Crisis de salud en el Valle: cierran salas pediátricas y ginecológicas; duro testimonio de especialista que quedó sin empleo

Cada mes, las deudas de las EPS o entidades promotoras de salud con hospitales y clínica aumenta en $ 250.000 millones.

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“Tenemos el recurso humano que depende de las plantas pagado, pero a los especialistas y a los contratistas externos les debemos hasta dos meses, eso en lo público. En lo privado hay cierre de servicios, como los de pediatría, de ginecobstetricia y muchas especialidades porque no hay cómo financiarlos. Es crítica la situación financiera en lo público y lo privado”, dijo la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes. 

La funcionaria reiteró que la crisis no solo ha golpeado a la red pública, sino privada, en áreas de neonatos y pediátricas. Una de ellas, el área pediátrica de la Fundación Clínica Infantil Club Noel. 

Por el cierre de esta unidad de recién nacidos en la Farallones, 19 especialistas ginecólogos y nueve neonatólogos se quedaron sin empleo para brindar atención a mujeres embarazadas, estar atentos a su  evolución, a que los partos se lleven a cabo sin inconvenientes, y a determinar cómo avanza el estado de recién nacidos y de sus madres.

La ginecobstetra Andrea Gómez Perdomo es parte de los especialistas afectados por el cierre de dicha unidad: "Mi momento de sinceridad ante la situación crítica que atraviesa la salud de las mujeres embarazadas de nuestro país.  ¡El cierre de unidades obstétricas en nuestro país es excesivo! Nuestros niños ya no van a tener en donde nacer. ¡Hoy se suma el cierre de la unidad de alto riesgo de la Clínica Farallones, la cual me deja un hueco en el alma! ¡Gracias a mis compañeros porque me enseñaron lo que es en realidad trabajar con un equipo! Los quiero! ¡Y a seguir trabajando desde donde podamos por nuestras mujeres!".

La médica especialista dijo también que "19 especialistas ginecólogos y nueve neonatólogos se quedaron sin trabajo en la clínica".

Sostuvo, además: "Las pacientes de las EPS están en alto riesgo por complicaciones, falta de oportunidad y congestión de los servicios".

"Yo llevo poco (en la clínica). Ahora, pues buscar, el problema es que como han cerrado tantas unidades y somos muchos ginecólogos y neonatólogos, no hay espacio para tantos", agregó la ginecobstetra Gómez Perdomo. 

Otra de las instituciones afectadas es la clínica Palmira, cuya área de recién nacidos agonizó. Tuvo que ser cerrada por la crisis. 

Mientras tanto, los hospitales Isaías Duarte Cancino, Mario Correa Rengifo y San Juan de Dios, en Cali, así como el Tomás Uribe Uribe, de Tuluá, están en cuidados intensivos. 

El Mario Correa arrastra una deuda de $ 46.000 millones de años anteriores. Solo en el último año, el 2024, esa cifra ascendió a $ 19.000 millones. Por eso, se mantiene el fantasma del colapso del sistema de salud del Valle del Cauca.

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La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló la urgencia de consolidar la que llama Red Integrada Integral de Servicios propuesta desde el departamento como una alternativa para mejorar las finanzas de los hospitales ante los retrasos en el pago del giro por los servicios prestados.

“Si logramos implementar esta Red Integrada de Servicios, podríamos regularizar los pagos. Con este modelo, sería posible establecer un mecanismo acordado que garantice el flujo de recursos en los hospitales públicos y evite interrupciones en la atención”, explicó la mandataria sobre el modelo.

Dijo, que actualmente, en el departamento, ocho de las 11 EPS de la región están intervenidas, mientras la deuda con la red pública supera el billón de pesos.

La gobernadora del Valle advirtió que la crisis se agrava con la reciente modificación en la metodología de pago, que ahora se realiza mediante giros bimensuales, dificultando la sostenibilidad financiera de los hospitales. 

