Pobreza menstrual: el duro panorama que enfrentan miles de mujeres en Colombia

Entre mayo de 2021 a mayo de 2022, 566.000 mujeres en Colombia no pudieron acceder a productos básicos de gestión menstrual, como toallas, tampones, copas menstruales o ropa interior para el período. Al menos 45.000 de esas mujeres se vieron obligadas a utilizar trapos, calcetines, servilletas, telas y hasta ropa vieja para atender sus necesidades, ya que no tenían los medios económicos y materiales (agua limpia, saneamiento) para menstruar con dignidad.

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Las preocupantes cifras, recientemente reveladas por el Departamento istrativo Nacional de Estadística (Dane), ponen en evidencia un problema social, de salud e higiene menstrual y de vulneración de la dignidad de las mujeres. Las Naciones Unidas nombra este problema como ‘pobreza menstrual’, definiéndolo como "la incapacidad de permitirse productos para la higiene íntima femenina".

El Banco Mundial prevé que son más de 500 millones de mujeres y niñas que no tienen a productos e instalaciones adecuadas para gestionar su salud menstrual, situación que les impide, por ejemplo, a niñas y adolescentes asistir a clases, y a mujeres adultas trabajar y buscar su sustento diario.

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La pobreza menstrual, que también afecta a personas trans y no binarias, es un asunto que pasa inadvertido e invisibilizado, que cada mujer y niña vive en la soledad y en silencio. “El período fue lo peor que me pudo haber pasado”, recuerda Luz Adriana Pérez, mujer que habitó la calle durante 23 años de su vida. Pues en las ocasiones que no tenía productos para atender su ciclo menstrual “también me taponaba con la espuma en la que dormía. Le arrancaba un pedazo a la espuma y me la metía por allá. Cuando sentía que empezaba a mancharme, me la quitaba y me ponía otro pedazo”.

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Para una mujer que habita la calle es impensable pagar $6.230 por un paquete de diez toallas higiénicas. Ellas buscan su supervivencia diaria, privilegiando dónde dormir y qué comer, por lo que dejan en segundo plano cualquier condición de salud.

Las estadísticas y testimonios recogidos por EL TIEMPO reflejan las dificultades de las mujeres, especialmente de las habitantes de calle y privadas de la libertad, para satisfacer sus derechos de una salud e higiene menstrual. Pero, más que nada, dan cuenta de las situaciones de estrés, vulnerabilidad, exclusión y miedo que viven mes a mes estas mujeres por no tener los recursos y los medios idóneos para menstruar sin preocupaciones.

De acuerdo con Naciones Unidas, la pobreza menstrual también abarca la falta de educación alrededor de la salud e higiene menstrual, la imposibilidad de manejar desechos y la incapacidad de acceder al agua potable y sistemas de saneamiento para gestionar el período.

En el país, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2023 del Dane, hay 3,2 millones de personas sin o con un inadecuado a agua limpia y segura para la higiene personal y su consumo. Además, la entidad asegura que el 7,9 por ciento de las mujeres encuestadas experimentaron obstáculos para utilizar un baño cercano, privado y aseado en el que pudieran limpiarse.

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Luz Adriana Pérez contó que prefería asearse en el caño que en los centros de servicio y atención para habitantes de calle (Sided) que provee la Alcaldía de Bogotá. Y Lorena Reyes, una mujer trans que también vivió en las calles, narró que sus compañeras se limpiaban con el licor que tomaban. “Como usábamos brandy para tomar, siempre usábamos el alcohol para asearnos”.

Entre otros datos, el informe ‘Menstruación en Colombia’, también realizado por el Dane, revela que el tema de la menstruación en las aulas y las familias sigue siendo un tabú. Según las cifras del mismo estudio, el 45 % de las jóvenes no sabe o no responde de dónde proviene el sangrado menstrual y un 34 % de las entrevistadas refirieron no tener conocimiento alguno sobre el período antes de su primer flujo.

