En menos de año, entidades han desembolsado $ 8,9 billones en créditos productivos

Un reciente informe de la Superintendencia Financiera sobre esta actividad crediticia destaca la participación de las mujeres en ese total de desembolsos, toda vez que del monto total, recibieron el 48,4 por ciento, proporción que supera la registrada en otras modalidades de crédito, como el consumo, que alcanza el 43,1 por ciento.

Por zonas geográficas, el 69,9 por ciento de los créditos desembolsados se concentró en zonas urbanas (6,2 billones de pesos) y el 30,1 por ciento restante en la ruralidad (2,6 billones), distribuidos en las regionales Centro Oriente y Pacífico con una participación en el total de 52,9 por ciento.

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Esta nueva modalidad de préstamos fue definida por el gobierno con el propósito de  lograr una mayor inclusión crediticia, especialmente para personas que conforman los grupos de Economía Popular y Comunitaria (Decreto 455 de 2023).

Según el informe, lo que busca el Gobierno es "promover el a la financiación formal, e ir sustituyendo los esquemas de financiación informales (gota a gota, paga diario), propender por la definición de sistemas de crédito formales que respondan a las necesidades y perfiles de financiación de los sectores productivos, mejorar el al crédito a la población más vulnerable del país, en particular en las zonas rurales aisladas de los centros urbanos, e impulsar los esquemas de economía popular y comunitaria".
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El crédito popular productivo rural y urbano tiene un monto d aprobación menos a seis salarios mínimos mensuales legales; el productivo rural y urbano de entre 6 y 25 salarios mensuales y el prodcutivo de mayor monto a partir de los 25 salarios y hasta los 120 salarios mínimos mensuales. 

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En esos primeros ocho meses en que lleva operando esta nieva modalidad de crédito, los mayores desembolsos con corte a diciembre del año pasado se han concentrado en zonas urbanas de ciudades como Bogotá, con un total de 799.000 millones de pesos, seguido por Cali con 312.000 millones, Medellín con 250 millones y Pasto con 155.000.

Por su parte, en la zona rural los municipios con el mayor monto desembolsado son: Cumbal con 27.600 millones de pesos y San Vicente Del Caguán con 27.200 millones, El Tambo con 25.700 millones y Bolívar con 22.800 millones. 

Chocó (cobertura del 94 por ciento de los municipios de este departamento) Amazonas (45 por ciento), Guainía (38 por ciento) y Vaupés (17 por ciento), son las únicas zonas que no cuentan con desembolsos en la totalidad de sus municipios, advierte el informe.

El reporte oficial de esta nueva modalidad de préstamos indica que el número de deudores con a esta ha aumentado, alcanzando al corte de diciembre de 2023 un total de 1'057.563 personas, de los cuales 521.193 fueron clientes de las modalidades popular urbano y 209.550 productivo urbano.

En cuanto a los sectores hacia los cuales se han dirigido los desembolsos, el sector agropecuario alcanza una participación del 48,55 por ciento dentro del total entregado, particularmente en explotaciones mixtas (agrícolas y pecuarias). Le sigue el Comercio, transporte, hoteles y comida con 32,92 por ciento.

Si bien uno de los mayores propósitos de este nuevo esquema es elevar la inclusión financiera creditica de poblaciones más vulnerables del país, así como combatir el crédito informal, frente en los cuales e viene ganando partificación, aún quedan retos informatantes, señala el informe de la Superintendencia Financiera.
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Uno de estos está en la definición de una oferta diferencial de productos que se apalanque en las líneas de financiación y cobertura con garantías ofrecidas por el Gobierno Nacional, mecanismos que están orientados a lograr una mayor profundización del crédito formal en mejores condiciones financieras. 

El lanzamiento del programa CREO por parte del Gobierno Nacional (Decreto 2120 de 2023) destinado a promover el a financiación formal para la Economía Popular brinda un importante instrumento para el ofrecimiento de productos crediticios urbanos y rurales que generen una inclusión financiera sostenible del segmento popular y comunitario, al contar con mecanismos de garantía e incentivos para fomentar los buenos hábitos de pago, puntualiza el informe.