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“Ahora hacen dos giros y así los hospitales no pueden sostenerse. Es muy difícil prestar un servicio de calidad en estas condiciones. En promedio, en el Valle solo se recibe el 60 % o menos de los recursos esperados, y en algunos casos, como en el hospital de Tuluá, apenas el 43 % del corriente. Esta es una de las cosas que más afugias nos da; si se les pagara el 80 %, por lo menos, ese 20 % quedaba allí, aunque son unas deudas, pero el flujo sería mejor”, enfatizó.

Recordó que el gobierno departamental ha implementado medidas como la descentralización de servicios médicos especializados para reducir brechas en la atención, así como la asignación de recursos para garantizar el pago de nómina. 

“El año pasado, nos tocó darles a los hospitales $ 24.000 millones, porque no tenían con qué pagar. Pagan la nómina muchas veces, pero no pagan proveedores, entonces cuando van a atender, pues ya el proveedor no les da el medicamento porque no han pagado y quien sufre es el paciente", dijo la mandataria. 

"Por eso, no es momento de quejarse más, busquemos soluciones, presentemos soluciones para que juntos podamos construir algo que les sirva a ustedes, pero lo más importante que le sirva a la gente, a los pacientes que son los que requieren los servicios”, sostuvo la gobernadora Toro.

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Ese llamado lo elevan también de los mismos centros asistenciales y de la Asociación de Hospitales y Empresas Sociales del Estado del Valle del Cauca (Asohosval). Esta agremiación tiene 52 hospitales.

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"Nos permitimos manifestar que la red pública del departamento del Valle se encuentra al borde del colapso financiero ante la falta de pago de los servicios prestados a la población usuaria de EPS que, como Emssanar, Nueva EPS, Coosalud y Asmetsalud, intervenidas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y de las cuales se tiene alta dependencia económica, toda vez que el mayor porcentaje de la población del régimen subsidiado se encuentra concentrada en estas entidades", dice un comunicado de Asohosval.

Pero desde hace mucho más de dos décadas, el hospital trae una cruz a cuestas: una deuda acumulada con la Dian de $ 50.000 millones y el clamor insistente a las entidades promotoras de salud (EPS) para que le paguen a la institución por la atención de pacientes, en especial, la población pobre y del régimen subsidiado. Para su funcionamiento se requieren unos $ 40.000 millones más.

El hospital San Juan de Dios registra un promedio de 126.000 atenciones anuales, de las cuales, el 60 por ciento corresponde a comunidad migrante y a habitantes de calle.

En el transcurso de estas décadas, los gerentes de turno y en el último año, la actual secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, quien venía de la anterior istración, de Clara Luz Roldán, y fue ratificada en esta dependencia, han elevado peticiones hasta el cansancio al Gobierno Nacional para que el hospital reciba ayuda y salga de su condición de ‘cuidados intensivos’.

Este panorama recuerda aquella crisis de 1999, cuando esta institución entró en concordato y en la cual, la Arquidiócesis, la Gobernación y la Alcaldía de la ciudad tienen asiento en la junta directiva.

El hospital brinda servicios de II nivel de complejidad y empezó a padecer la falta de recursos y las deudas por las entidades promotoras de salud (EPS), como otros hospitales de la región que por la ley 100 de la época debían ser autosostenibles.

Una de esas salidas, como lo dijo Lesmes y la propuso desde hace dos años, es que el hospital pueda ser reconocido por el Estado como un centro asistencial completamente público.

Como no lo es, sino que es un hospital fundacional, el departamento no puede prestar un servicio de asistencia dentro del mismo. “Estamos pidiendo que en la nueva legislatura de salud quede claro que los hospitales fundacionales deben ser hospitales públicos y puedan acceder a recursos del departamento, de la Nación y poder ayudar”, dijo Lesmes, recordando sus palabras del 2023.

Hay tres salidas, según la secretaria Lesmes: una, la revisión de recursos con la Dian; dos, pagos por la atención a migrantes y tres, la conversión del hospital en empresa pública.

CAROLINA BOHÓRQUEZ 

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali