Tras pacto, los s de energía ahorrarán hasta $ 2 billones al año

Con dos medidas iniciales acordadas entre el Gobierno y los actores del sector eléctrico del país (generadores, comercializadores, transmisores y distribuidores), los s del país comenzarán a experimentar para fin de año no solo una reducción en el precio de sus tarifas que estará entre el 4 y el 8 por ciento a nivel nacional, sino que las variaciones de los próximos meses no tendrán los fuertes incrementos que se han visto este año.

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Esto será posible tras la primera fase de las medidas que está liderando el Ejecutivo no solo para atajar la escalada alcista de precios, cuyo aumento de enero a septiembre fue del 22,89 por ciento, sino para que en adelante, mientras construye un nuevo indicador, se estabilicen al cambiar de forma temporal el indexador que se aplica en los contratos y variables, que tradicionalmente ha sido el Índice de Precios al Consumidor (IPP).

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En este sentido, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y los actores del sector energético revelaron que, como resultado de la primera etapa de negociaciones, 82 empresas, pertenecientes a los componentes de generación, transmisión y distribución, se unieron al Pacto por la Justicia Tarifaria, para disminuir las tarifas de energía para los s en todo el país.

Según la funcionaria, en total 952 contratos entre generadores y comercializadores fueron modificados, de los cuales el 54 por ciento se asocian al mercado regulado, es decir, al de los hogares y pequeños comercios, y el 46 por ciento, al mercado no regulado.

La funcionaria señaló que, a final del año, como parte de este proceso inicial, la reducción estará entre el 4 y el 8 por ciento, dependiendo de las condiciones de cada mercado, y reveló que otra decisión adoptada como parte del proceso es que, en adelante, y de forma temporal, el indexador que se tomará en el sector eléctrico será el menor entre el Índice de Precios del Productor (IPP) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mensualmente publica el Dane.

“Esto es solo el inicio del gran acuerdo al que debemos llegar y apenas una etapa intermedia en el cronograma del pacto. Haber sentado en un diálogo a casi todo el sector ya es un logro sin precedentes. Sin embargo, reitero la necesidad de seguir trabajando para alcanzar la meta que nos hemos propuesto”, aseguró.

A mediano plazo, las autoridades del sector eléctrico y el Dane trabajan en la construcción de un indexador específico, lo cual permitirá considerar de forma diferenciada las formas de generación, los componentes y su comportamiento en las tarifas.

Los anuncios de los avances en el Pacto por la Justicia Tarifaria fueron hechos ayer por la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres; el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), Jorge Valencia Marín; la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén), Natalia Gutiérrez; el director general de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, y la directora sectorial de energía y gas de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Katherine Simancas.

De acuerdo con el Gobierno, el propósito es que antes de que finalice el año los colombianos vean una reducción en su tarifa de energía y, para este fin, las empresas se comprometieron con que este cambio será visible desde noviembre.

El presidente de Asocodis, José Camilo Manzur, indicó que las dos medidas adoptadas pueden representar ahorros para los s, en los próximos 12 meses, entre 1,5 billones de pesos y 2 billones de pesos, una cifra que representa entre el 8 y el 10 por ciento por ciento de la reforma tributaria que se está discutiendo en el Congreso.

No obstante, instó a los s para que adopten un consumo cada vez más eficiente de la energía, toda vez que el costo del servicio se compone principalmente del valor de los componentes de la cadena agrupados en el costo unitario del kilovatio, multiplicado por la cantidad de kilovatios que se consumen cada mes.

“Esto para efectos de que ese gran esfuerzo que han realizado las empresas no se pierda con los incrementos en el consumo que puedan tener”, agregó Manzur al señalar que esto aplica tanto para la temporada navideña que viene como para el diario vivir.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) expidió ayer la circular 095, en la que detalla los agentes de transmisión y de distribución (operadores de red) que se acogieron, y los que no, a la modificación temporal de los factores de indexación de las variables empleadas para el cálculo de ingresos y cargos.

Según el listado, son 9 los agentes que no se acogieron a esta opción, entre los que aparecen Empresas Públicas de Cartago, la Electrificadora de Santander y Afinia, estas dos últimas, filiales del Grupo EPM. Por esa razón, es probable que en estas regiones no se vean las mismas reducciones que en el resto del país, pues estas podrían darse solo desde algunos de los cuatro componentes de la cadena del sector.

Según se conoció, el Grupo EPM se vinculó desde la generación de energía, pero no desde sus filiales, toda vez que en el documento de la Creg entre los transmisores que no están también aparecen EPM (transmisión) y la Electrificadora de Santander, acompañadas por las Centrales Eléctricas de Norte de Santander.

La presidenta de la Asociación Colombiana de Generación de Energía Eléctrica (Acolgén), Natalia Gutiérrez, le dijo a la ministra Irene Vélez que no sería coherente, luego de las acciones tomadas, gravar con mayores impuestos a las hidroeléctricas (la reforma tributaria plantea una sobretasa del 3 por ciento), como se aprobó en el primer debate del proyecto de ley.

“Se están enviando mensajes desestimulantes con acciones que ponen en riesgo las inversiones significativas en energías renovables, por algo más de 11 billones de pesos”, aseguró la dirigente gremial, quien confió en que esta propuesta se corrija para que no sean los s los que terminen pagando, vía tarifa, este costo que representa el impuesto planteado y se afecten las reducciones acordadas con el pacto.

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