En Cartagena se apagó la fiesta / Análisis Ricardo Ávila

El auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones de Cartagena ha acogido centenares de eventos importantes a lo largo de más de cuatro décadas de historia. Aún con esos antecedentes, dicen quienes llevan un buen tiempo trabajando en sus instalaciones que pocos ambientes se comparan con el que era palpable en la noche del viernes, cuando Gustavo Petro llegó al escenario para clausurar el Congreso Empresarial Colombiano organizado por la Andi.

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A pesar de las dos horas de retraso frente a lo que decía el programa, las 1.462 butacas del salón permanecieron ocupadas, aparte de aquellos que estuvieron de pie. En su saludo, Bruce Mac Master, el presidente del gremio, resaltó la importancia del sector empresarial, subrayó la necesidad de generar confianza y ofreció el apoyo de sus afiliados para hacer realidad las prioridades del nuevo Gobierno. Acto seguido, llegó el turno del mandatario.

En lugar de responder a los planteamientos de su anfitrión, el Presidente hizo una larga exposición que deja en claro una visión que, por decir lo menos, contrasta radicalmente con la apreciación de quienes le antecedieron en el mismo cargo. Según esta, el balance de lo ocurrido con respecto al desarrollo de Colombia a lo largo de medio siglo es muy pobre, ante lo cual se puede concluir que el modelo imperante fracasó.

No obstante, la intención ahora no es la de reivindicar el socialismo, sino de trazar la que podría llamarse como una cuarta vía, diferente a la planteada por capitalismo, comunismo o el tercer esquema que proponía Juan Manuel Santos a partir de los preceptos del ex primer ministro británico Tony Blair. Esta se basa en el desarrollo agrícola y la reindustrialización, que son la base tangible del progreso.

Por el contrario, el sector de servicios y en especial el financiero son una especie de parásitos que les chupan la savia a los dos primeros. Mención aparte merecen las actividades extractivas, que no solo condenan al país a depender de los bienes primarios, sino que además son las culpables del calentamiento global que, por cierto, ocasionó la pandemia asociada al covid-19.

Para cambiar esa realidad, aseguró el inquilino de la Casa de Nariño, resulta indispensable el liderazgo estatal. En concreto, la producción no solo depende de los empresarios, aunque necesita su empuje, sino que el Estado –que no está interesado en expropiar– debe estar al mando.

De tal manera, la respuesta es una alianza público-privada (en ese orden) que permitirá acabar con el hambre, implantar una matriz productiva a partir de las energías limpias, crear una sociedad justa y equitativa y construir la paz verdadera. Para ello no solo se requiere de una reforma tributaria, sino distribuir de manera adecuada la tierra.

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Aunque en varias ocasiones lo dicho por Petro llevó al auditorio a aplaudir, la ovación final fue mucho más cortés que entusiasta. A pesar de lo avanzado de la hora, en las afueras del recinto se formaron corrillos en los cuales los asistentes al acto comentaron lo sucedido. Uno de ellos hizo una afirmación que dio lugar a gestos de aprobación de sus colegas: “quedé más asustado que antes”.

La frase resume lo que podría describirse como el final de una luna de miel de muy corta duración, al menos con el segmento representado en Cartagena. Más que una confrontación abierta, lo que sucedió fue un enfriamiento que desde ya anticipa tormentas en múltiples frentes, pues hay dos maneras casi irreconciliables de diagnosticar la realidad nacional y los problemas comunes de la sociedad.

Y aunque esas diferencias no son nuevas, el tono de las palabras pronunciadas el 7 de agosto durante el acto de posesión presidencial reanimó brevemente la esperanza de diálogo y búsqueda de consensos. Basta recordar que en el discurso en cuestión brilló por su ausencia el tono revanchista o la mirada crítica a la istración anterior. Fuera del incidente de la espada de Bolívar, se respetaron los símbolos institucionales, al igual que las formas en la transmisión de mando.

Sin embargo, la radicación del proyecto de ley de reforma tributaria en el Capitolio, a las 24 de horas de transcurrida la imposición de la banda tricolor, comenzó a enfriar los ánimos. Si bien se sabía que eso iba a suceder, una cosa es el anuncio sobre un esfuerzo mayor y otra, la precisión sobre cómo se piensan redistribuir las cargas entre los contribuyentes.

Para comenzar, resultó evidente que el introducir elementos que permitirán una mayor progresividad en las obligaciones fiscales de las personas naturales, por cuenta de las modificaciones al impuesto de renta y la adopción del de patrimonio, llevará a que estas aporten cerca de una tercera parte de los 25 billones de pesos que se buscan como recaudo adicional. Por su parte, las empresas asumirán la mayor parte de la cuenta, a través de menores deducciones y tasas efectivas más elevadas.

De acuerdo con los cálculos de la Andi, el peso de la tributación crecerá de manera significativa para las más diversas actividades. Cuando en la fórmula se incluye lo que pagarían los socios de las empresas, debido al alza planteada en la tarifa de los dividendos, el promedio general subiría al 67,1 por ciento de las utilidades brutas, 25 puntos porcentuales más que ahora y muy por encima de Canadá, que hasta la fecha ocupa el primer lugar en el mundo con 53,5 por ciento.

