Se inicia retorno de la comunidad indígena emberá katío desde Medellín a Alto Andágueda

Más de 800 indígenas regresan a Bagadó, Chocó, tras cinco años en la capital de Antioquia.

El martes 23 y el jueves 24 de mayo cerca de 800 indígenas de la comunidad Embera Katío retornarán a su territorio en Alto Andágueda, departamento del Chocó, gracias a la articulación de la istración de Medellín con entidades como la Unidad Nacional para las Víctimas. Cabe destacar que los integrantes de esta población indígena indicaron haber sido desplazados por grupos armados ilegales de sus tierras, en Bagadó (Chocó), por lo que se asentaron en Medellín a la espera de poder quedarse en la capital. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

PERIODISTA23.05.2023 09:49 Actualizado: 23.05.2023 15:27

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Después de cinco años de permanecer en las calles e inquilinatos de Medellín, por causa del desplazamiento forzado y la constante presencia de los grupos armados ilegales, más de 800 indígenas de la comunidad emberá katío del resguardo Tahami de Alto Andágueda (Chocó) regresan esta semana a su territorio.

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En un viaje de tres días, que es organizado por la Unidad de Víctimas y la alcaldía de Medellín, 215 familias retornan a la zona rural de Bagadó con la esperanza de que la ayuda humanitaria y los proyectos productivos les permitan quedarse allí de manera permanente.

A las 6 de la tarde de este martes, 23 de mayo, sale desde Medellín el primer grupo de buses que los llevarán hasta el resguardo Dokabú, en la zona rural de Pueblo Rico (Risaralda). La segunda tanda hará lo propio el jueves, 25 de mayo.

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Una vez estén allí, las familias recibirán alimentos, materiales para acondicionar sus viviendas, insumos para proyectos de artesanías y el pago del transporte en mula que los llevará hasta sus hogares.

El camino hasta la zona 4 —una de las más alejadas del resguardo— puede tomar entre 7 y 10 horas a lomo de mula y se espera que sea completado en el tercer día de viaje desde la capital de Antioquia.

"La ciudad es muy diferente, hay unos riesgos difíciles y afectaciones de los niños, porque las mamás mendigan en la calle. Los hombres en el territorio son trabajadores, acá los ciudadanos son muy diferentes. Las personas no tienen experiencia para buscar empleo. Somos desplazados y a veces las instituciones ignoran nuestros derechos", expresó Pedro Vitucay, uno de los líderes indígena.

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Se estima que más de 2.000 indígenas han sido desplazados de Alto Andágueda por la violencia entre guerrillas y grupos paramilitares. Por ello, las entidades nacionales, departamentales y locales trabajan coordinadamente para asegurar un proceso de retorno exitoso.

Entre las entidades que hacen parte del proceso están el ICBF, la Unidad Nacional de Atención y Reparación a Víctimas (UARIV), la Personería de Medellín, la Defensoría del Pueblo, la gobernación de Antioquia y Chocó, y alcaldías de este departamento.

Para garantizar el traslado de los 866 indígenas y sus pertenencias, las autoridades iniciaron este fin de semana la logística para recoger los enseres de las familias en los inquilinatos donde vivían, en el centro de Medellín, y en la Institución Educativa Héctor Abad Gómez, lugar en que permanecieron durante un mes cerca de 200 personas.

A la comunidad se le entregó más de 3.000 costables para el embalaje de sus pertenencias, así como 210 maletas y kits diferenciales para las familias con menores en primera infancia que incluye pañales desechables y teteros.

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Aunque el transporte y las ayudas humanitarias están garantizadas para la totalidad de los indígenas, unos 550 se verán beneficiados por los proyectos productivos que adelantará la Unidad de Víctimas en el territorio, debido que este es el número de personas acreditadas como afectados por el conflicto armado.

Para garantizar que todas las personas se beneficien del programa, la entidad coordinará con las autoridades regionales y locales la atención al resto de la población. "En caso de no tener garantías, nuevamente haremos una minga para que las autoridades puedan cumplir nuestros derechos", advirtió Vitucay.

Según Claudia Segura, coordinadora de retornos y reubicaciones de la Unidad de Víctimas, el retorno "da cumplimiento a los principios de voluntariedad, dignidad y seguridad y a los compromisos del Estado con la comunidad".

La funcionaria, además, resaltó que se busca que el proceso sea sostenible en el tiempo, para lo cual se realizará seguimiento a las condiciones de la población en el territorio. Para ello, la Unidad de Víctimas destinó 1.086 millones de pesos en inversiones.

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“Esperamos que esta comunidad pueda retornar con dignidad y seguridad, le solicitamos al Gobierno Nacional y a la gobernación del Chocó que en su territorio ancestral se den todas las garantías y las condiciones para que este retorno pueda ser sostenible”, afirmó Alexis Mejía, gerente (e) de Etnias de Medellín.

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