Cauca y Catatumbo, los epicentros, otra vez, de la reciente crisis de orden público en Colombia

Los municipios que conforman el Cañón del Micay (Cauca), completan más de una semana sumergidos en una ola de violencia; al tiempo que el Catatumbo lleva dos meses sitiado por los enfrentamientos entre grupos armados. Estas dos regiones en la actualidad concentran, de nuevo, el epicentro de la crisis de orden público en Colombia.

(Lea: Estas son las identidades de los soldados que fueron asesinados en el ataque terrorista en Cauca)

El hecho de violencia más reciente se registró la noche del martes en la vereda La Esperanza, municipio Balboa, Cauca, en donde de la estructura residual ‘Carlos Patiño’ (disidencias de las Farc) activaron una carga explosiva que afectó uno de los vehículos que le brindaba seguridad a un convoy que transportaba un puente militar para ser instalado en el sector de La Hacienda.

En ese atentado fallecieron el sargento viceprimero Harold Alberto Paredes Mena; el sargento segundo Yeison Antonio Angulo Moray, los soldados profesionales Miguel Ángel Lamprea Herrera, Wilder Saraza Álvarez y Raúl García López.

Ante estos hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, detalló que el ataque ocurrió aproximadamente a unos 100 kilómetros del destino, en un lugar supremamente estrecho. “No hubo ningún combate, pero sí hubo una afectación enorme para la vida de nuestros hombres”, indicó.

“Les expreso mi más profunda solidaridad y sentimientos de condolencia por la irreversible pérdida. Espero que encuentren algo de consuelo en la gratitud de una patria por el servicio de nuestros héroes, de la misma que estaban haciendo lo que más amaba”, agregó el ministro, al tiempo que reiteró la recompensa de hasta 300 millones de pesos por quien brinde información que permita la captura de los responsables del acto terrorista, los cuales fueron identificados con los alias de 'Farley', ‘Kevin’, ‘Zamora’, ‘Tavares’ y ‘Giovanni’.

En El Plateado, municipio de Argelia, a lo largo de la semana pasada se registraron varios actos de constreñimiento a la población civil, que según el Ejército, se dieron para que apoyara la violencia y el secuestro extorsivo perpetrados por la ‘Carlos Patiño’, cuyo objetivo es el de "desestabilizar la seguridad de la comunidad”.

Recordemos que, tras esas presiones, la comunidad incendió un carro blindado y retuvo a 28 uniformados de la Policía, junto a un oficial del Ejército, “en una clara conducta de secuestro extorsivo mediante el constreñimiento de la población”.

De acuerdo con las autoridades, los grupos armados, en especial las disidencias de ‘Iván Mordisco’, buscan frenar la consolidación de la ‘Operación Perseo’ en esa región del país, con la que se busca desmantelar la presencia de los delincuentes, principalmente, en El Plateado, una zona que se convierte en la puerta de entrada al estratégico Cañón del Micay.

Pero en esa región no solo hacen presencia los hombres de ‘Mordisco’, también están los armados del frente ‘Diomer Cortés’, de la ‘Segunda Marquetalia’, y el frente ‘José María Becerra’. Todas estas estructuras se pelean la hoja de coca y el “producido” del impuesto a los narcos que llegan provenientes de Cali, Pasto, Ecuador, México y otros países. Solo en El Plateado, según las autoridades, hay 13.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas.

En el Catatumbo (Norte de Santander), desde el pasado 16 de enero, enfrenta la peor crisis humanitaria y de seguridad de los últimos años en Colombia y, aunque de momento pareciera detenerse, con frecuencia se reactivan los enfrentamientos entre del frente 33 de las disidencias de las Farc y el frente nororiental del Eln.

La crisis en esa región, que deja más de 53 mil desplazados y al menos 70 muertos, llevó al gobierno a decretar la conmoción interior para atender y focalizar la atención en este territorio.

Sin embargo, en las últimas horas, de la fuerza pública sostuvieron combates con el frente Juan Fernando Porras Martínez del Eln en la vereda Versalles, municipio Tibú, Norte de Santander.

En el desarrollo de la operación militar fue capturado un integrante de este grupo armado que se encontraba herido; así mismo, fueron incautadas tres armas largas, un arma corta y demás material de guerra.

De acuerdo con informaciones proporcionadas por inteligencia militar, se conoció sobre la muerte de dos sujetos de este grupo armado organizado y otros dos heridos, quienes eran los responsables de intimidar y generar zozobra a las comunidades de la región del Catatumbo.

De hecho, las autoridades civiles advirtieron que los recientes enfrentamientos podrían generar nuevos desplazamientos y confinamientos en esa región.

Gerson Arias, miembro del equipo de investigación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), indicó que con la mayoría de las mesas de negociación “en estado crítico” y un repunte de los grupos armados, en lo inmediato “hay que fortalecer las capacidades de inteligencia para anticipar otros escenarios peores y lanzar operaciones militares y policiales para contener la violencia”.

“Desafortunadamente, hoy no hay condiciones ni capacidades para avanzar en términos de control territorial, y esa ya será una tarea de un próximo gobierno. De manera complementaria, en estos escenarios hay que pensarse seriamente cómo se fortalecen los programas de desmovilización individual y de sometimiento a la justicia, ya que en el pasado estas iniciativas fueron fundamentales para avanzar en el control territorial, tener mejor información de los grupos y darles otra opción a muchos jóvenes que hoy integran estos grupos”, dijo el investigador.

Otra medida complementaria, según el experto, es volver realidad una estrategia de prevención de reclutamiento y posicionar el tema de desvinculación de menores dentro de las agendas con los grupos que aún tienen mesas de negociación. “Hay que involucrar a la Fiscalía General para que active procesos de investigación judicial que ayuden a contener la violencia o al menos desincentiven los planes de expansión y control de los grupos armados”.

Para Fernando Rojas, analista en temas políticos, los recientes anuncios en materia de seguridad “parecen ser paños de agua tibia”, pues no atacan las dinámicas que alimentan la violencia. “La estrategia de seguridad es confusa y los ilegales no tienen voluntad de dejar de delinquir. Mientras tanto, quienes viven allá están condenadas a ser cifras anónimas de una violencia que carcome a Colombia en diferentes regiones, pero con dinámicas similares”, dijo.

Otros expertos, como Jorge Mantilla, señalan que aunque el gobierno ha reforzado las capacidades policiales y ha priorizado políticas sociales, enfrenta el desafío del tiempo y la falta de resultados inmediatos.

“El gran problema que tiene el gobierno en este momento en esas zonas, más allá de las condiciones estructurales de las mismas, es el tiempo que juega en su contra y es difícil que podamos ver cambios en el corto plazo o en dos o tres meses de situaciones que, además de ser estructurales, se agravaron en el marco de la implementación de la paz total. Habría que ver qué resultados tiene esta nueva versión de programa de sustitución de cultivos en estas zonas”, señaló el analista.

Redacción Justicia