Aceptando que las comparaciones son odiosas, dentro de América Latina la cifra de México es 42, la de Chile 40 y la de Costa Rica 15 por ciento. En el mundo desarrollado, Francia aparece con 34, Estados Unidos con 28,9 y España con 26 por ciento.

Tales números generaron no poca incomodidad en el ministro de Hacienda el jueves, quien a primera hora de la jornada hizo una completa exposición. Pero tras esa primera reacción José Antonio Ocampo escuchó pacientemente los comentarios que se le hicieron en diferentes reuniones y recibió propuestas que hacen pensar en un texto más equilibrado cuando llegue el momento de las ponencias en el Congreso.

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Mención aparte merece el sector de minería e hidrocarburos. Como es bien conocido, desde la campaña presidencial Gustavo Petro insistió en un marchitamiento de estas actividades, tanto por su efecto ambiental como por la necesidad de moverse hacia una base productiva más diversa.

Tales planteamientos han sido reiterados por dos personas claves del gabinete, que representan el pensamiento del mandatario: la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y la de Minas y Energía, Irene Vélez. Mientras la primera se hizo presente en la Heroica, la segunda envío un video, con señales claras que confirman la prohibición de la técnica de la fracturación hidráulica –más conocida como fracking– y la orden de no suscribir más contratos de exploración de petróleo y gas, ante la opinión de que con los ya firmados el país podrá mantener su abastecimiento durante un tiempo.

Esa perspectiva muy posiblemente se acelere debido a las mayores cargas que para este capítulo establece la reforma tributaria. Aparte de eliminar la deducción del pago de regalías en el cálculo del impuesto de renta, apareció un artículo que fija una contribución del 10 por ciento en el valor de las exportaciones del barril de petróleo, la tonelada de carbón o la onza de oro, por encima de una cotización determinada.

Como consecuencia, la Andi sostiene que la tasa efectiva de tributación para las compañías del grupo pasaría de 53 a 87 por ciento, entre el año gravable 2022 y 2023. Semejante salto ubicaría a Colombia como un lugar muy poco atractivo para atraer recursos en este frente, lo cual se suma a las decisiones de orden legal, istrativo o de permisos para operar.

Al respecto no faltará quien aplauda, pues el Gobierno simplemente estará cumpliendo con lo que prometió. El problema son los efectos de corto plazo derivados de las condiciones descritas: menores gastos de capital previstos para el año que viene y una caída inminente en los niveles de producción, por cuenta de pozos que dejan de ser rentables al no gravar la utilidad sino el ingreso bruto.

Así las cosas, los excedentes para exportar en el caso del petróleo –cercanos a los 350.000 barriles diarios actualmente– empezarían a reducirse pronto. Más temprano que tarde la anhelada autosuficiencia desaparecería y con ella, la fuente de los nuevos impuestos. Puesto de otra forma, el país mataría la que llegó a ser la gallina de los huevos de manera más veloz, afectando de paso las finanzas de departamentos y municipios, además de las nacionales.

Lo anterior no considera el efecto de una caída de las inversiones del ramo, que este año superarían los 4.000 millones de dólares, lo cual se traduce en menos contratación de servicios y trabajadores en múltiples regiones. Como si eso fuera poco, la promesa de los depósitos de gas en el mar Caribe puede volverse imposible de concretar, en caso de que Ecopetrol no logre atraer socios que dispongan de la tecnología y aporten dinero para desarrollar la que es una labor compleja y costosa.

El caso específico de este renglón pone de presente las enormes dificultades prácticas de la “cuarta vía” que propone Gustavo Petro. En el imaginario del Presidente, a partir de la redistribución en la propiedad de la tierra y del dinero proveniente de los impuestos que pagarán los más ricos, vendrá un salto en la producción de alimentos que será la base de un renacer industrial, acompañado de energías no contaminantes.

Así, Colombia llegará a ser no solo una nación más justa, equitativa y sostenible. El sueño de convertirnos en “potencia mundial de la vida” se habrá concretado.

Pero para que eso suceda se necesita otro círculo virtuoso. Este comienza con la confianza que se expresa en la inversión tanto local como extranjera, por cuenta de la cual aparecerán las fábricas y los empleos formales de calidad.

Y así el Estado busque ser socio en ciertas áreas y comprometa fondos, su capacidad es insuficiente para atender todas las necesidades. Eso es todavía más difícil en un mundo que se asoma a la recesión y experimenta tasas de interés al alza y aversión al riesgo, entre otros retos.

Ello explica los ceños fruncidos en la noche del viernes. Citando a Mafalda, uno de los presentes en el auditorio recordó a Mafalda: “lo importante no es romper las estructuras, sino saber qué se hace con los pedazos”.

Por tal motivo, la voluntad de diálogo merece expresarse en hechos, antes de que el sector privado levante el pie del acelerador y decida aplicar el freno. Los merecidos aplausos que recibió la decisión de desmontar rejas y barreras en cercanías del palacio presidencial debería extenderse a un gobierno atrapado en las murallas del dogmatismo. De lo contrario, la “casa grande” a la que tanta referencia hace la ministra de Minas acabará siendo más pobre, por la imposibilidad de aplicar el sentido práctico a la hora de construir una nación que, de verdad, sea mejor para todos.

RICARDO ÁVILA PINTO

Para EL TIEMPO