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Noticia
Catatumbo: lo que implica para la comunidad la Zona de Ubicación Temporal del Frente 33 de las disidencias Farc
-El Catatumbo enfrenta incertidumbre con la presencia armada del Frente 33 en plena etapa de diálogo.
-Uno de los riesgos con la ZUT es que el Eln podría ver como una provocación la legalización parcial de su rival.
El decreto 0448, expedido el 17 de abril de 2025, crea el marco jurídico para establecer Zonas de Ubicación Temporal en el Catatumbo Foto: Presidencia
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En los últimos meses, la dinámica de las confrontaciones en el Catatumbo ha cambiado: ya no se trata de combates masivos y dispersos, sino de ataques puntuales dirigidos a puntos de interés estratégico del Frente 33 de las disidencias de las Farc.
El viraje responde a los enfrentamientos de fondo por el control de las rutas de narcotráfico y contrabando de combustible que conectan el norte del departamento de Santander con la región del Magdalena Medio.
La presión de las operaciones militares y el recrudecimiento del choque con el Eln impulsaron al Frente 33 a reactivar la mesa de diálogo, interrumpida desde hace varios meses. El ministro del Interior, Armando Benedetti, estableció un plazo hasta el 18 de mayo de 2025 para que los disidentes concreten su traslado a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT); de lo contrario, el proceso de negociación quedará sin efecto.
(También puede leer: Mesas con los 'exparas', el otro desafío de la 'paz total' que fractura al Gobierno: las dos posturas que chocan).
Detalles de la Zona de Ubicación Temporal
El decreto 0448, expedido el 17 de abril de 2025, crea el marco jurídico para establecer Zonas de Ubicación Temporal en el Catatumbo. A diferencia de las antiguas “zonas de despeje”, aquí la Fuerza Pública mantiene su soberanía plena y despliega anillos de seguridad para controlar entradas y salidas. El documento suspendió por un mes las operaciones ofensivas contra el Frente 33, condicionado a que el grupo se concentre en un área rural de Tibú.
El documento suspendió por un mes las operaciones ofensivas contra el Frente 33 Foto:Cuenta de X del presidente Gustavo Petro.
La ubicación exacta y los protocolos de funcionamiento se acordaron tras una reunión extraordinaria en Cúcuta. Ahí, delegados del Gobierno y representantes del Frente 33 definieron criterios logísticos y de seguridad. Según la Ley 2272 de 2025 (‘paz total’), en estas ZUT se suspenden las órdenes de captura, incluso las de extradición, pero sin ceder al grupo armado prerrogativas procesales ni controlar el territorio.
Aunque la mesa de diálogo avanza, persiste el riesgo de que el ELN interprete la ZUT como una ventaja para su rival y reaccione con hostilidades.
Las dudas sobre la viabilidad, los riesgos y las garantías alrededor de esta zona son inevitables. Para comprender mejor los alcances de esta decisión, Wilfredo Cañizares, presidente de la Fundación Pro Prisa y defensor de derechos humanos en Norte de Santander, explica el panorama actual y los retos que enfrenta la implementación de este acuerdo.
• ¿Cómo es la situación actualmente en la zona del Catatumbo y cuál es el estado actual de la ubicación temporal propuesta?
La situación responde a dos escenarios principales. El primero es el conflicto entre el ELN y el Frente 33 de las Farc, que ha escalado en los últimos meses. Los ataques, antes masivos y dispersos, hoy son más selectivos y geográficamente localizados en territorios de importancia estratégica para el Ejército de Bolívar y Magdalena (EBM). Se trata, por tanto, de asaltos puntuales contra del Frente 33 más que de ofensivas de gran escala.
(Lea también: Fiscalía aplica extinción de dominio a edificio de $4.000 millones en Bello por presuntos nexos con el ELN)
Benedetti subrayó que este es el avance más significativo en la política de ‘paz total’. Foto:NESTOR GOMEZ/EL TIEMPO
El segundo escenario es la operación militar de la Fuerza Pública en Catatumbo, desplegada con cerca de 10.500 efectivos bajo un mando unificado. Se apoya en la Fuerza Aérea, en drones de inteligencia y en una amplia infraestructura logística que, paradójicamente, ha detectado vínculos con estructuras del narcotráfico—más de 130 laboratorios para procesamiento de pasta base han sido ubicados recientemente—lo que dificulta el control efectivo del territorio.
(Además: Las movidas y el ‘lobby’ del alcalde de Bucaramanga ante eventual anulación de su elección).
• Según su experiencia, ¿qué tan factible es que existan conversaciones y un eventual acuerdo entre el Frente 33 y el Gobierno Nacional?
