Crecimiento, empleo y ayudas, fórmula frente a la pobreza

La fórmula para combatir los elevados niveles de pobreza que tiene hoy Colombia, en buena medida por los efectos adversos de la pandemia del covid-19, no puede supeditarse a la sola entrega de subsidios estatales.

Dicha solución debe ser una combinación entre crecimiento económico, oportunidades de empleo de calidad para los jóvenes y las mujeres –los segmentos de la población más golpeados en esta crisis–, educación y el mantenimiento de los programas de asistencia social para los más vulnerables, coincidieron algunos expertos, luego de conocerse los datos que muestran el mapa de la pobreza en el país en medio de la pandemia.

Precisamente, las cifras reveladas por el Dane el jueves de esta semana le sirvieron al Gobierno Nacional para reforzar sus argumentos, una vez más, sobre la necesidad de aprobar su proyecto de ley de solidaridad sostenible para sacar adelante el país; pero, a su vez, también fueron la bandera de aquellos que se oponen a que dicho proyecto salga adelante en el Legislativo, por considerar que, tal como está concebido, terminaría empobreciendo más a los colombianos en medio de la coyuntura.

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Colombia tiene hoy más de 21 millones de habitantes en condición de pobreza y 7,5 millones en extrema pobreza. Estas fueron apenas dos de las cifras dadas por el ente estadístico oficial y que de inmediato encendieron las alarmas esta semana.

Sin embargo, el Dane también dejó claro que de no ser por las ayudas a la población más vulnerable, entregadas a través de programas como la devolución del IVA, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y otros más implementados en algunas regiones del país, el número de personas en situación de pobreza habría aumentado entre 1,1 y 2,2 millones en el 2020.

“Colombia pasó a tener, el año pasado, al 42,5 por ciento de su población en condición de pobreza, un incremento de 6,8 puntos porcentuales frente al dato del 2019”, precisó Juan Daniel Oviedo, director del Dane.

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Así, mientras por cuenta de la pandemia 3,6 millones de personas más en Colombia cayeron en situación de pobreza, de las cuales 1,1 millones viven en Bogotá, cerca de 2,8 millones quedaron en pobreza extrema.

Y si bien ese disparo en el número de personas en situación de pobreza y de pobreza extrema fue particularmente alto en algunas ciudades como Barranquilla (15 puntos porcentuales) y Bogotá (cerca de 13 puntos porcentuales), también llamó la atención de algunos analistas y expertos la caída observada en estos frentes en las zonas rurales.

En efecto, allí la pobreza se redujo en 4,6 puntos al pasar de 47,5 por ciento en 2019 a 42,9 por ciento un año después, una de las cifras más bajas en los últimos nueve años. A su vez, la pobreza monetaria extrema en los centros poblados y rural disperso del país pasó de 19,3 por ciento a 18,2 por ciento en ese último año.

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Para Roberto Angulo, miembro del Comité de Expertos de Pobreza del Dane, esa caída particular de la pobreza en esas zonas del país “intuyo que está relacionada con toda la capilaridad y la cobertura rural que tiene Familias en Acción”, donde la capacidad del Departamento de Prosperidad Social (DPS), que está llegando con esas ayudas a las zonas más apartadas, ayudó y está siendo efectiva.

Sin embargo, la pregunta es ¿qué hacer para contener esa escalada de la pobreza, al tiempo que el país tendrá que convivir con la pandemia quizás por un par de años más?

Los expertos coinciden en la efectividad no solo de los programas sociales con los que el Gobierno ha atendido esta emergencia, sino también la rapidez con que se actuó para tratar de contener los efectos de la pandemia en la salud y la economía de los hogares.

El año pasado, dichas ayudas alcanzaron los 12,5 billones de pesos. De estas, más de 4,3 billones cubrieron a cerca de 3,1 millones de personas con el llamado Ingreso Solidario; 3,84 billones se destinaron a 2,63 millones de beneficiarios del programa Familias en Acción y cerca de 371.000 millones cubrieron a un millón de beneficiarios con la devolución del IVA, entre otras ayudas irrigadas a la población más vulnerable, según cifras del DPS.

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Y si bien existe consenso entre empresarios, expertos y el Gobierno en que esos programas se deben mantener y extender, tal como lo ratificó el presidente Iván Duque en su alocución del viernes, esas mismas voces coinciden en que esto no es suficiente para contener la escalada de la pobreza.

María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, dice al respecto que dichos beneficios han demostrado que no son suficientes para combatir la pobreza.

