Así ven los empresarios y los sindicatos el borrador de la reforma laboral

Mientras que los sindicatos ven con buenos ojos la intención del Gobierno para que la jornada de trabajo nocturno empiece a las 6 de la tarde y no a las 9 de la noche, como sucede actualmente, o que se imponga un recargo dominical del 100 por ciento en vez del 75 por ciento que existe hoy en día, los gremios están preocupados por los sobrecostos laborales que estos cambios podrían suponer para las empresas.

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De aprobarse la reforma tal y como se conoció en el primer borrador, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) calcula que las empresas podrían llegar a asumir costos de entre 12 y 17 por ciento y en algunos casos se podrían elevar hasta 20 por ciento. Sin embargo, de aquí hasta el 16 de marzo que el Gobierno espera presentarla se podrían dar cambios.

De este modo, según sus cálculos, los costos laborales del 2023 aumentarían entre el 30 y 35 por ciento frente a los del año pasado. Esta cifra sale de sumar un 2 por ciento adicional por cuenta de la reducción de la jornada laboral este año a 47 horas, más el incremento del 16 por ciento del salario mínimo y los costos de la reforma que en promedio serían de entre 12 y 17 por ciento.

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Ante esta situación, Jaime Alberto Cabal, líder de Fenalco, dice que los comerciantes, así como los negocios de comidas, bares, alojamientos, entretenimiento y empresas de vigilancia y seguridad privada, se van a ver obligados a reducir los costos con menos personas, recortando el número de horas o subiendo los precios al consumidor.

“Las empresas que pertenecen al clúster del comercio son las que más trabajan en las noches, los fines de semana y festivos y las que más se afectarán por los cambios que plantea la reforma”, afirmó.

De hecho, una encuesta que hicieron los comerciantes revela que el 55 por ciento de los empresarios haría ajustes relacionados con la reducción de nóminas y disminución de personal, un 27 por ciento evitaría al máximo la contratación de nuevos empleados y un 71 por ciento descartaría, reduciría o disminuiría sus inversiones. Con el objetivo de tener más tiempo para discutir el proyecto, Cabal planteó la necesidad de posponer su radicación hasta el segundo semestre.

Adicional a ello, también consideran que la reforma traería un incremento de la sindicalización, en particular de la empresa privada, así como la rigidez en la terminación de los contratos laborales y una estabilidad laboral “excesiva”.

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Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien se reunió esta semana con el presidente Gustavo Petro para tocar temas como el de la reforma, dijo que las líneas rojas del proyecto son medidas que terminan afectando a las familias, el empleo o que envían a más personas de la formalidad a la informalidad.

“Se debe tener cuidado que por normas fuertes se vaya a generar mayor desempleo. En términos de actividad económica y productividad, expresamos que nuestro principal objetivo hoy en día debe ser la generación de empleo y la reducción de la informalidad”, afirmó Mac Master.

Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), aseguró que se están discutiendo unas propuestas que podrían ser duras para el sector empresarial. Por ejemplo, dijo que le preocupa que el contrato de aprendizaje vuelva a ser laboral, que se tome como regla general el contrato a término indefinido y que las condiciones para poder desvincular a una persona que no cumple con el perfil que se requiere sean mucho más duras a partir de ahora.

Otro de los puntos que incluye el proyecto es que todo trabajador tendría derecho a que su salario sea incrementado en un porcentaje por lo menos igual al que tenga la inflación causada al 31 de diciembre. Hoy en día, solo es obligatorio para los empleados que ganan un salario mínimo y el alza se determina en función de la inflación más la productividad.

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María Claudia Lacouture, presidenta de la alianza de 41 gremios y asociaciones empresariales (Aliadas), señala que bajo la actual coyuntura lo que se necesita es una política que estimule la generación de empleo y no encarecerlo.

“Un aumento de los salarios de los trabajadores ligado a la inflación causada va en contra de la creación de empleo, encarece los costos de contratación de los trabajadores y obliga a los empresarios a ser más cautelosos a la hora de fijar la remuneración salarial”, precisa la vocera gremial, quien advierte que “la reforma laboral, cuyo texto definitivo aún no se conoce, no puede poner en riesgo la actividad empresarial”.

Por su parte, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo que están de acuerdo con la mayoría de los puntos que se están incluyendo en el proyecto de reforma laboral. Lo único que le pidió al Gobierno es que radique ante el Congreso los convenios de la OIT que aún no están ratificados por Colombia.

“En 1990 la informalidad era del 47,5 por ciento y hoy después de muchas reformas laborales y pensionales, las cuales quitaron derechos conquistados, es del 58 por ciento. Nos quitaron los recargos y flexibilizaron el valor del despido. Es decir, se redujeron los costos laborales y tanto informalidad como el desempleo aumentaron. Entonces no es cierto que los costos laborales afecten el empleo”, sentenció.