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Veeduría deberá rectificarse por denunciar presunto cartel de contratación en Medellín
La decisión la tomó el Juzgado 13 Civil Municipal de Oralidad. Veeduría responde.
La denuncia se hizo este miércoles, 20 de septiembre, en el Museo de Antioquia. Foto: Alcaldía de Medellín y Sebastián Carvajal Bolívar / EL TIEMPO
El pasado 20 de septiembre la veeduría ciudadana Todos por Medellín denunció un presunto cartel de contratación en la alcaldía distrital, especialmente en la entidad Metroparques, el cual habría dejado unos 268.000 millones de pesos malversados.
A pesar de las pruebas y evidencias mostratadas por la entidad, un juez le ordenó -en primera instancia- a la veeduría rectificar las acusaciones contra Metroparques por presunta corrupción
Según el Juzgado 13 Civil Municipal de Oralidad, la decisión tiene que ver con las acusaciones hechas por Piedad Patricia Restrepo, vocera de la veeduría ciudadana Todos por Medellín, sobre un presunto cartel de contratación en Metroparques.
Así las cosas, Restrepo "deberá rectificar la información publicada en la cual calificó las conductas desplegadas al momento de la contratación como 'peculado', además, deberá rectificar la información donde se señaló la carencia de idoneidad de la Junta Directiva en el detalle de las actividades del objeto social de la entidad, desconociendo un pronunciamiento por parte del Juzgado Sexto istrativo del Circuito de Medellín el pasado 6 de marzo de 2023, demanda que fue interpuesta por el concejal Alfredo Ramos, donde la justicia le dio la razón a Metroparques, pues contaba con la competencia y todo se realizó de acuerdo a la ley".
#UnCartelEnMedellín dejó a la ciudad con 268 mil millones de pesos malversados. ¿Dónde está la plata? ¿Cómo ha operado el cartel? Aquí algunos datos de lo que denunciamos el pasado 20 de septiembre. pic.twitter.com/VEM6vpdQd7
De acuerdo con la decisión, la Veeduría cuenta con un término de 48 horas siguientes a la notificación, para cargar los anexos de la investigación en forma clara que permitan inferir a sus seguidores y suscriptores en redes sociales las conclusiones reportadas.
En el evento de no hacerlo, en el mismo término deberá rectificar la información.
"Metroparques, Empresa Industrial y Comercial del Estado adscrita al Conglomerado Público de Medellín, rechaza los ataques políticos que buscan tergiversar la verdad y reafirma el compromiso de trabajar con transparencia para el servicio de toda la ciudadanía. Igualmente valoramos que nuevamente la justicia evidencie nuestro total y absoluto apego a la ley", informó la alcaldía en un comunicado.
Así eran algunas de las fachadas de las empresas que se presentaban a los proceso de contratación. Foto:Todos por Medellín
Lo que dice la veeduría
Piedad Patricia Restrepo, vocera de la Veeduría, informó que impugnará la decisión tomada en primera instancia por el juez.
"A pesar de que se pasaron las pruebas que afirman cada una de las afirmaciones hechas, el juez no las tuvo en cuenta en su totalidad. Además, ordenó rectificación respecto de opiniones, las cuales son diferenciales del derecho a la información no siendo procedente dicha rectificación", expresó Restrepo.
Piedad Restrepo abandonó la dirección del programa Medellín Cómo Vamos para liderar la nueva veeduría. Foto:Archivo particular
Asimimo, aclaró que son los jueces quienes determinan la existencia de un posible peculado y que la veeduría compartió dicha opinión en el evento en el que se compartió los resultados de la investigación dejando en claro que se habían instaurado las denuncias correspondientes.
Según la denuncia de la Veeduría, Metroparques entregó, entre 2020 y 2023, 120.000 millones de pesos en contratos a 22 empresas que estarían conectadas entre sí —por vínculos entre sus representantes legales, socios, de junta directiva, contadores y revisores fiscales— en ocho redes de relacionamiento.
"Esa forma de cartelización nos habla de un acuerdo tácito entre servidores públicos y empresas contratistas. En estos proceso se invitaron a 36, pero fueron 22 las beneficiadas, a través de 16 de 21 patrones que la Superintendencia de Industria y Comercio define para la cartelización", explicó entonces la vocera de Todos por Medellín.
Para la veeduría, esta práctica supone cinco presuntos delitos contra la istración pública: celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.