Latina fue engañada por falso abogado de inmigración durante 10 años: perdió $ 400 millones y nunca inició trámite

María Gutiérrez, una inmigrante latina que llegó a Estados Unidos en busca de una vida mejor, fue víctima de una estafa durante una década.

A lo largo de esos años, entregó más de 100 mil dólares (poco más de $ 400 millones) a un hombre que se presentó como abogado, quien se comprometió a representarla en su solicitud de visa U. Sin embargo, el trámite nunca fue iniciado y el supuesto abogado nunca cumplió con su promesa, quedándose con todo el dinero entregado por Gutiérrez.

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El hombre, quien era conocido por la familia de Gutiérrez, le pidió pagos frecuentes bajo diferentes pretextos. A lo largo del tiempo, recibió toda la documentación necesaria para el proceso, y se presentó como su “representante legal”. La mujer recordó en entrevista con Telemundo 52: “Tuvo en sus manos toda mi información”. 

A pesar de confiar en él, Gutiérrez nunca recibió su permiso de trabajo ni avances en su caso. Esto le causó un gran sufrimiento emocional, al punto de considerar decisiones drásticas. No obstante, su empleador notó su angustia y la conectó con Public Counsel, una organización legal sin fines de lucro que la ayudó a resolver su situación.

La abogada Gina Amato Lough, quien asumió su caso, compartió que se le brindó ayuda en tres áreas: inmigración, criminal y civil. “La ayudamos con tres casos: inmigración, criminal y civil. Ganamos los tres”, comentó la letrada. Gutiérrez, por su parte, reconoció la importancia de la abogada en su vida, afirmando: “Le llamo mi ángel, mi luz, mi todo. Gracias a ella, estoy aquí”. Además, reflexionó sobre su experiencia: “De haber recibido asesoría legal calificada desde el inicio, habría tramitado mi visa U en cuatro meses y sin costo”.

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A pesar de que el sistema judicial falló a favor de Gutiérrez, reconociendo el daño que le fue causado, el responsable de la estafa logró huir de Estados Unidos antes de cumplir con la orden judicial que dictaba su reparación económica. 

Aunque la sentencia representó un reconocimiento oficial de la estafa, no condujo a una compensación efectiva. Aun así, para Gutiérrez, el fallo judicial representó una liberación emocional, explicando: “Cada vez que salgo a la calle, ya no tengo miedo”, al recordar lo que describió como el cierre de un capítulo lleno de sufrimiento.

Para aquellos que enfrentan situaciones similares, Public Counsel ofrece asistencia legal migratoria gratuita. Este es el estudio jurídico de interés público más grande de Estados Unidos, dedicado a defender los derechos civiles y promover la justicia racial y económica. 

La organización proporciona una combinación de servicios legales directos, litigios estratégicos, educación comunitaria y defensa de políticas públicas. Además, brinda asesoría sin costo a personas inmigrantes, con especial atención a víctimas de delitos, trata de personas y menores no acompañados.

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En un caso relacionado, la familia de Sindy Estrada, que llegó a Estados Unidos desde Colombia en busca de asilo, también sufrió estafas legales. Durante tres años, invirtieron entre 20.000 y 22.000 dólares en representación jurídica, pero a pesar de este esfuerzo económico, no obtuvieron resultados favorables. Contrataron a tres abogados, pero ninguno logró evitar la deportación. Uno de ellos cobró 4.000 dólares sin presentar la apelación necesaria. Fue solo con la tercera abogada que descubrieron errores graves en su expediente.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ofrece advertencias para evitar estafas. Entre ellas, recalca que en muchos países latinoamericanos, los notarios públicos tienen la facultad de ejercer como abogados, lo cual no ocurre en Estados Unidos. Esto es aprovechado por estafadores que ofrecen servicios legales sin poder cumplir con ellos. Además, USCIS subraya que ningún abogado o representante puede garantizar resultados en trámites migratorios, por lo que es crucial verificar que el profesional esté debidamente acreditado.

Las autoridades recomiendan verificar que la persona contratada tenga licencia legal o esté acreditada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), antes de proceder con cualquier trámite migratorio.

La Nación (Argentina) / GDA