Se aviva polémica por contrato de Troncal: Metrocali citó en audiencia a concesionario que ganó licitación

La construcción de carriles exclusivos del Masivo Integrado de Occidente (MIO), a lado y lado de la autopista Simón Bolívar, en el suroriente de Cali, es una obra del tercer tramo de 3,1 kilómetros que abarcará la Troncal Oriental del sistema de transporte de la ciudad, conectada al tren de cercanías (este último, si pasa de ser un proyecto de más de ocho años a la realidad).

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Sin embargo, desde finales del año pasado, la obra la Troncal Oriental por $ 132 mil millones no ha arrancado, en medio de una polémica con la Contraloría de Cali, la Personería distrital y la Procuraduría. 

Toda esta controversia empezó, cuando el consorcio Metro Cali Tramo 3 cuestionó la autenticidad de una certificación presentada por el ganador de la adjudicación: Proingeco 2024, conformado por Sainc Ingeco S. A. S. y Proyectos de Ingeniería S. A. (Proing S. A.).

Según el proponente Metro Cali Tramo 3, uno de los documentos en cuestión es un certificado de la Fiduciaria Bancolombia que acredita la experiencia en labores de construcción de Proing S. A.

Asimismo, el consorcio señaló en la solicitud de la revocatoria de la adjudicación a Metrocali: "Rechácese la oferta del consorcio Proingeco 2024 por encontrarse inmersa en la causal de rechazo H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad (...)".

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En dicha solicitud, el mismo consorcio también reclamó que se efectúe, de nuevo, "el orden de elegibilidad con base en las propuestas económicas hábiles" y como consecuencia de ello, pidió que se adjudique el proceso a este mismo consorcio, Metro Cali Tramo III.

Aunque el presidente de Metrocali, Álvaro Rengifo, ha defendido el proceso y había sostenido en febrero de este 2025 que el proyecto seguiría y que no se aceptaba la petición de revocar la escogencia de la firma ganadora de la millonaria licitación, dio reversa en la decisión de firmar el arranque de los trabajos.

“Metrocali informa que ha decidido aplazar la firma del acta de inicio de este contrato. Esta medida se adopta con base en una comunicación oficial remitida por la Fiduciaria Bancolombia S. A.”, informaron en la entidad.

Se indicó que la decisión para recibir tal comunicación de la fiduciaria fue un requerimiento de Metrocali que llegó en esta última semana al correo del presidente del ente gestor del MIO.

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"Frente a la información sobreviniente, Metrocali ha solicitado al consorcio Proingeco las aclaraciones necesarias y evaluará la información que suministre", dice el comunicado oficial.

Para el ente gestor del MIO, "es importante resaltar que, hasta la fecha, no se ha efectuado ningún desembolso por concepto de anticipo para la ejecución de esta obra y reitera que sus actuaciones están encaminadas a la defensa de los recursos que son de todos los caleños. Finalmente, Metrocali ratifica su compromiso con la transparencia, la vigilancia y la salvaguarda del interés público".

En un comunicado del 30 de marzo, Metrocali y su presidente indicaron: "Metrocali informa a la ciudadanía que el pasado viernes 28 de marzo recibió por parte de la gerencia departamental colegiada de la Contraloría General de la República una 'comunicación de observaciones' dentro del proceso de auditoría que dicho órgano de control adelanta sobre la licitación pública del tramo tres de la Troncal Oriental del MIO".

Puntualizaron: "En el marco del compromiso institucional de garantizar la total transparencia de este proceso, valoramos el interés, acompañamiento y vigilancia de la Contraloría General de la República, a través de su gerencia departamental colegiada, porque este tipo de ejercicios garantizan el cuidado en el uso de los recursos públicos. Aunque en el caso particular no haya habido traslado de dineros al contratista".

Agregaron: "Desde el momento en que se tuvo conocimiento del requerimiento, el equipo jurídico y técnico de Metrocali trabaja de forma prioritaria y articulada en la construcción de la respuesta, la cual será presentada dentro del plazo otorgado de dos días hábiles, incluyendo los soportes documentales y argumentos necesarios para aclarar las observaciones planteadas. Es importante destacar que todas las solicitudes y requerimientos realizados por los entes de control han sido atendidos con prontitud y rigor, en coherencia con la forma transparente, ordenada y técnica en la que Metrocali ha desarrollado este proceso contractual desde su inicio. La entidad reafirma su compromiso de mantener abiertos todos los canales de verificación y control institucional".

