Las 9 denuncias claves de Federico Gutiérrez contra la alcaldía de Daniel Quintero

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, prometió desde la campaña que realizaría una auditoría forense a procesos de contratación y manejo de recursos en diferentes entidades del Distrito durante la istración de Daniel Quintero.

(Además: Exclusivo: Daniel Quintero habla tras denuncias de Fico Gutiérrez, 'lo veo desesperado').

Los primeros resultados de ese proceso —que inició desde el empalme, en diciembre pasado— fueron anunciados este lunes 4 de marzo por la propia alcaldía de Medellín en un discurso ante medios de comunicación. 

(También: 'No ando buscando puestos. Rechacé el ofrecimiento del Presidente': Daniel Quintero).

Según el mandatario, hay 501 de hallazgos de presunta corrupción en el Conglomerado Público de Medellín cometidos entre 2020 y 2023, que ya fueron puestos en conocimiento de los organismos de control con sus respectivas denuncias. 

"Será muy importante que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría se encarguen de esto. Solo espero que se haga justicia porque Medellín fue saqueada", refirió Gutiérrez. 

Durante su discurso, el alcalde presentó cientos de folios relacionados con nueve casos de irregularidades. Sin embargo, precisó que aún faltan por revelar más hechos en entidades como EPM, Emvarias, Afinia, Ruta N, Metrosalud, Hospital General, Hospital Concejo de Medellín, entre otras. 

"Mi responsabilidad es poner en conocimiento de los entes de control y la ciudadanía los hallazgos con incidencia disciplinaria, penal y fiscal, para que sean ellos quienes determinen si, en efecto, hay faltas o delitos", agregó el alcalde. 

(Además: Lo que hay detrás de las 12 muertes de turistas extranjeros en Medellín en 2024).

Gutiérrez explicó que en la mayoría de casos la alcaldía se constituyó como víctima para asistir a las audiencias, ser notificados de las actuaciones y, eventualmente, ser indemnizada por perjuicios.

Además, el mandatario agradeció a las veedurías ciudadanas, medios de comunicación, concejales, diputados, congresistas y servidores públicos que en su momento hicieron las respectivas denuncias por posibles hechos de corrupción. 

La primera denuncia que presentó Gutiérrez la llamó 'Computadores sin futuro'. "El programa bandera de la istración 2020-2023 fue presuntamente fraudulento y lleno de irregularidades", dijo el mandatario. EL TIEMPO reveló en 2022 las múltiples modificaciones que tuvo el contrato. 

Gutiérrez denunció modificaciones en las especificaciones de los equipos después de ser adjudicados, una presunta celebración indebida de contrato y presuntos sobrecostos por cerca de 38.000 millones de pesos, así como un supuesto peculado en favor a terceros.

El mandatario señaló que, una vez celebrado el contrato, por medio de la interventoría, se aceptó modificar las condiciones sobre las cuales se hizo el proceso contractual y se entregaron más de 9.000 computadores como incentivo, algo que, según Gutiérrez, configuraría una indebida celebración de contratos y favorecimiento a terceros.

Los computadores fueron contratados inicialmente por 1'098.370 pesos, pero durante la ejecución se pagaron por un valor de 1'497.'65 pesos, dijo el mandatario, con un incremento del 36 por ciento. 

El segundo caso tiene que ver con el programa Prespuesto Participativo de Medellín. El alcalde Gutiérrez alertó que, durante la istración de Daniel Quintero, se identificó la suplantación de ciudadanos en las votaciones del programa,

"Durante la istración anterior se habrían utilizado datos personales sin autorización en las votaciones virtuales, presuntamente, con el propósito de direccionar los recursos hacia proyectos y programas específicos", afirmó el alcalde de Medellín y agregó que se habría creado un presunto carrusel de contratación para direccionar los recursos —unos 25.000 millones de pesos en 2023— a 18 corporaciones. 

El supuesto carrusel estaría soportado en correos electrónicos con códigos internos que, al parecer, se utilizaban para identificar a las empresas que debían contratar. "Personas de nivel directivo daban instrucciones precisas para adjudicar contrataciones del presupuesto participativo a algunas corporaciones. Esto se hacía desde un correo de Gmail, no uno institucional", precisó.