La falta de información frente al tema agrava el problema, pues como confirma el jefe de enfermería del Servicio de Desarrollo Integral y Diferencial para la Población Habitante de Calle y en Alto Riesgo de Estarlo (Sedid), Jaime Quimbayo, muchas mujeres -en las que se cuenta a Luz Adriana- que llegan al centro aplican métodos como el “taponamiento” por falta de educación.

“Mi familia nunca me explicó que era ponerse una toalla o cómo se usaba el papel higiénico”, contó Claudia Moya, una mujer de 48 años que reside en un centro de Sedid, y que se enteró de que las mujeres sangraban luego de ser violada, quedar en embarazo y tener a su primera hija. Quien le enseñó a ella a usar y ponerse una toalla higiénica fue la empleada de una tienda, quien le explicó que la menstruación era un proceso natural y que no debía alarmarse.

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Así como le pasó a su familia, Claudia tampoco tuvo las herramientas para explicarles a sus dos hijas qué era la menstruación y cómo atenderla. “Las vi caminar sus primeros pasos, pero no su primer período”. La responsabilidad de la información quedó en manos de Bienestar Familiar, que quedó a cargo de las niñas.

La Ley General de Educación 115 de 1994 establece que se debe garantizar la educación sexual integral para promover el conocimiento de sí mismo, la autoestima y la construcción de una identidad sexual. Este derecho abarca el funcionamiento de los órganos reproductivos, por lo que también se debería incluir la educación menstrual.

Marcela Téllez, funcionaria del Ministerio de Educación, le confirmó a EL TIEMPO que la cartera no tiene monitoreo o control sobre la implementación de la educación sexual en las instituciones educativas. De la misma forma, la Secretaría de Educación de Bogotá informó que, en 2022, de los 406 colegios distritales que tiene la capital, la Alcaldía solo implementó estrategias pedagógicas para el reconocimiento de los derechos sexuales en 217 instituciones. Es decir que el 45,75 por ciento no contaron con programas enfocados en la explicación del proceso de la menstruación.

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Como el Ministerio de Educación no tiene competencias sobre los niños y jóvenes que no están afiliados a una institución educativa, le corresponde a la cartera de salud brindar “información y a servicios de salud de calidad sobre todas las dimensiones de la sexualidad, sin ningún tipo de discriminación”. 

Según el Dane, en 2022 había un total de 206.260 niños y niñas de 5 años que no estaban asistiendo a la escuela, lo que representa el 26 % de la población de esa edad. Este es el grupo más desescolarizado en Colombia, seguido por los jóvenes de entre 15 y 24 años, de los cuales el 53,4 % no estaban estudiando.

En 2018, Martha Cecilia Durán Cuy interpuso una tutela contra la Secretaría de la Salud y de Integración Social porque cuando le llegaba la menstruación debía acudir a trapos o toallas higiénicas que encontraba en la basura para menstruar.

Ella también alegó la falta de educación en el cuidado íntimo, por lo que experimentaba una grave preocupación durante su período, como lo eran los intensos cólicos y la expulsión de grandes coágulos de sangre.

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El caso de Durán llegó a la Corte Constitucional en el 2019. Tras su revisión, el alto tribunal sentó jurisprudencia al respecto en la Sentencia T-398 de 2019, que obliga a las istraciones locales a garantizar la entrega de artículos de higiene menstrual a las mujeres habitantes de calle, otorgarles a instalaciones, agua y jabón para el lavado del cuerpo y difundir información que les posibilite tener los conocimientos básicos de este ciclo.

Esta decisión, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Integración Social, impactó a por lo menos 2.112 personas en Bogotá que se encontraban en las mismas condiciones de Martha Cecilia Durán en el 2022. Sin embargo, en el país persiste la desigualdad y la sentencia parece seguir en el papel. Luz Adriana Pérez aseguró que esos servicios muchas veces son negados por parte de los funcionarios de la Alcaldía.

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Como Luz Adriana no tenía claro cuándo le llegaba el período, ella acudía a los centros de servicio manchada, con la necesidad de ropa nueva y un baño para asearse. Sin embargo, el centro al que iba solo entregaba ropa los viernes y su director, según cuenta, se negaba a proporcionarle un pantalón y ropa interior cualquier día de la semana que no fuera un viernes.

“Me decían que solamente me proporcionaban toalla y baño. ¿Yo qué iba a hacer con la toalla y el baño si iba a salir igual a la calle con el mismo pantalón y cucos manchados oliendo a feo? Porque la sangre coge un olor a uno feo”, dijo.

Además de las habitantes de calle, las mujeres privadas de la libertad son otro grupo poblacional que menstrúa en condiciones poco dignas. En Colombia hay 6.478 mujeres que menstrúan mientras se encuentran privadas de la libertad, según datos proporcionados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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Antes de la Ley 2261 del 2022, a las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios y carcelarios se les proporcionaba un paquete de diez toallas higiénicas cada tres meses. Con la normativa, el Inpec está en la obligación de distribuirles 20 toallas higiénicas para el mismo período.

Sin embargo, sigue siendo una suma insuficiente. Si las mujeres en promedio menstrúan cinco días y deben de cambiar sus toallas cada cuatro horas, necesitan un total de 30 toallas al mes. Esto sin contar los casos de mujeres con un período abundante que podrían necesitar más productos de higiene menstrual.

Claudia Cardona, quien pasó seis años privada de su libertad en la cárcel El Buen Pastor y actualmente dirige la Fundación Mujeres Libres, aseguró que es muy difícil gestionar tres ciclos menstruales con apenas 20 toallas. Por ello, recordó que era necesario recurrir a intercambios con sus compañeras.

Los ‘trueques’ son toallas por cigarrillos o comida. Cardona recuerda que incluso algunas reclusas se ven en la necesidad de regalar sus desayunos o almuerzos para obtener la cantidad necesaria de toallas higiénicas.

Y el problema no es solamente la cantidad de toallas que les proporciona el Inpec, sino el agua para asearse. Jenny Marcela Pérez, cofundadora de Mujeres Libres, contó que a las reclusas les proporcionan agua potable solo en un horario específico y dentro de un espacio compartido, por lo que todas deben realizar su aseo personal a la vista de las demás, sin importar si deben de gestionar su menstruación.

“Yo sí vi mis derechos vulnerados en cuanto a salud menstrual, ya que tenía hemorragias fuertes y cólicos. De vez en cuando me hacían una citología, pero nunca tuve a los resultados y los dolores solo los trataban con ibuprofeno. (…) Cuando salí de la cárcel fui a la ginecóloga y me salieron los exámenes mal. Ella me regañó por no haberme atendido antes, pero yo no le iba a decir que había estado en la cárcel. Fue tan malo esto que la solución fue que me hicieran una histerectomía. Hoy tengo solo un ovario y síntomas de menopausia temprana”, compartió Claudia Cardona.

El Inpec recalca que la entidad recibe el dinero asignado y lo distribuye a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) a su cargo. Estos utilizan los fondos para la atención, rehabilitación del recluso y la adquisición de kits de aseo y dotación de cama, según sus necesidades específicas.

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En la asignación a cada reclusión, se define el rubro para la compra de estos elementos. El presupuesto aprobado se asigna en su totalidad a los ERON, que a su vez son responsables directos de su ejecución. Esto significa que cada establecimiento decide cuánto invertir en productos de higiene menstrual, medicamentos y atención en salud para atender el período sin supervisión.

Por otro lado, está la experiencia de las personas trans que menstrúan. Según Cardona, la discriminación es la que media en sus casos. “Una vez, un compañero trans, se le acercó a una dragoneante y le preguntó si le podía regalar unas toallas que habían llegado de donación. Ella respondió que él era un hombre, que él no necesitaba”.

Los hombres trans privados de la libertad son totalmente invisibilizados y su experiencia menstrual y complicaciones experimentadas en el período no son conocidas, comprendidas y expuestas en la sociedad.

TATIANA MORENO QUINTERO-RAFAEL QUINTERO CERÓN

Unidad de Datos EL TIEMPO