Según el ente gestor del MIO, "adicionalmente, en cumplimiento del debido proceso, Metrocali ha citado una audiencia formal de aclaración al consorcio Troncal Proingeco 2024, adjudicatario del contrato, con el propósito de que brinde la información necesaria sobre los documentos que deben ser aclarados, en especial, luego de la suspensión preventiva de la firma del acta de inicio del contrato, decidida por la entidad, el pasado 26 de marzo".

"En dicho espacio, Metrocali verificará si se ha configurado alguna situación que deba atender el mismo contratista, la Fiduciaria Bancolombia o el Registro Único de Proponentes (RUP), que istra la Cámara de Comercio de Cali. Metrocali ha actuado y seguirá actuando conforme a la ley, con responsabilidad, rigor técnico y absoluto respeto por el debido proceso. En este caso, como en todos los demás, la prioridad es proteger los recursos públicos de Santiago de Cali. Reiteramos a la ciudadanía que no se ha realizado ningún desembolso ni anticipo asociado a este contrato, y que cada actuación de Metro Cali está guiada por la convicción firme de que los dineros de los caleños se cuidan y se protegen", indicaron en la entidad.

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No obstante, del consorcio Metro Cali Tramo 3 que plantearon la queja sobre las presuntas irregularidades en el documento de la fiduciaria y en la experiencia de Proingeco 2024, le dijeron a EL TIEMPO que el documento solicitado a Bancolombia no fue un requerimiento de Metrocali, sino del mismo consorcio. 

Uno de los temas de mayor cuestionamiento que hicieron los concejales citantes fue que desde Metrocali no se tuvieron en cuenta las observaciones y advertencias que hicieron los órganos de control a los documentos que se presumen dudosos por parte del contratista Proingeco 2024 en relación con una certificación de la fiduciaria Bancolombia y asimismo, la relación de la secretaría general de Metrocali Sandra Lorena Alvarez Castellón, como accionaria de uno de los integrantes del consorcio Proingeco 2024.

“No se entiende cómo con dos controles de advertencia hechos desde la Contraloría y la Personería no se suspendió el proceso contractual, primero teniendo en cuenta que son $ 132 mil millones, la alerta sobre presuntas irregularidades en la documentación presentada, al punto de que lo dicho por la Personería fue a parar a la Procuraduría y lo dicho por la Contraloría se fue para la Fiscalía”, dijo la concejal Ana Leidy Erazo, segunda vicepresidenta del cabildo en Cali.

La concejal María del Carmen Londoño cuestionó que teniendo las advertencias hechas por los órganos de control locales, Metrocali debió nombrar un nuevo comité evaluador para dar transparencia al proceso. “Continuar con este contrato significa que las investigaciones continuarán a otro nivel”, dijo Londoño

Añadió que presuntos delitos como falsedad en documento, posible fraude procesal y un presunto detrimento patrimonial, serán motivo de investigación.

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La "Contraloría General de Cali sugirió que en el proceso contractual entre Metrocali y Proingeco2024 se aportan certificaciones que no fueron expedidas por la fiduciaria Bancolombia y que no reposa en sus archivos. Ante la gravedad de estos hallazgos, la Contraloría trasladó un informe con las pruebas recusadas a la Fiscalía General de la Nación", dijo Londoño.

También manifestó: "La Procuraduría provincial también ordenó iniciar las acciones disciplinarias que correspondan en contra de Metrocali S.A. por la existencia de aparentes irregularidades dentro del proceso contractual No. 915.108.2.01.2024 y ratificó la presunción de falsedad de la certificación presentada por parte del consorcio integrado por Proingeco 2024, Proyectos de Ingeniería S. A. y Proing S. A.”.

"Lo anterior me lleva a solicitar que también la Oficina de Transparencia de la Presidencia de Colombia, una apertura de investigación contra el presidente de Metrocali Álvaro Rengifo, funcionarios de la entidad y representantes de Proingeco 2024. Estas acciones son muestra de que la “transparencia” que promueve el alcalde Alejandro Eder se queda en discurso, porque sus funcionarios deberían entender que no obedecer la ley, también es corrupción. Y es muy grave no atender los llamados de la Personería y la Contraloría para detener la contratación del tramo III de la Troncal Oriental, que al parecer esta viciadas por falsedad en documento", afirmó Londoño.

"Alcalde Alejandro Eder, así no se revive a Cali, usted prometió que en su istración no habrían hechos de corrupción, pero hechos, como los que evidenciamos hoy. Nos hacen pensar que habría corrupción en la alcaldía de Cali", aseguró Londoño.

El presidente del Concejo del distrito, Édison Lucumí, dijo que este debate de control político continuará ahora en los despachos de los órganos de control como son la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. 

“Como concejales hicimos la labor que nos corresponde, por eso estos debates de control político tienen esas garantías”, expresó Lucumí, quien no descartó que venga ahora una audiencia para el personero y el contralor en relación con el tema Metrocali y el contrato tramo III.

El concejal James Junior Agudelo cuestionó si los entes de control advirtieron con antelación sobre las presuntas irregularidades previo a la adjudicación, a lo que el presidente de Metrocali aclaró que las advertencias fueron posterior a la adjudicación.

Sobre una posible falsedad en una certificación, el presidente del ente gestor, dijo que el proceso es transparente y ante la advertencia de una certificación falsa, “esa certificación no era necesaria. De cuatro certificados presentados, dos habilitaban al consorcio, más no la que se señala como falsa. Por eso continuamos adelante dada la idoneidad del proponente”.

El concejal Rafael Andrés Escobar volvió a cuestionar el hecho que la secretaría general de Metrocali habría sido juez y parte en el proceso. “No existía copia de la certificación presentada por Proingeco 2024 a Metrocali como parte de su experiencia”, dijo Escobar. Igualmente recordó, según comunicado del concejo de Cali, que "Sandra Lorena Álvarez, hoy secretaria general de Metrocali, fue dueña de Colproyect ingeniería SAS, que a su vez hace parte del consorcio Proingeco 2024". 

El presidente de Metrocali dijo ante la plenaria del Concejo que lo que hizo la entidad, en 2024, con la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible del ministerio de Transporte fue la armonización del tramo III del MIO con el tren de cercanías, de ahí que la publicación de pliegos se hiciera en octubre del año 2024.

Con respecto de las afirmaciones de favorecimiento a terceros en la licitación del tramo III del MIO, Rengifo dijo que este fue un proceso transparente que no tenía espacio a manipulación. “Los pliegos por ejemplo fueron pliegos tipo de Colombia compra eficiente para los Sistemas de Transporte Masivo del país, eso desvirtúa la posibilidad de un pliego tipo sastre, como se manifestó”, dijo Rengifo.

A su vez, el presidente de Metrocali presentó un documento de la Personería de Cali, de fecha 23 de diciembre de 2024, en el que el personero delegado Sergio Romario Sánchez González, personero delegado, afirmó “La Personería de Cali no posee competencia funcional, legal, ni constitucional para ordenar la revocatoria y suspensión de la adjudicación mencionada. No obstante, remito la petición a usted quién es el funcionario competente para tomar las medidas istrativas necesarias”.

Posteriormente, dijo que llegó una nueva comunicación de la Personería en la que se pide la suspensión del proceso contractual.

En relación con la Contraloría de Cali, Rengifo informó que Proingeco recibió comunicación de ese ente de control de fecha 21 de marzo, en respuesta a un cuestionamiento que hizo el consorcio en la que indica el órgano de control que “que la Contraloría como ente de control fiscal, no tiene competencia para determinar la falsedad o autenticidad de documento, esa labor corresponde a la Fiscalía y la Procuraduría donde se trasladó el proceso”.

Según Metrocali, tras superar la etapa de adjudicación, el pasado 23 de diciembre "se recibió la solicitud de revocatoria directa por Metro Cali Tramo 3, representado por Carlos Andrés Leyva. En su escrito, Leyva señala que el proceso habría sido adjudicado por medios ilegales y refiere cinco argumentos para apalancar su petición".

El presidente de Metrocali insistió en que tuvo asesoramiento externo del exmagistrado del Consejo de Estado Álvaro Namén Vargas, "quien respondió dentro de los términos de ley, desvirtuando y negando cada uno de los argumentos presentados por el consorcio Metro Cali Tramo III".

"A partir de las consideraciones expresadas en este documento, así como de acuerdo con las pruebas y documentación recaudada por la entidad, los argumentos esbozados por el peticionario y documentos aportados no dan prueba suficiente de que el acto de adjudicación se haya obtenido por medios ilegales que conlleven su revocatoria, en cuanto a que no se han acreditado las circunstancias de su procedencia, según lo previsto en el artículo 9 de la ley 1150 de 2007. Por tal razón, no es procedente la revocatoria del acto de adjudicación del 19 de diciembre de 2024, así como tampoco la suspensión de sus efectos ni el rechazo de las ofertas de los proponentes”, es el resumen de la decisión adoptada por Metrocali.