(Lea también: Así operan los grupos delincuenciales que azotan al parque Lleras en Medellín).

A ello se suma que habría evidencias de una presunta desviación de fondos del presupuesto participativo para la financiación de campañas políticas en la carrera por la alcaldía de Medellín. 

"Este correo fue recibido en la línea ética de Plaza Mayor, donde una corporación manifiesta que no le han realizado un pago por un servicio prestado en el contexto de este caso de presupuesto participativo, porque quien debía realizar el pago supuestamente tuvo que entregar un porcentaje para una campaña política a la alcaldía de Medellín. Este grave hecho ya está en conocimiento

de la Fiscalía", denunció Gutiérrez.

El tercer caso refiere al contrato de comodato entre Saludcoop y la alcaldía de Medellín para la operación de la clínica de la 80 durante la pandemia por el Covid-19 y las posteriores adecuaciones por un valor cercano a los 24.000 millones de pesos. La situación ya se había dado a conocer en 2022, cuando la istración distrital tuvo que entregar el predio a los nuevos propietarios.

El mandatario sostuvo que este fue "un negocio mal hecho que le dejó pérdidas millonarias a Medellín". Gutiérrez contó que, desde un primer lugar, este contrato de comodato no se podía firmar debido a que la EPS "estaba inhabilitada para contratar con el Estado por un antecedente fiscal reportado ante la Contraloría".

(Le recomendamos: Las 5 frases de Fico Gutiérrez sobre supuesta corrupción en istración de Quintero).

El proceso se realizó de todas formas y la alcaldía de Medellín adelantó adecuaciones en el espacio para la atención de pacientes. Pero cuando SaludCoop solicitó la devolución de la clínica, en lugar de cobrar las mejoras a la EPS, "la alcaldía de Medellín, de manera irresponsable, firmó un contrato privado para vender las mejoras en 12.000 millones de pesos", es decir, la mitad de lo que costaron. 

“Nuestra istración, en cumplimiento de la ley y el compromiso adquirido por la ciudadanía, ha realizado las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de peculado, suscripción de contrato estatal sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público”, aseguró Gutiérrez.

El cuarto caso que denunció Federico Gutiérrez es sobre presuntas irregularidades en la compra de un predio, por 5.182 millones de pesos, donde funcionaba una funeraria en el barrio Juan del Corral, para adecuar un jardín infantil de Buen Comienzo.

El mandatario señaló  que el predio no es apto para la adecuación de un jardín infantil debido a que no cumple con el área mínima exigida por la norma para poder funcionar. Además, apuntó que requerirían otros 7.315 millones de pesos en adecuaciones.

El quinto caso está relacionado con "un lote al parecer mágico" que se valorizó un 1.700 por ciento en dos años. Se trata del predio 'Aguas Vivas' de 146.000 metros cuadrados, ubicado en el sector Las Palmas de El Poblado, que entró a hacer parte del banco de tierras de la alcaldía en 2019 por un valor de 2.711 millones de pesos. 

Las presuntas irregularidades comenzaron, indicó Gutiérrez, cuando en 2020 la secretaría de Gestión y Control Territorial ordenó realizar un nuevo avalúo. Su resultado arrojó que el lote pasó a costar 48.234 millones de pesos, es decir, 45.523 millones de pesos más del valor catastral de la compra. 

Tres meses después del avalúo, el particular que había entregado el lote solicitó el pago y reconocimiento de los 48.000 millones de pesos "sin ningún sustento legal". Aunque un abogado de la alcaldía emitió un concepto negativo de la solicitud, el comité de conciliación de la alcaldía aprobó el pago por 40.509 millones de pesos. 

(Lea también: Así es el plan para modernizar los dos principales aeropuertos de Medellín y Antioquia).

El acuerdo, sin embargo, fue rechazado por el Tribunal istrativo de Antioquia que lo calificó de ilegal, decisión que fue apelada por la subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público. Para Gutiérrez, dicha actuación va "en contra de los intereses del Distrito".

El Consejo de Estado, por su parte, confirmó en segunda instancia la decisión del Tribunal, pero en octubre de 2022, el subsecretario de ejecución contractual, por medio de una resolución, decidió devolver el lote al particular, una vez valorizado un 1.700 por ciento.

