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Las demandas contra el artículo 61 del PND que podrían enredar la reforma agraria

Pese a los acuerdos del Gobierno con Fedegán, en la Corte Constitucional avanzan 6 demandas. 

En Colombia hay 54 millones de hectáreas de propiedad privada de los 114 millones de hectáreas que tiene el país, afirma el presidente de Fedegan

En Colombia hay 54 millones de hectáreas de propiedad privada de los 114 millones de hectáreas que tiene el país, afirma el presidente de Fedegan Foto: Archivo EL TIEMPO

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En las últimas semanas, dos proyectos de decreto del Ministerio de Agricultura elevaron la tensión sobre la implementación de la reforma agraria, con la que el Gobierno espera comprar 1,5 millones de hectáreas de aquí a 2026 para repartirlas a los campesinos. El primero habla, entre otros, de la extinción de dominio y el segundo busca que los campesinos se movilicen.
Después de las reclamaciones de estos días de gremios como Fedegán, ayer las partes llegaron a un acuerdo para poder elaborar estos proyectos de una manera consensuada.
La ministra de Agricultura Jhenifer Mojica y el presidente de Fedegan José Félix Lafaurie se reunieron en el Ministerio de Agricultura.

La ministra de Agricultura Jhenifer Mojica y el presidente de Fedegan José Félix Lafaurie se reunieron en el Ministerio de Agricultura. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPO.

Van 6 demandas en la Corte

Entre tanto, siguen avanzando del lado jurídico las demandas que han llegado a la Corte Constitucional y que podrían enredar la reforma. 
En total, van 6 demandas contra el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual tiene detrás la sombra de la expropiación.
José Félix Lafaurie, negociador de paz y presidente de Fedegan.

José Félix Lafaurie, negociador de paz y presidente de Fedegan. Foto:Carlos Ortega. Archivo EL TIEMPO

Precisamente, el primer proyecto de decreto es el que reglamenta este artículo. Según José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, este elimina las garantías judiciales a la extinción de dominio convirtiendo el proceso en "istrativo", es decir, sin la intervención de un juez y a discreción de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
“La expropiación implica indemnización, hay que pagar el valor del bien. En la extinción del dominio, que es la propuesta del Gobierno, no hay que pagar, el Estado se lo quita, lo trata como a un criminal. En cambio, el narcotraficante o el corrupto tienen derecho a un proceso judicial con intervención de un juez”, asegura el líder gremial.
Ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, dice que Gobierno compró 25.000 hectáreas.

Ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, dice que Gobierno compró 25.000 hectáreas. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO

Qué dicen las demandas

Casi todas son demandas de inconstitucionalidad contra los incisos 1, 2, 3 y 6 del numeral 6 y contra el parágrafo tercero del artículo 61 de la hoja de ruta del Gobierno. 
“Las normas derogadas que consagraban las garantías plenas en estos procesos (…) fueron sustituidas por otras completamente regresivas por monopolizar en un solo ente la función de investigación y de juzgamiento en este tipo de procesos agrarios, volviendo a la execrable vieja práctica de ser juez y parte de manera simultánea, lo que ya se encontraba completamente superado en las normas derogadas”, asegura la demanda interpuesta por la firma Forero & Forero Abogados & Ciencia Política.
Adicional a ello, también hay una que demanda todo el artículo 61 porque dice que en su trámite hubo "un vicio insubsanable" ya que no se hizo pública de manera integral la proposición que modificaba el texto en el segundo debate del Senado.

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