El POT, ¿la solución al hacinamiento en las celdas de Bogotá?

Un delincuente que permanecía recluido en la estación de Policía de Barrios Unidos este domingo  manifestó estar enfermo. Atentos a la situación, los uniformados llamaron a una ambulancia que llegó hasta el sitio para atenderlo. Sin embargo, todo hacía parte de un plan de fuga. Una vez ingresaron, varios detenidos se lanzaron contra dos policías y los lesionaron para abrirles paso a 27 reclusos que se escaparon del lugar.

(Le puede interesar: ¿Los ha visto?: Buscan a presos que se fugaron de una estación de Policía)

“Mediante la labor de las unidades que estaban cerca se logra la recaptura de 20 de estos delincuentes. Tenemos cuatro venezolanos y tres colombianos aún fugados. Estas personas están por el delito de hurto, e igualmente tenemos una persona en un centro asistencial”, reconoció el comandante de la Metropolitana, el general Eliécer Camacho.

Para algunos, este hecho es una consecuencia del hacinamiento que se vive no solo en estaciones de Policía como la de esta fuga –que tiene un sobrecupo del 283,33 por ciento, según la Personería–, sino también en unidades de reacción inmediata (URI) de la Fiscalía, y las tres cárceles nacionales que están en la ciudad bajo istración del Inpec.

(Para seguir leyendo: El hampa acecha a Chicó Lago, la UPZ motor de Chapinero)

Según manifestó el experto en seguridad y exsecretario Hugo Acero, resolver esta situación es uno de los aspectos claves a la hora de reducir los índices de criminalidad en la capital.

“Hay que intervenir las zonas calientes, hacer los patrullajes con el ejército, dar empleo a los jóvenes, acciones preventivas. Pero uno no puede dejar de lado el tema privativo de la libertad porque ahí hay problemas. Las URI y estaciones están hacinadas; todo el mundo quiere meter delincuentes a las cárceles, pero no hay cárceles”, señaló Acero.

Incluso, advierte que al tiempo que avanza el nuevo proyecto de ley de seguridad ciudadana que está promoviendo el Gobierno Nacional para endurecer los castigos en contra de delincuentes que no terminan tras las rejas por diversas circunstancias, es importante avanzar en lo que propone el POT de esta istración: la posibilidad de construir en cualquier parte de la ciudad nuevos equipamientos de seguridad como cárceles, centros de traslado por protección (CTP antigua UPJ), URI, entre otros, algo que no está permitido en el POT vigente.

“Hace 20 años me fui de esta ciudad y había cinco URI, regresé y había cuatro. Construí una cárcel, regresé y no había un solo cupo más. ¿Cómo mejorar la seguridad si no queremos infraestructura para garantizar la seguridad?”, se preguntó el exfuncionario.

En el proyecto de POT, los equipamientos en seguridad están contemplados en la sección 3, ‘Sistema del cuidado y de servicios sociales, como servicios de seguridad ciudadana, defensa, convivencia y justicia’.

(Además: Conozca cuáles son las técnicas de los atracadores para robarlo)

Hasta el momento, y como medidas a mediano y largo plazo para contener el hacinamiento en Bogotá, la istración está avanzando en dos frentes. El primero es la construcción de las tres URI que planteó la alcaldesa, Claudia López, en su plan de desarrollo, y el segundo, sacar adelante una nueva cárcel con 2.200 cupos en predios de La Picota.

Según pudo establecer EL TIEMPO, de las tres URI prometidas una se está construyendo en Bosa; otra tiene terreno en Molinos, en el sur de la ciudad, cerca de la URI de Ciudad Bolívar, y para la otra falta conseguir terrenos, pero hay recursos para que sea en un área de Usaquén o en la localidad de Suba, cerca de la autopista Norte.

Y es que estas tareas se hacen de urgente cumplimiento teniendo en cuenta las cifras de ocupación desbordadas que hay en los centros de reclusión de la ciudad. La Personería de Bogotá reveló en un reciente informe que en 18 estaciones de Policía de la ciudad el hacinamiento asciende al 232,74 por ciento. Sin embargo, hay casos críticos como el de Bosa, que tiene una sobreocupación del 586,67 por ciento; Usaquén, con 510 por ciento, o Chapinero, con un 513,33 por ciento (ver gráfico).

“Se evidenció que el mayor número de personas privadas de la libertad corresponden a hombres con un total de 2.027; mujeres, 136 (una de ellas gestante), y extranjeros, 359, que representan el 15,9 por ciento del total de personas retenidas. También se encontraron 36 personas mayores y 14 con discapacidad, sin sitios de detención especial. Además, ocho de población indígenas y tres LGTBI”, explicaron en el ente de control.

Las cifras del Inpec sobre la ocupación de las prisiones nacionales también generan inquietud. Bogotá tiene una sobrepoblación carcelaria de cerca de 2.000 internos: un hacinamiento del 19,2 por ciento. En La Picota, la sobreocupación está por encima del 17,8 por ciento; en La Modelo, 12,8, y en el Buen Pastor, 41,7 por ciento.

Y sobre estos establecimientos el POT también tiene planes. Según explicó Andrés Preciado, docente e investigador de la Eafit, el Buen Pastor y La Modelo quedaron con excepciones y no se les requiere permanencia, eso quiere decir que pueden modificar su uso a usos más rentables y quedaron en tratamiento de renovación urbana y área urbana estratégica, para que puedan generar el mayor aprovechamiento económico posible y así dar viabilidad al proyecto de traslado y de unificación de las cárceles.

“La Picota quedó sin obligaciones urbanísticas para que se puedan desarrollar los proyectos de unificación en La Picota de las tres cárceles, un proyecto de ciudad muy relevante al que debe darse celeridad y sin duda es una apuesta valiosa de la istración distrital. Todos estos proyectos, como debe ser, tienen que tener o estar sujetos a concepto favorable de la Secretaría de Seguridad”, concluyó Preciado.

En un reciente foro de EL TIEMPO y ELTIEMPO.COM, la secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez, explicó que los cambios en el proyecto POT en materia de nuevos equipamientos de justicia beneficiarían también a las mujeres. “Además de la nueva cárcel distrital y las cuatro URI, plantea la construcción de siete casas de justicia. Algo vital para la ciudadanía es que no solo haya seguridad, sino a la justicia para las mujeres y las poblaciones más vulnerables”, aseguró Rodríguez.

En estas casas de justicia se garantizará que una víctima de violencias pueda encontrar representantes de todas las instituciones que necesite para resolver su caso. “Estarán ahí la Secretaría de la Mujer y de Seguridad, la Defensoría y el ICBF para que la persona no tenga que ir de un lado a otro”, explicó Rodríguez.

EL TIEMPO