este organismo de atención humanitaria se abstuvo de hacer algún pronunciamiento.
En respuesta a este diario, la Secretaría de Gobierno dijo que ante la problemática que estaban viviendo miles de familias en 2020, la reacción de la Alcaldía debía ser inmediata y “la pandemia demandaba acciones de atención y contención urgentes”.

Y agregó: “En un primer momento se entregaron ayudas bajo un esquema de verificación manual cumpliendo con rigurosidad los criterios de focalización y, paralelamente, con el fin de aumentar controles, el operador desarrolló una aplicación tecnológica que verificaba y cotejaba cada entrega de manera inmediata, lo cual disminuía al máximo la posibilidad de errores en el momento de registro” (ver recuadro).

No obstante, ante las fallas en la entrega de mercados, el informe de la Contraloría distrital afirma que “no fue efectiva la priorización efectuada con base en la focalización geográfica, así como con los parámetros establecidos para el funcionamiento del sistema Bogotá Solidaria en Casa (...)”.
Así mismo, el organismo de control señala que el comité técnico distrital de subsidios en especie, creado en el marco del mismo programa como una instancia de seguimiento, “solo hizo recomendaciones” (...). Esto a pesar de que en las sesiones del comité se detectó la necesidad de hacer una revisión a la estrategia de focalización.

“Se puede concluir que desde el inicio de la ejecución, la forma de entrega de las ayudas humanitarias que fue plasmada no fue aplicada en la forma prevista, pues la realidad resultó diferente a lo planteado de manera inicial como mecanismo de distribución”, se lee en el informe del ente de control.
EL TIEMPO conoció que la investigación fiscal ha avanzado a tal punto que en las próximas semanas se podrían conocer decisiones de la Contraloría de Bogotá sobre si los 15 alcaldes locales investigados tienen o no alguna responsabilidad en las irregularidades e inconsistencias en la entrega de mercados y kits de aseo durante el primer año de la pandemia.

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La Secretaría de Gobierno precisó que en la pandemia desplegó con las alcaldías locales un operativo humanitario que permitió la entrega de más de 450.000 mercados a familias vulnerables cuya seguridad alimentaria estaba comprometida. Y que con el fin de que dicha entrega “fuera exitosa” se contrató “a un organismo idóneo, experto y conocido por su transparencia y rigurosidad internacional, como la Cruz Roja, el cual fue el operador responsable de cada operativo local y de todas las entregas”. Explicó que dichas entregas se hicieron con base en dos criterios: uno, territorial, fundamentado en los mapas de pobreza de la ciudad que cruzan con el índice de vulnerabilidad, y dos, poblacional, sustentado en aquellos grupos que por su condición de vulnerabilidad necesitaban apoyos.

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GUILLERMO REINOSO
EDITOR SECCIÓN BOGOTÁ