Las 26 demandas que pondrían en jaque la reforma tributaria

De llegar a prosperar alguna de las demandas que existen en la Corte Constitucional contra la reforma tributaria (Ley 2277 de 2022) que aprobó a finales del año pasado el gobierno de Gustavo Petro, se podrían caer los puntos más importantes o, incluso, todo el articulado, como ya ocurrió con la Ley de Financiamiento del 2018 de Iván Duque.

Desde su sanción el pasado 13 de diciembre a hoy, a la Corte Constitucional han llegado 61 demandas, de las cuales 26 ya han sido itidas, es decir, el 43 por ciento, y cuatro de ellas han sido acumuladas a otros expedientes.

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Incluso, algunas van tan avanzadas que se espera que en las próximas semanas comiencen ya los primeros fallos. Sin embargo, del lado del Gobierno están tranquilos y dicen que trabajan fuertemente en demostrar que los artículos sí son constitucionales.

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Una de las más avanzadas es la que presentó el representante a la Cámara del Centro Democrático Carlos Edward Osorio, quien pidió declarar inexequible el artículo 19, el cual prohíbe a las empresas del sector minero-energético deducir las regalías del impuesto de renta. A esta se le acumularon otras dos similares.

“Incrementa artificialmente la base gravable del impuesto de renta sobre las empresas, de tal suerte que tendrán que pagar parte del impuesto sobre un ingreso que nunca recibieron”, argumenta el representante.

Esta situación, según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), comprometería la viabilidad de muchos de los proyectos vigentes. El gremio calcula que solo por la no deducibilidad de las regalías en una operación de carbón se podría incrementar la tasa efectiva de tributación (TET) de un 88,1 por ciento actual en promedio a un 142,8 por ciento.

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“La reforma sobrepasa la capacidad contributiva de las empresas mineras, haciéndolas inviables en escenarios de precios promedios, lo que podría comprometer el recaudo de mediano plazo y el gasto social”, sentencia el gremio liderado por Juan Camilo Nariño.

Debido a la complejidad del tema, la Corte incluso realizó una audiencia pública en dos jornadas (21 de julio y 4 de agosto) para escuchar los distintos argumentos expuestos. Esta contó con la participación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, además de representantes del sector extractivo y de expertos independientes.

“Las regalías son recursos del Estado. Eso significa que si alguien va a explorar y explotar un recurso petrolero y se acuerda una contraprestación de regalía del 35 por ciento y saca 100 barriles, 65 de ellos van para su actividad privada y 35 son del Estado. Si se permite la deducibilidad, le estamos entregando al particular lo que nunca fue suyo”, afirmó Bonilla.

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Otra de las demandas que avanzan a paso firme es la que pide que se declare inconstitucional el artículo 54, el cual incluye un impuesto a las bebidas azucaradas que entraría en vigor en noviembre.

Entre las itidas está la presentada por el constitucionalista Juan Manuel Charry. Este dice que la norma establece una tarifa fija o específica del impuesto al consumo de bebidas azucaradas de 0 a 65 pesos según el contenido de azúcar por cada 100 mililitros (ml), lo que vulnera los principios de progresividad tributaria, equidad y eficiencia.

“La tarifa es una medida legislativa irrazonable, inidónea y desproporcionada, pues establece un gravamen inequitativo y regresivo que no cumple eficaz ni eficientemente el fin constitucionalmente legítimo que propone”, dice la demanda.

Frente a este artículo, también hay en el Congreso una proposición firmada por representantes y senadores de diferentes bancadas que piden aplazar su entrada hasta enero del 2026 debido al impacto que está teniendo la inflación en los hogares.

Entre las itidas también está una contra el artículo 95, el cual crea una contribución para los estudiantes del Icetex que no cuenten con un subsidio de tasa otorgado por el Gobierno, o la que dice que son inconstitucionales los artículos 35, 36, 37, 38 y 39, que establecen el nuevo impuesto al patrimonio a partir de los 3.180 millones de pesos.

Igualmente, sigue su curso la que demanda las nuevas reglas para los s de las zonas francas en materia de renta. Según la reforma, para mantener su tarifa preferencial del 20 por ciento deben cumplir con un umbral mínimo de exportación que determinará el Gobierno. De lo contrario, pagarían la tarifa ordinaria del 35 por ciento.

Por ejemplo, está la presentada por el socio de litigio tributario de DLA Piper Martínez Beltrán, César Camilo Cermeño, y el profesor de la Universidad de los Andes Diego Eduardo López, en la que se argumenta que esta modificación vulnera la confianza legítima, se vuelve expropiatoria y resulta discriminatoria, además de ser de difícil cumplimiento para ciertas empresas que se calificaron en una zona franca para la producción destinada al mercado nacional y que, por imposibilidad física y regulatoria, no pueden adecuar su operación a las exigencias normativas.

“El debate tributario se ha venido constitucionalizando de manera más intensa en los últimos meses, y los contribuyentes prefieren plantear sus dudas sobre ciertas normas ante el juez constitucional por los enormes impactos que se generarían en debates particulares. El número de demandas repetidas, es decir que versan sobre el mismo artículo, seguramente es un reflejo de lo central que es el debate en torno a múltiples medidas y su impacto en la percepción pública”, afirma el socio de DLA Piper Martínez Beltrán, firma que ha presentado un total de siete demandas.

También la demanda contra el nuevo impuesto sobre los plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Mauricio Piñeros, director general de Gómez-Pinzón Abogados, una de las firmas que demandaron el artículo, dice que este tributo está confundiendo a las empresas puesto que no se sabe con certeza quién es el sujeto pasivo.

“No se sabe si tiene que pagar el que vende el plástico para embalar naranjas o el que empaca y las vende en un plástico de un solo uso. Esa la gran confusión. Todos aquellos que no están recaudando el impuesto en este momento, si no se llega a caer el artículo, lo tendrán que pagar en el 2024”, afirmó.

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Contra la totalidad de la ley llegaron dos demandas; sin embargo, solo fue itida una, la presentada por el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, quien reclama que hubo vicios de procedimiento en su trámite legislativo.

“En su momento denunciamos que el gobierno Petro quería ‘pupitrear’ la reforma y así lo hizo. Los congresistas tenían el derecho de conocer lo que estaban votando y el Gobierno, a través de sus aliados, no lo permitió. Además, la conformación de las comisiones de conciliación no contó con la participación de todos los partidos, mucho menos con de la oposición, pese a que hice la solicitud al entonces presidente del Congreso”, aseguró Uribe.

De las 61 demandas que han llegado, también hay 24 que ya han sido rechazadas, tres de ellas fueron initidas y cuatro todavía están pendientes de isión. Las decisiones están pasando por las manos de magistrados ponentes como Alejandro Linares, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Paola Andrea Meneses Mosquera.

NOELIA CIGÜENZA RIAÑO

Subeditora de Economía y Negocios

En X: @noe_cig