Gutiérrez destacó que dicho funcionario fue nombrado secretario General del Distrito y que el privado que recibió el predio valorizado es el mismo al que se le adjudicó el actual contrato de la biblioteca España.

Otro de los hallazgos que evidenció la actual istración es el contrato de mantenimiento de zonas verdes del Distrito por 5.250 millones de pesos en 2020, en el que se entregó la labor a "operadores sin la idoneidad y experiencia requerida". Se trata de uno de los casos que ya había sido denunciado previamente por la veeduría Todos Por Medellín. 

De hecho, en enero pasado la Fiscalía General de la Nación imputó al exgerente de Metroparques Jorge Liévano, la exsecretaria de Infraestructura Natalia Urrego y la representante legal de la Reforestadora El Líbano, Luz Eliana Henao, por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido y asociación para la comisión de delitos contra la istración pública.

También denunció Gutiérrez la adjudicación de un contrato de venta de chatarra "por un costo sustancialmente menor al valor comercial". Pese a que el negocio se había cerrado en 2.038 millones de pesos, este se debió realizar por 33.280 millones de pesos. 

Aunque la Contraloría intervino en el proceso y la istración anterior suspendió el inicio del contrato, actualmente hay una demanda del contratista en contra del Distrito por 35.000 millones de pesos. A eso se suma que hay más de 50.000 vehículos en los patios que no han podido ser chatarrizados. 

El mandatario también afirmó que desde la secretaría de Suministros y Servicios se habría contratado a dedo un sofftare para la formación en inglés de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales, "presuntamente violando las leyes de contratación pública". 

"Se justificó el contrato de manera directa con un proveedor exclusivo, asegurando que era el único que podía proveer este servicio. Como asevera la Contraloría, en el documento en pantalla, existen más oferentes en el mercado que prestan el mismo servicio. Es decir, habrían evadido la Ley 80", apuntó Gutiérrez. 

Finalmente, el alcalde se refirió a los contratos de mantenimiento del Parque de Las Aguas que se financiaron con recursos públicos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá a través de Metroparques. 

"Se encontraron hallazgos tan graves como la contratación de empresas del sector textil para el mantenimiento del Parque de las Aguas, la ejecución de obras por fuera del objeto del contrato, deficiencias en los materiales, y presunto direccionamiento de la contratación con sobrecostos, entre otros", dijo Gutiérrez. 

Por este caso, la Fiscalía imputó cargos en enero pasado a Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez —exfuncionarios de la istración Quintero— y a Juan Alexander Pino Jaramillo, Fabio Miguel Mestra Espitia y Yamileth Galíndez Chilito, representantes legales de las empresas JPino S.A.S., Estructuras Zafiro S.A.S. y 1 Soluciones S.A.S., respectivamente, que fueron los contratistas de Metroparques en las obras de mantenimiento. 

Los cinco investigados deberán responder por los delitos de asociación para cometer delitos contra la istración pública, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en celebración de contratos.

Federico Gutiérrez advirtió al final de su discurso que este es solo el inicio de un gran entramado de posibles casos de corrupción que afirma que hallaron en la istración en cabeza de Daniel Quintero en el periodo 2020-2023. Además, reiteró que faltan otras grandes investigaciones por salir a la luz, entre estas, estarían irregularidades que se habrían presentado en Empresas Públicas de Medellín (EPM).

"501 hallazgos. Este es solo el principio y esto es solo una parte. Mi responsabilidad legal como alcalde es reportar lo que hemos encontrado y hacer un corte de cuenta al día de hoy. Como ya lo hemos hecho, seguiremos adelante gobernando, resolviendo el desastre que encontramos y al mismo tiempo trabajando para llevar a Medellín a un siguiente nivel", concluyó el alcalde.

(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO).

Por su parte, el exalcalde Quintero le dijo a EL TIEMPO que ve "a Fico desesperado, ahogado en basuras y con la criminalidad disparada tratando de desviar la atención".

El exmandatario agregó que "yo hice una alcaldía sabiendo la persecución que tendría por denunciar Hidroituango. Y estoy tan tranquilo que ni siquiera me aforé a pesar de que el DPS (Departamento de Prosperidad Social) me permitía eso". 

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: [email protected]

En X: @sebascarvajal28