"Para Metrocali, es importante aclarar que si bien solicitó a la Fiduciaria Bancolombia copia del documento cuestionado, a pesar de que la entidad no lo ha encontrado en sus archivos físicos ni digitales, en ningún momento ha dicho que la obra no fue ejecutada y tampoco ha desconocido la autenticidad de la certificación aportada por el consorcio Proingeco 2024", dijo el presidente Rengifo.

EL TIEMPO se comunicó con Proing, de Proingeco 2024, el ganador de la licitación, y allí respondieron ante los cuestionamientos.

Sobre la legitimidad del proceso y claridad del marco normativo, "es importante aclarar que el adjudicatario en el proceso licitatorio fue el consorcio Proingeco 2024, que está conformado por las sociedades Sainc y Proing, empresas caleñas, con años de trayectoria en proyectos de construcción de infraestructura", dijeron en Proing.

A su vez, dijeron: "La queja fue presentada por un consorcio que no resultó adjudicatario en la licitación, por lo que su intención evidente es retrotraer el proceso a etapas ya superadas en busca de una nueva oportunidad, lo cual contraviene el principio de seguridad jurídica en los procesos de contratación".

En otro aparte explicaron: "El quejoso ha magnificado dudas personales como si fueran el centro del cuestionamiento, omitiendo lo realmente importante. Metrocali ha realizado un proceso riguroso y cuidadoso. Metrocali S. A. condujo un proceso de selección transparente, plural y justo, permitiendo a todos los oferentes un plazo de 16 días para presentar objeciones sobre la documentación y requisitos, periodo en el cual no se registraron reparos sustanciales por parte del quejoso".

También indicaron: "Si bien Metrocali se rige por el estatuto de contratación privada, voluntariamente acoge el modelo de contratación pública de la ley 80 de 1993 para garantizar un mayor grado de transparencia y equidad en la selección del contratista".

En este punto, el consorcio ganador coincidió con el presidente de Metrocali, en cuanto a que la entidad optó por la ley de contratación estatal, argumentando que habría podido hacerlo bajo dicho estatuto de contratación privada.

A su vez, en Proing se refirieron al punto sobre idoneidad y experiencia acreditada del consorcio Proingeco, indicando que las empresas que lo conforman son "empresas comprometidas con la correcta ejecución de los proyectos, en los cuales participan, con una amplia trayectoria en la ejecución de proyectos de infraestructura, lo que garantiza su idoneidad técnica y istrativa".

También mencionó que para certificar la experiencia de Proingeco, sus directivas presentaron a la licitación "un número de cuatro contratos relevantes", mencionando: "Construcciones del terminal cabecera Sameco, construcción del centro de la felicidad CEFE, en Bogotá; parques del río Medellín; construcción de vías nuevas pavimentadas equivalentes en calzadas de 7 metros, en un trayecto de 12,8 kilómetros intervenidos, y de vivienda y vías urbanas. Esta última se presentó de forma adicional, ya que con los tres contratos restantes se cumplía a cabalidad con la experiencia requerida".

En Proing agregaron: "La objeción del consorcio quejoso, que nunca presentó durante el proceso licitatorio, se centra en la errónea interpretación de que una fiduciaria no puede certificar la experiencia de un proyecto donde ha actuado como agente fiduciario. Sin embargo, la Cámara de Comercio de Cali ha aclarado formalmente que esto es incorrecto y que, conforme con la normativa vigente, la fiduciaria sí puede expedir dicha certificación. También, el quejoso hace referencia a la certificación en el RUP (Registro Único de Proponentes), indicando que no es la misma que la acreditada para la licitación, desconociendo que es

perfectamente válido aportar certificaciones que amplíen o

detallen las actividades que no quedan incluidas en la

certificación del RUP, siempre que estén ajustadas a la realidad

de lo que se ejecutó en el proyecto".

Según Proing, "esto puede suceder normalmente porque los contratistas solicitan certificaciones detallando el alcance o el objeto para dar mayor claridad a los organismos evaluadores en los procesos licitatorios, pero se trata de la misma obra realizada".

CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali