Ministerio de Hacienda recibió la inspección de la Corte Suprema de Justicia

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que ayer, 10 de diciembre del 2024 recibió una inspección solicitada por la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia.

La visita fue atendida por parte de la entidad a través de sus diferentes equipos de trabajo.

El ministerio señaló que entregó a los delegados los elementos que fueron solicitados por ellos y además la entidad agregó que tiene la disponibilidad de atender a todos los entes de control y los requerimientos hechos por parte de sus funcionarios.

Además, en la mañana del miércoles 11 de diciembre, por orden del presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se llevaron a cabo dos allanamientos en la casa y oficina de una funcionaria del Ministerio de Hacienda.

EL TIEMPO estableció que el allanamiento se da en el inmueble y oficina de la funcionaria Andrea Ramírez, quien sería el enlace entre la cartera de Hacienda y el Congreso de la República.

Las diligencias, se hacen en el marco de la investigación que lleva el alto tribunal contra varios congresistas que estarían inmersos en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD).

Por esa misma investigación el presidente, Gustavo Petro, le solicitó la renuncia al entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para que el funcionario enfrente las acusaciones en su contra.

Bonilla presentó su renuncia y el equipo jurídico del exministro  prepara su defensa.

Ante la Fiscalía General de la Nación, María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla aseguró ante la Fiscalía que el exministro habría sido una de las figuras clave en una operación presuntamente diseñada para aprobar rápidamente créditos internacionales en diciembre de 2023. 

De acuerdo con Mauricio Pava, abogado de Bonilla, las acciones del funcionario estuvieron enmarcadas dentro del “deber objetivo de cuidado exigido por el principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público, y no como parte de un intercambio de favores”.

Sobre este caso puntual, la Corte Suprema cree que los investigados habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CI).

“En concreto, a cambio de conceptuar operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD, en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar)”,expuso la corte.

Para el presidente Petro la acusación a Bonilla es injusta y agregó que una lucha histórica contra los cupos indicativos, una práctica que, en su opinión, ha perpetuado la corrupción en Colombia.

"La misma funcionaria de minhacienda lo sabe. Los llamados cupos indicativos, que yo mismo denuncié en el congreso, en aquel entonces eran hechos por centenares, en donde los congresistas se identificaban por códigos secretos en el minhacienda, y en donde se entregaban centenares de miles de millones de pesos, girados a alcaldes amigos de los congresistas, para que estos eligieran los contratistas que iban a darles dinero en efectivo para comprar los votos de sus electores, no es un invento de hoy, y no solo es un delito, sino que es el mismísimo sistema político de Colombia”, afirmó el mandatario en su cuenta de X, antes Twitter.