España: la inflación asfixiante y las restricciones energéticas

El dato inflacionario en España alcanzó en julio su peor momento desde septiembre de 1984. La inflación llegó al 10, 8 % interanual, seis décimas más que en junio, con efectos desastrosos sobre las economías familiares, nunca vistos en lo corrido del siglo XXI.

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Los ingresos se resienten, mientras los ahorros se agotan para compensar la caída del poder adquisitivo. Atribuida en parte al valor de los carburantes, la inflación no ha notado el efecto que se esperaba con la bajada del precio desde finales de junio. La crisis energética, pues, continúa cebándose sobre la economía, amén del impacto de la guerra de Ucrania y las consecuencias de la pandemia de 2020. Por Europa cabalga el fantasma de la recesión y España no parece obviar el fenómeno económico.

En el fondo inflacionario están los costos de producción. La cesta familiar los registra sensiblemente. Cerca de treinta productos han subido hasta un 15 % en un solo mes. A la cabeza están los combustibles, los aceites aptos para consumo humano, la electricidad y los cereales. Otros treinta productos se encarecieron un 10% en el mismo periodo.

Una idea clara del efecto en las economías familiares la proporciona la propia estadística: los combustibles cuestan hoy casi el doble que hace un año. Su precio se ha incrementado en un 95,7 %, mientras el de la electricidad creció casi un 50% con respecto al año anterior. Las harinas y los cereales, en buena parte procedentes de Ucrania, subieron un 38%, cuando hace un año apenas superó el 1 %. En un país que depende fuertemente del turismo, los hoteles han subido sus precios en un 33,8 %, al tiempo que los tiquetes de avión se han disparado un 21,6 %.

Según un informe reciente del Banco de España, los hogares con ingresos más bajos han tenido que reducir el consumo de un conjunto de bienes para poder encarar el pago de la electricidad.

Se esperaba una compensación en el pago de impuestos, pero el Gobierno ha optado por crear nuevos tributos para hacer frente al creciente gasto público. Solo debido al covid, el Estado español ha gastado más de cuatro mil millones de euros de los fondos públicos en el rescate de 119 empresas. El Gobierno se defiende y argumenta que, gracias a ello, se han logrado conservar casi 100.000 empleos.

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Las cuentas estatales informan del crecimiento del endeudamiento y una caída notable de la inversión extranjera. España ha dejado de recibir más de trece mil millones de euros desde que Pedro Sánchez alcanzó la presidencia del gobierno en 2018. En vez de ajustar el gasto público, lo aumenta y traslada el alza inflacionaria a las empresas y a los ciudadanos, mediante el incremento fiscal.

Según el profesor José María Rotellar, “Los únicos ejes sobre los que se asienta el gobierno son más gasto, más impuestos y parches y restricciones energéticas […] y eso dibuja una muy mala perspectiva”.

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En cuanto a las restricciones energéticas, el gobierno socialista expidió un decreto, conocido como el plan de ahorro energético, con el fin de disminuir el gasto de energía, en línea con lo que han decidido varios países de la Unión Europea.

Los edificios que presten servicios al ciudadano, por ejemplo, deben mantener una temperatura mínima, en el interior, de 27 grados en verano y 19 grados en invierno.

Otra medida es la de apagar las luces de las vitrinas a partir de las 10 de la noche. El incumplimiento de las restricciones puede generar multas de entre 60.000 euros y 100 millones de euros. Con ello se pretende un ahorro del 5% de energía.

Se trata, sin embargo, de las multas más caras de Europa. Francia, por ejemplo, anunció multas de 750 o 1.500 euros a los comercios que no cierren sus puertas mientras hacen uso del aire acondicionado o la calefacción. Las medidas españolas, según el profesor Rotellar, por el contrario, pueden “provocar una disminución de la oferta energética y encarecimiento de sus precios”.

Las medidas energéticas han sido consideradas como una intromisión del gobierno central en un asunto que incumbe a las comunidades autónomas (departamentos) y la Comunidad de Madrid ya ha afirmado que la capital de España no se apaga y que recurrirá el decreto ante el Tribunal Constitucional.

Por lo pronto, la escalada inflacionaria no da tregua y no se prevén cambios en el inmediato futuro.

JUANITA SAMPER OSPINA