Más de 340 familias desplazadas en Arauca, tras un mes de enfrentamientos

Desde el pasado 2 de enero, cuando comenzaron a presentarse enfrentamientos entre grupos armados en Arauca, la Procuraduría ha registrado el desplazamiento de 763 personas.

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Esa cifra hace parte del balance que entregó el órgano de control, que mediante una comisión extraordinaria en la región, completa un mes haciendo seguimiento a la difícil situación de derechos humanos.

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Al desplazamiento forzado, que han denunciado el 90 por ciento de las personas atendidas, se suman víctima de atentados terroristas (6 %), amenazas de muerte (3 %) y homicidios (1 %).

Desde que comenzó su intervención, el pasado 3 de enero, el equipo de la Procuraduría ha estado en los municipios más afectados en Arauca (Arauquita, Fortul , Tame y Saravena) en donde ha tomado las declaraciones de las familias que llegan desplazadas de las zonas rurales donde se presentan los enfrentamientos para que puedan acceder a la ruta de atención humanitaria.

Durante el mes de intervención, el órgano de control ha documentado que el municipio más afectado por estos desplazamientos masivos ha sido Tame, a donde han arribado, hasta el momento, 254 familias. Además, hasta allí han llegado cuatro comunidades enteras que han sido desplazadas y que la Procuraduría documentó como registro colectivo. Una quinta comunidad entera desplazada llegó al municipio de Arauquita.

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La Comisión también reportó que la comunidad indígena de El Vigía, etnia Makaguan, está confinada en su territorio y hay otras dos en riesgo de confinamiento: el resguardo indígena de la vereda El Tigre, integrado por 179 familias y los excombatientes de las Farc pertenecientes al ETCR  del sector Filipinas, que reportan constantes amenazas contra sus vidas.

De hecho,  se identificó que entre las personas desplazadas hay 43 excombatientes en proceso de reincorporación que estarían llegando ETCR Filipinas desde Tame, Saravena, Fortul y Arauquita para buscar apoyo y protección.

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Los enfrentamientos entre grupos ilegales también han afectado a migrantes, y la Procuraduría registra hasta el momento 73 casos de desplazamiento de venezolanos que tienen familia colombiana en Arauca, cuyos casos se remitieron para ser atendidos por la Agencia para los Refugiados ACNUR, para iniciar la solicitud de asilo.

Del mismo modo, las familias temen por el reclutamiento forzado de menores de edad, y se ha detectado riesgo inminente de reclutamiento en 14 casos, con corte al 28 de enero de 2022.

Además de la atención a víctimas, la Procuraduría ha participado en más de 60 reuniones interinstitucionales para verificar las medidas especiales para enfrentar la ola de violencia y los riesgos de amenazas a la población, reclutamiento de menores de edad, posibles atentados terroristas contra la infraestructura de servicios públicos y la intimidación constante contra líderes y lideresas sociales y periodistas.

Al respecto, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, aseguró: “en cumplimiento de lo dispuesto por la Procuradora General, hemos exhortado a las entidades del Estado para que continúen haciendo presencia efectiva en el departamento y seguimos vigilantes para garantizar los derechos de las víctimas a una atención humanitaria adecuada y a tiempo”.