“No podemos combatirla con subsidios que sean un alivio temporal, se deben desarrollar apoyos direccionados a generar educación y empleo; si no, estos serán un arma de doble filo”, dice.

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Para la directiva, la mejor manera de combatir la pobreza es el crecimiento económico y la redistribución equitativa de la riqueza, donde prime la educación para poder generar empleo de valor y a largo plazo, en especial para los jóvenes y las mujeres, los más afectados por esta crisis.

Algo en lo que coincidió el experto Roberto Angulo, quien enfatizó que con las cifras reveladas por el Dane hay unos retos muy importantes, sobre todo en algunas ciudades donde sus habitantes fueron muy golpeados por la crisis actual.

“Vemos que las ayudas complementaron, pero nunca van a sustituir el aparato productivo. La solución (a la problemática de la pobreza) es una combinación idónea de reactivación económica e inclusión productiva y transferencias monetarias. Sin duda las transferencias marcan una línea en esta crisis y se tienen que mantener de forma concurrente y controlada”, señaló.

Lo que están viendo los expertos y los propios organismos multilaterales es que si bien los programas de vacunación avanzan, una recuperación no será fácil ni pronta.

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Alejandro Pacheco, representante adjunto para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en Colombia, también coincidió en la necesidad de mantener los programas de beneficios estatales para la población más vulnerable y afectada por esta pandemia en Colombia, al reconocer que esta es la peor crisis que han medido en los últimos 30 años y que Latinoamérica es la región más golpeada en materia de indicadores económicos y de salud.

“Cuando vino el choque del covid-19, Colombia ajustó sus políticas para contener la caída en la pobreza y lo que hemos visto es que esas políticas se aplicaron y tuvieron efecto porque ayudaron a contener la caída de la pobreza en varios puntos porcentuales”, reconoció el funcionario.

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Agregó que desde el Pnud están “viendo un golpe fuerte sobre mujeres, estamos viendo un golpe fuerte en la zona urbana. Se requieren unos ajustes, pero también hay que mantener estos programas de ayudas, para acompañar con estos programas el proceso de recuperación económica y no dejar a nadie atrás”.

Extender los programas significaría reforzar esa red de protección social. Las estimaciones de la primera propuesta del proyecto de ley de solidaridad sostenible confirman estos datos. El objetivo del Gobierno Nacional ha sido que el conjunto de programas de transferencias, incluyendo un Ingreso Solidario permanente y fortalecido, pueda resultar en reducciones en pobreza extrema y monetaria de 7,9 y 4,2 puntos porcentuales respectivamente. Con este paquete también se podría esperar reducciones en los niveles de desigualdad de hasta 3,2 puntos en el índice de Gini.

En primer lugar, existe una relación muy estrecha entre pobreza monetaria y el comportamiento de la economía y del mercado de trabajo. La propagación del covid-19 se ha dado principalmente en las ciudades y, por lo tanto, en 2020 fue necesario tomar medidas más estrictas para controlar el desplazamiento de personas y las actividades económicas en los ambientes urbanos. En la zona rural, aunque el desempleo aumentó, lo hizo en una proporción muy pequeña comparado con lo urbano y se recuperó rápido a niveles previos a la pandemia.

En segundo lugar, las ayudas institucionales del Gobierno Nacional tienen una amplia presencia en la zona rural de Colombia, lo que contribuye a la reducción de la brecha urbano-rural establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. En 2020, cerca del 60 por ciento de las ayudas del Estado se dirigieron a centros poblados, zona rural dispersa y pequeñas cabeceras municipales.

El esfuerzo del Gobierno para ampliar las transferencias monetarias en 2020 logró mitigar la pobreza monetaria rural en 7,1 puntos porcentuales y la pobreza extrema rural en 9,7 puntos.

Las cifras de crecimiento del PIB y de desempleo nos indican que a partir de agosto-septiembre del 2020 se inició un proceso de recuperación económica que coincide con las reaperturas, tendencia positiva que se sostuvo en el último trimestre del año. De igual manera, a partir de agosto de 2020 se evidencia una reducción de las cifras de desempleo nacional. Sin embargo, no es momento de bajar la guardia en la lucha contra la pandemia. El Banco Mundial estima que en 2021 entre 140 millones y 160 millones de personas pueden aún caer en pobreza en todo el mundo.

En este escenario resulta primordial acompañar el camino hacia la reactivación económica del país con un fortalecimiento de los programas de trasferencias monetarias.

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