La misteriosa desaparición de interceptaciones del 'cartel de la toga'

La desaparición de los informes de las interceptaciones que se habían ordenado en el expediente 37968 contra el exsenador Álvaro Ashton, quien era investigado por nexos con paramilitares, y quien logró entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz, fue una de las principales razones por las cuales la Corte Suprema de Justicia decidió mantener la medida de aseguramiento contra el exmagistrado de ese alto tribunal Gustavo Malo. 

En esos informes se había monitoreado líneas celulares que utilizaba Ashton y en las que aparecían sus conversaciones con el exmagistrado Francisco Ricaurte en las que, al parecer, hablan de negociaciones para evitar que a Ashton se le abriera una investigación en la Corte Suprema. 

El informe pudo desaparecer, según ha dicho la Corte Suprema de Justicia, no solo por el vínculo "fraternal" que tenía Malo con Ricaurte, sino también porque al hacerse públicas esas conversaciones se habría puesto en riesgo a la organización ilegal del 'cartel de la toga' que, a cambio de sumas de dinero, favorecía a procesados en el alto tribunal y por la que hoy Malo es juzgado. 

Es por esto que, para la Corte, probablemente quien tenía los medios y la motivación para sustraer esos informes de interceptación de ese expediente era Malo. 

Según le contó el exmagistrado auxiliar José Reyes Rodríguez a la Corte, el informe de llamadas interceptadas a Ashton se añadió en el expediente en su contra y se envió al despacho de Malo. Por eso, cuando estalló el escándalo del 'Cartel de la Toga', él le indicó a de Policía Judicial que en esa investigación había unas interceptaciones y que podían ir a buscarlas.

Sin embargo, luego recibió una llamada de estos investigadores en la que le dijeron que no encontraron el informe de interceptaciones en dicho expediente. El exmagistrado les expresó que, si alguien las había "sacado" de allí o "robado", estas debían estar en poder de la Sala Esperanza. Efectivamente, allí recuperaron las escuchas. 

Sobre esas interceptaciones también se refirió  la investigadora Anyela Marcela Moreno en el caso de Ashton que está en la Jurisdicción Especial para la Paz. Ella dijo que las interceptaciones existieron y que en ellas se obtuvieron "escuchas y/o mensajes de texto donde se hacía mención a algunos magistrados y al Fiscal General de la Nación de la época", sin que el documento de la Corte  dé más detalles sobre qué era lo que se decía en ellas. 

También se tiene la declaración de Óscar Álvarez Muñoz quien dijo que en el expediente de Ashton efectivamente faltaba uno de los informes que él elaboró para justificar que se siguieran escuchando por lo menos dos de los números que tenían en la mira. El informe tenía como fecha el 2 de diciembre del 2013. 

La desaparición del informe fue la razón por la cual la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso con el que el exmagistrado Gustavo Malo pedía que se revocara la medida de aseguramiento que se impuso en su contra desde el 13 de mayo del 2019 por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y uso indebido de asuntos sometidos a reserva. Para la Corte, la pérdida de esas interceptaciones implican que aún se mantienen los motivos por los que Malo fue detenido, hoy preso en el Cantón Norte. 

Según el alto tribunal, Malo tuvo a información judicial hasta al menos el 20 de febrero del 2017, situación que los lleva a pensar que "nada impediría que eventualmente haga uso de ella con los mismos protervos propósitos, posicionando entonces, a partir de ello, un riesgo actual y concreto, sustentado en su formación de abogado y en los vínculos que aún conserva en la Rama Judicial", en donde por años pudo nominar a personas en diferentes puestos, dado su cargo de magistrado. 

Los delitos por los que Malo es investigado habrían sido cometidos en el marco del denominado 'Cartel de la Toga', un grupo de abogados y exmagistrados que se habrían aliado para, a cambio de dinero, beneficiar a procesados en el alto tribunal.

A Malo concretamente se lo investiga por supuestamente concertarse con los exmagistrados José Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y el extraditado abogado Luis Gustavo Moreno para favorecer a los exsenadores Álvaro Ashton y Musa Besaile en las investigaciones que se les seguía en la Corte por nexos con paramilitares. Besaile, dice el expediente, pagó 2.000 millones para impedir una orden de captura en su contra, mientras que Ashton pagó 1.200 millones a cambio del archivo de la indagación preliminar. 

Sobre la interceptaciones, la defensa de Malo le había dicho a la Corte que el informe de policía judicial de esas comunicaciones no sólo desapareció, sino que nunca existió por lo que pedía descartar ese hecho para seguir imponiendo una medida de aseguramiento contra Malo. También dijo que como los supuestos del 'Cartel de la Toga' ya no están vinculados a ningún cargo y están siendo investigados por la justicia, dejar a Malo libre ya no podía implciar un riesgo para la sociedad ni el proceso. 

Pero en esto, la Corte tampoco le da la razón, pues considera que el hecho de que las funciones de Malo cesaran desde septiembre del 2017,  no impide que él pueda incurrir en actuaciones futuras para afectar a la comunidad debido al conocimiento de información reservada que tuvo siendo magistrado. A esto, dice la Corte, se suman los posibles vínculos de poder que él pudo generar y que podría seguir teniendo. 

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