¿Quiénes son los 21 salpicados por caso UNGRD, entre congresistas y exaltos funcionarios?

A nivel judicial, las autoridades tienen varios indicios en contra de 21 congresistas y fichas del Gobierno que serían parte de los capítulos del entramado corrupto para saquear la UNGRD, que ya tiene a seis personas tras las rejas y a punto de ser condenadas. Esta semana, el nombre más sonado fue el de una de las personas con mayor cercanía al presidente Petro, su exministro Ricardo Bonilla, a quien le pidió la renuncia luego de que se conocieron comprometedores señalamientos de su exasesora María Alejandra Benavides en la Fiscalía.

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En una declaración que es analizada por los investigadores, ella lo ubicó como quien a finales del año pasado supuestamente la usó para obtener beneficios –de la mano de Jaime Ramírez Cobo, el único que sigue en el Ejecutivo– de seis congresistas de las comisiones económicas. El negocio, según lo que tienen la Fiscalía y la Corte Suprema, era entregarles tres proyectos por $92.000 millones a cambio de que revisaran conceptos claves para los cupos de endeudamiento que requería el Gobierno.

El aterrizaje de la versión de Benavides en el ajedrez que tiene la Fiscalía es producto de un giro en su estrategia de defensa, pues hace tres meses había optado por guardar silencio.

La renuncia de Bonilla no cambiará en nada su situación en el ente acusador. Si bien tenía un fuero, lo seguirá investigando el mismo equipo de agentes porque el caso tiene una asignación especial. Por ahora, su defensa está a la espera de que la entidad los escuche para establecer en qué van las pesquisas. El cálculo es que la cita se concretará cuando terminen las audiencias contra Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, que también habría participado del escándalo.

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Sumándolos a ambos, van cinco fichas del alto gobierno que se han caído de sus cargos. Antes salieron Carlos R. González, del Dapre; Luis F. Velasco, del Ministerio del Interior; Olmedo López, de la Unidad, y César Manrique, de Función Pública. Todos están bajo la lupa –sin investigaciones– porque serían quienes dieron órdenes para repartir contratos de la UNGRD por $ 228.000 millones, y así torcer a congresistas.

Esa tesis la han venido sosteniendo ante la fiscal María Cristina Patiño los exdirectivos de la Unidad Olmedo López y Sneyder Pinilla, los primeros en levantar la mano para negociar una rebaja de pena delatando a los otros salpicados. Ellos y otras cuatro personas (Luis C. Barreto, Pedro Rodríguez, Luis E. López y Édgar Riveros) están a la espera de que se programe la fecha en la que un juez va a revisar las condenas producto del acuerdo al que llegaron.

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Con ellos tras las rejas, la Fiscalía avanza en su segunda fase de judicializaciones –no se descarta una tercera–, y ahora –según fuentes– el ojo está puesto en personas como César Manrique, quien al parecer llevó a Barreto a la UNGRD para mover irregularmente recursos de la Agencia de Tierras y la Unidad por $ 100.000 millones, que irían a parar a los bolsillos de contratistas con los que ellos estaban asociados. Para la siguiente semana, la Corte citó a indagatoria a los congresistas Julián Peinado, Juan P. Gallo y Juan D. Muñoz (renunció). A esas diligencias ya asistieron Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Iván Name y Andrés Calle.

Carlos López - Justicia