Hay antecedentes muy positivos: la mesa de diálogo con el Frente 33, incluso antes del recrudecimiento del conflicto con el Eln, avanzó con dinamismo y acuerdos preliminares. El impulso de la confrontación con el Eln ha acelerado la disposición de la guerrilla a negociar una zona de ubicación temporal, tal como ya la denomina el Gobierno. En mi opinión, ese precedente y la voluntad política emergente hacen factible alcanzar un acuerdo.
• ¿Qué medidas concretas debería implementar el Estado para garantizar que la zona de ubicación temporal no se convierta en un enclave de control armado o de economías ilegales?
La respuesta se divide en varios puntos:
1. Control efectivo del territorio: el Estado debe mantener su soberanía plena, según la ley que reglamenta las zonas de ubicación temporal, y no ceder espacios al grupo armado.
2. Anillos de seguridad y puestos estratégicos: definición clara de puntos de control, entradas y salidas, y procedimiento de movimiento de negociadores.
3. Logística y suministros: El Gobierno debe acordar con la guerrilla quién provee alimentación, atención médica y otros servicios, sin intermediarios ilegales.
4. Supervisión y verificación: Mecanismos internacionales o de la sociedad civil para certificar el cumplimiento de los compromisos por ambas partes.
Alias Andrey Avendaño y Gloria Quiceno firmando el acuerdo. Foto:Oficina del Consejero Comisionado de Paz
• ¿Qué riesgos enfrentan los líderes sociales, defensores de derechos humanos y la población civil con la implementación de esta zona de ubicación?
Al contrario de lo que podría pensarse, una zona de ubicación bien organizada tendería a reducir los riesgos. Al concentrar a los guerrilleros en un solo lugar, desaparecen prácticas como el reclutamiento forzado, la violencia sexual o las amenazas, perpetradas hasta ahora con impunidad. Sin embargo, todo depende de que el Estado ejerza un control real y garantice la seguridad de civiles y excombatientes por igual.
• En relación con las violaciones de derechos humanos cometidas por el Frente 33, ¿puede detallar los delitos más frecuentes en la zona?
Entre los crímenes documentados destacan:
• Homicidios de población civil protegida
• Desplazamiento forzado
• Amenazas sistemáticas
• Reclutamiento forzado, incluso de menores
• Violencia sexual y de género
• Despojo de tierras
• Secuestros
Todos ellos vulneran gravemente los derechos fundamentales de las comunidades.
• Pensando en lecciones aprendidas, ¿qué errores de la zona de despeje de San Vicente del Caguán deberían evitarse en este nuevo proceso?
Sí hay errores cometidos, pero estamos en un panorama totalmente diferente. Lo que definitivamente no se debe hacer es:
1. Dimensión territorial manejable: San Vicente abarcó varios departamentos, lo que imposibilitó el control estatal.
2. No entregar el territorio al grupo armado: la ley establece que el Estado debe retener la autoridad plena, no ceder espacios.
3. Voluntad política clara: garantizar que el grupo llegue con ánimo real de desarme, a diferencia de experiencias pasadas.
4. Compromisos y garantías previas: definir antes de la concentración los pasos siguientes hacia el desarme y la reincorporación.
El presidente Gustavo Petro y el comisionado Otty Patiño. Foto:Presidencia
• El narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal son actividades comprobadas del Frente 33. ¿Cómo podrían afectar la sostenibilidad del acuerdo?
En principio, no deberían afectar. La normativa de las zonas de ubicación temporal contempla que los excombatientes que ingresen allí pierden cualquier prerrogativa procesal previa, incluidos pedidos de extradición. La clave es que, al concentrarse para el acuerdo, la guerrilla expresa su decisión de desarmarse, y el Estado debe responder con garantías políticas, económicas, sociales y judiciales.
•Además de la seguridad policial y militar, ¿qué otras medidas integrales deben adoptar el Estado para proteger a excombatientes y comunidades cercanas?
Ese es un punto muy importante, sin embargo, el acompañamiento en seguridad siempre debe estar presenta:
• Atención social y familiar: Provisión de servicios de salud, educación y apoyo psicosocial para guerrilleros y sus familias.
• Proyectos productivos y de empleo: Planes de capacitación, a tierras y generación de ingresos para la reintegración.
• Presencia estatal amplia: No basta con militares y policías; se requieren instituciones como la Fiscalía, el ICBF, entidades de vivienda, educación y salud funcionando eficazmente en la región.
• Finalmente, considerando las tensiones entre el ELN y el Frente 33, ¿no es peligroso avanzar con este acuerdo solo para uno de los actores?
Sin duda existe riesgo, pues el ELN podría ver como una provocación la legalización parcial de su rival. No obstante, hay que recordar que el ELN no participa en este proceso y, paradójicamente, su postura histórica ha sido que la guerra culmina con la desaparición del Frente 33. De cualquier modo, la experiencia de décadas de conflicto en la región impone la necesidad de máximas garantías y supervisión para minimizar ataques externos.
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DANNA VALERIA FIGUEROA RUEDA
ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO
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